Por Dario Rosatti
Córdoba-22 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba quedó envuelta en un nuevo episodio de máxima tensión institucional después de que la jueza Liliana Navarro planteara la nulidad absoluta e insanable del acuerdo que designó al abogado Ezequiel López Messio al frente de una Oficina Judicial que, según remarcó, ni siquiera fue creada todavía por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La objeción de la magistrada no fue un matiz técnico ni una diferencia menor de criterio: sostuvo que el acto carece de objeto, de finalidad legítima y que fue dictado con abierta violación de las formas esenciales del procedimiento administrativo. En otras palabras, denunció que se intentó nombrar a un funcionario para ocupar un cargo que aún no existe.
El planteo apunta de lleno contra el Acuerdo 75/2026, firmado el 1 de abril por Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres y Eduardo Avalos, mientras Navarro se encontraba de licencia médica. Allí se resolvió designar a López Messio como director de la futura oficina judicial con rango equivalente a secretario letrado de Corte Suprema, pese a que, según la propia presentación de Navarro, la CSJN todavía no dictó la acordada indispensable para habilitar esa estructura ni para crear formalmente el cargo en la jurisdicción cordobesa. La ironía institucional es tan grosera que casi se explica sola: primero se eligió al ocupante y después, quizá, vendría el pequeño detalle de crearle el escritorio.
La magistrada fue todavía más lejos. Recordó que el día anterior había pedido por nota que se postergara el tratamiento del punto referido a la Oficina Judicial hasta su reincorporación, prevista apenas diez días más tarde, justamente por la importancia del asunto en el marco de la implementación del sistema acusatorio. Ese pedido fue rechazado mediante el Acuerdo 74/2026. Y apenas después, con una velocidad que ahora aparece bajo una luz mucho más incómoda, se avanzó con la designación cuestionada. Navarro sostuvo que no hubo evaluación de otros postulantes, ni análisis comparativo de antecedentes, ni apertura a otros funcionarios y empleados del escalafón judicial con interés en el cargo. Según su escrito, hubo una sola urgencia, un solo nombre y una sola decisión.
La presentación de Navarro también golpea por otro costado: afirma que la supuesta premura invocada para justificar el nombramiento era apenas una finalidad aparente. En su reconstrucción, no había implementación inminente del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal de Córdoba, no existía habilitación de la oficina y tampoco estaban creados los cargos por parte de la Corte Suprema. De allí su conclusión demoledora: el acto administrativo es nulo porque carece de objeto y porque los jueces que lo firmaron se habrían excedido de manera manifiesta en sus atribuciones de superintendencia. La gravedad institucional del señalamiento no es menor. No discute sólo una designación; discute si se forzó una estructura inexistente para acomodar un nombre ya decidido de antemano.
Pero el episodio se enrarece todavía más cuando se lo conecta con el contexto descripto en un articulo ya publicado por Total News Agency y que se muestra mas arriba. Allí se recuerda que López Messio había sido ofrecido como testigo por Celina Laje Anaya, la funcionaria que denunció una trama de hostigamiento, violencia institucional y presuntas maniobras irregulares dentro del fuero federal cordobés. Sin embargo, cuando declaró, lo hizo en términos favorables al matrimonio integrante de la cámara, Sánchez Torres y Montesi. Y luego apareció premiado con un nombramiento de alto rango, justo en una oficina que todavía no existe formalmente. La secuencia, aun sin necesidad de adjetivos excesivos, resulta por lo menos escandalosamente sugestiva. Primero el testimonio funcional a los camaristas cuestionados; después, el ascenso. No extraña que en los tribunales cordobeses el episodio haya sido leído bastante más como un mensaje que como una simple resolución administrativa.
El cuadro general agrava la sospecha. El propio texto aportado recuerda que la causa iniciada por la denuncia de Laje Anaya ya excede por mucho una interna menor y roza a la cúpula de la Cámara Federal con acusaciones por abuso de autoridad, violación de deberes, falsedad ideológica y coacción. En ese marco, el hecho de que un tribunal ya bajo observación avance de manera exprés con un nombramiento tan delicado, sin cargo creado, sin concurso abierto y con un beneficiario vinculado a un testimonio favorable a los jueces cuestionados, terminó de instalar la peor de las preguntas: si no se está frente a una decisión administrativa torpe, sino ante una maniobra de poder demasiado burda incluso para los estándares del deterioro institucional actual.
La jugada de Navarro tiene, por eso, un peso que va más allá de la forma. Al pedir la nulidad absoluta del acuerdo y reclamar, en caso de rechazo, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la magistrada no sólo impugnó una designación. También hizo algo todavía más corrosivo para la credibilidad del sistema: dejó asentado por escrito que, a su entender, en la Cámara Federal de Córdoba se intentó vestir de legalidad un nombramiento oscuro, precipitado y arbitrario. Y lo hizo con una contundencia que, dicho sin vueltas, le arruinó la ceremonia a quienes creían que se podía designar con solemnidad a alguien para dirigir una oficina todavía inexistente.
