Buenos Aires-4 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- Se cumplieron tres meses desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en la operación del 3 de enero, un hecho sin precedentes que sacudió a Venezuela, alteró toda la región y abrió una transición extraña: cambió la cabeza del régimen, pero no desarmó del todo la estructura de poder que sostuvo al chavismo durante años. Maduro sigue detenido en Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico, mientras Delcy Rodríguez asumió el poder ejecutivo interino por decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, con respaldo posterior de Washington. Tres meses después, el balance es incómodo: hubo gestos de apertura, liberaciones y un fuerte giro diplomático con Estados Unidos, pero el país todavía no puede hablar ni de normalidad institucional ni, mucho menos, de democracia recuperada.
Lo primero que cambió fue el clima político. El aparato de terror simbólico perdió parte de su centralidad y el caso más visible fue El Helicoide, emblema de la represión chavista, que el gobierno interino anunció que será reconvertido en un centro de servicios sociales y deportivos. También se activó una política de liberación de presos políticos bajo una amnistía limitada. Reuters informó a fines de febrero que Foro Penal contabilizaba algo más de 540 excarcelaciones desde enero, mientras que la propia organización seguía advirtiendo que aún quedaban centenares de detenidos. Es decir, hubo una apertura real, pero parcial y todavía insuficiente para clausurar el capítulo represivo del régimen.
También hubo un vuelco diplomático y energético que hace apenas unos meses parecía imposible. Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas después de siete años, reconoció en marzo a Rodríguez como autoridad legítima de hecho, levantó sanciones personales sobre la dirigente chavista y volvió a habilitar un esquema de cooperación petrolera y financiera con Venezuela. Ese movimiento permitió además reabrir canales para que la nueva administración dispute el control de activos externos, incluyendo la trama de Citgo y las subsidiarias de PDVSA en territorio estadounidense. En términos geopolíticos, el viraje fue total: de enemigo absoluto de Washington, el chavismo sin Maduro pasó a convertirse en un interlocutor utilitario para la Casa Blanca.
En la estructura interna del poder también hubo movimientos fuertes. Delcy Rodríguez fue desplazando piezas del antiguo círculo de Maduro, entre ellas al histórico ministro de Defensa Vladimir Padrino López, reemplazado en marzo por el general Gustavo González López, un hombre del aparato de inteligencia y seguridad. La decisión mostró que la nueva conducción no pretende desmontar el sistema chavista, sino reacomodarlo y concentrarlo bajo otro equilibrio interno. Esa lectura se refuerza con el caso de Alex Saab: su situación judicial sigue envuelta en opacidad, pero Reuters informó que fue arrestado nuevamente en febrero y que continuaría detenido por el SEBIN, aunque su abogado lo negara. Todo indica que la nueva etapa venezolana no se está construyendo con una ruptura limpia, sino con depuración selectiva, renegociación con Estados Unidos y preservación de resortes clave del viejo régimen.
Sin embargo, lo que no cambió pesa casi tanto como lo que sí cambió. La economía sigue asfixiada, los servicios públicos continúan en crisis y el aparato represivo no fue desmantelado. La Misión Internacional Independiente de la ONU advirtió en marzo que la estructura represiva venezolana persiste después de la salida de Maduro, con vigilancia, control y miedo todavía presentes. La liberación de presos avanzó, pero siguieron existiendo detenciones arbitrarias, censura y un espacio público condicionado. El chavismo perdió a su jefe máximo visible, pero no perdió su instinto de conservación. Y en la calle, la mejora concreta para el venezolano común sigue siendo mucho más modesta que el vuelco diplomático exhibido por el gobierno interino.
En el plano institucional, además, la transición sigue empantanada. Aunque ya pasaron noventa días desde la captura de Maduro, la situación constitucional permanece deliberadamente ambigua. La jurisprudencia venezolana habilitó a Rodríguez a ejercer el poder ejecutivo bajo la figura de ausencia temporal, y AP recordó esta semana que, formalmente, Maduro continúa siendo el presidente legal según el fallo del TSJ, mientras la jefa interina conserva el poder con posibilidad de extensión. La propia Constitución prevé que una ausencia temporal puede durar noventa días y prorrogarse por otro período igual antes de que deba resolverse si hay vacancia absoluta. En otras palabras, el reloj institucional corre, pero el régimen —aun sin Maduro— sigue administrando los tiempos para evitar que el proceso desemboque de inmediato en elecciones libres.
Esa es la verdadera fotografía de estos noventa días: cayó Maduro, pero no cayó entero el chavismo; se reabrieron embajadas, pero no se restableció aún una democracia plena; se liberaron presos, pero no se extinguió la lógica represiva; volvió el petróleo a conectar a Caracas con Washington, pero la vida cotidiana de millones de venezolanos sigue marcada por salarios miserables, servicios rotos e incertidumbre. La transición existe, pero todavía no resolvió la pregunta decisiva: si Venezuela se encamina a una normalización institucional auténtica o apenas a una mutación pragmática del mismo poder que durante años la hundió en autoritarismo, corrupción y miseria.
