Avellaneda-7 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La postal que el gobierno de Javier Milei había logrado reducir de manera drástica volvió este martes al sur del conurbano: organizaciones piqueteras, agrupaciones de izquierda y movimientos sociales retomaron el método del corte total, la presión sobre miles de trabajadores y la extorsión callejera para protestar contra la baja del programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a unos 900 mil beneficiarios con una asignación mensual de 78.000 pesos. La escena se concentró en la avenida Pavón, a la altura del Puente Pueyrredón, donde el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires quedó interrumpido en ambos sentidos en medio de un operativo de fuerzas federales, quema de neumáticos, corridas, empujones y el despliegue de gas pimienta y un camión hidrante para evitar que el bloqueo se consolidara por completo.
La protesta reunió al Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Libres del Sur, la Organización Comunista Revolucionaria, la UTEP y el Movimiento Evita, entre otras estructuras que decidieron volver a la calle apenas el Gobierno avanzó con el cierre definitivo del esquema heredado del viejo Potenciar Trabajo. También se hicieron presentes referentes de la izquierda dura como Gabriel Solano, Néstor Pitrola y Laura Carboni, en una demostración de que el entramado piquetero y universitario intenta reconstruir capacidad de presión territorial sobre una administración que había convertido el derrumbe de los piquetes en uno de sus principales activos de orden público.
La dinámica del reclamo fue conocida, casi ritual. Corte de accesos, quema de cubiertas, amenaza de caos vial y utilización de la vía pública como palanca de presión política. No hubo allí una búsqueda de visibilización inocente, sino la recuperación de un método que durante años convirtió a los argentinos que trabajan, circulan o producen en rehenes de organizaciones intermediarias. La novedad es que esta vez el Gobierno llegó con una herramienta adicional: el protocolo antipiquetes, que acaba de recibir un nuevo respaldo judicial y que volvió a ser activado para impedir que los accesos quedaran liberados al control de las agrupaciones.
El trasfondo del conflicto es claro. Capital Humano resolvió dar de baja el programa Volver al Trabajo y reemplazarlo por vouchers de capacitación laboral, con el argumento de cerrar un circuito de asistencia social que durante años funcionó como prolongación del poder de los movimientos piqueteros. El esquema saliente pagaba 78.000 pesos mensuales a un universo de aproximadamente 900.000 beneficiarios y había sido presentado por el oficialismo como una transición desde el antiguo Potenciar Trabajo hacia mecanismos de inserción laboral menos dependientes de las organizaciones. Justamente ahí se explica la virulencia de la protesta: lo que está en juego no es sólo un ingreso social, sino también la pérdida de una palanca de control territorial y político que la izquierda y los movimientos sociales supieron administrar durante años.
No es casual, entonces, que el reclamo haya reaparecido con su formato clásico. Cuando los dirigentes de izquierda pierden capacidad de intermediación, vuelven a la calle. Cuando se les recorta el dispositivo que les daba centralidad, reaparecen los piquetes, las ollas populares y la lógica del apriete sobre el resto de la sociedad. El problema para ellos es que el contexto ya no es el mismo que el de otros años. El Gobierno viene apostando a sostener una política de orden en la vía pública, y aunque el malestar económico le abre oportunidades a la protesta, también existe una parte amplia de la sociedad que ya no tolera que se vuelva a naturalizar el corte de puentes, avenidas y accesos como si se tratara de una forma legítima de deliberación democrática.
La tensión en Avellaneda volvió a poner en evidencia esa disputa más profunda. De un lado, un oficialismo que intenta cerrar la etapa de los planes administrados por organizaciones y evitar que la calle vuelva a ser un territorio liberado para la presión piquetera. Del otro, estructuras de izquierda y movimientos sociales que buscan demostrar que todavía pueden condicionar la agenda con bloqueos, humo y caos. La escena no fue sólo una protesta por un programa social. Fue, otra vez, la reaparición de una vieja forma de extorsión política que la Argentina conoce demasiado bien y que una parte del sistema intenta resucitar en cuanto siente amenazado su poder de presión.
