Buenos Aires, 16 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria al empresario farmacéutico Hugo Sigman en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa uno de los expedientes más sensibles de la gestión sanitaria del gobierno de Alberto Fernández. El requerimiento alcanza también a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al infectólogo Pedro Cahn, a la exasesora presidencial Cecilia Nicolini y a otros exfuncionarios, empresarios y representantes de laboratorios. Por ahora no hay indagatorias ordenadas ni culpabilidades definidas: eso deberá resolverlo Lijo.
El corazón de la hipótesis fiscal es delicado y políticamente explosivo. Según el dictamen, el Estado argentino habría demorado de manera deliberada la negociación con Pfizer, que en 2020 ofrecía un esquema de entrega temprana por 13,2 millones de dosis, para priorizar acuerdos con otras vacunas que tenían anclaje local o vínculos con actores del mercado farmacéutico argentino. En ese marco, Stornelli habló de una posible “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”, formulación muy dura que, aun así, sigue siendo por ahora una acusación del fiscal y no una conclusión judicial firme.
Dentro de esa reconstrucción, Sigman aparece como una figura central. La fiscalía lo ubica como un “denominador común” en el entramado investigado y lo vincula con operaciones relacionadas con AstraZeneca y Sinopharm. Ese punto tiene un contexto conocido: en 2020, la planta de mAbxience, firma del grupo empresario de Sigman, fue elegida para producir en la Argentina el principio activo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca destinada a gran parte de América Latina, mientras que el laboratorio Elea Phoenix, también asociado a Sigman, quedó vinculado a ensayos clínicos de Sinopharm en el país, según la reconstrucción del expediente citada por distintos medios. Otra vez, el punto de discusión no es si esas empresas existían o participaban del negocio —eso es público— sino si hubo o no una injerencia indebida sobre decisiones estatales en plena emergencia sanitaria.
La causa también reabre un debate que durante la pandemia fue feroz y que después quedó medio enterrado bajo el paso del tiempo. En julio de 2021, el gobierno finalmente modificó el marco normativo y terminó firmando un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis, lo que para la fiscalía funciona como parte del contexto general: si el contrato se cerró después, la pregunta pasa a ser por qué no se concretó antes, cuando el laboratorio estadounidense ya había hecho ofertas relevantes para el país. Esa es, justamente, una de las zonas que Stornelli quiere explorar con las indagatorias: si hubo demoras explicables por razones regulatorias y de negociación, o si detrás de esas dilaciones se movieron intereses incompatibles con la función pública.
El expediente es incómodo por una razón adicional: no discute sólo decisiones administrativas, sino prioridades en el peor momento de la crisis sanitaria. La tesis fiscal sostiene que pudieron haberse favorecido ofertas menos convenientes para la Argentina en un contexto en el que cada semana de demora valía vidas, presión hospitalaria y costo social. Por eso la ofensiva judicial tiene un peso político enorme. Si Lijo hace lugar al pedido de Stornelli, el caso dejará de ser una discusión periodística sobre lo que pudo haber pasado con las vacunas y pasará a convertirse en una secuencia de indagatorias a exfuncionarios, empresarios y asesores que ocuparon lugares muy sensibles en aquellos meses.
Para Sigman, el pedido de indagatoria representa un golpe serio sobre su figura pública y empresarial, aun cuando todavía no exista una citación efectiva ni una decisión judicial de fondo. Para el kirchnerismo, en cambio, reabre un flanco peligrosísimo sobre un período que durante años intentó presentar como una epopeya sanitaria. Y para la opinión pública argentina vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda, pero inevitable: si en medio del miedo, el encierro y la desesperación de la pandemia hubo quienes hicieron negocios, demoraron decisiones o jugaron su propia partida mientras el país esperaba vacunas. Eso es lo que ahora la Justicia dice querer empezar a esclarecer.
