La Plata, 3 de mayo de 2026 -Total News Agency-TNA- El nuevo aumento de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof, no solo impacta en el bolsillo de los conductores, sino que vuelve a encender una fuerte polémica sobre el verdadero objetivo del sistema: si busca mejorar la seguridad vial o si se transformó en una herramienta de recaudación cada vez más agresiva.
Desde el 1° de mayo rige una suba del 16,8% en la Unidad Fija (UF), que pasó de $1.896 a $2.215, marcando la tercera actualización en lo que va del año. Con este nuevo valor, las multas alcanzan cifras que muchos califican de desproporcionadas frente a la realidad económica.
Los nuevos rangos son contundentes:
- Superar la velocidad máxima: de $332.250 a $2.215.000
- Conducir con exceso de alcohol o bajo efectos de estupefacientes: de $443.000 a $2.215.000
- Circular en contramano o por banquina: de $664.500 a $2.215.000
- Circular sin VTV: de $664.500 a $2.215.000
- Cruzar un semáforo en rojo: de $664.500 a $2.215.000
- Circular sin licencia: de $664.500 a $2.215.000
- Conducir sin seguro: de $664.500 a $2.215.000
- Conducir alcoholizado: de $664.500 a $2.215.000
- Negarse al test de alcoholemia: de $1.107.500 a $2.658.000
- No usar cinturón de seguridad: de $110.750 a $221.500
- Mal estacionamiento: de $110.750 a $221.500
- Circular sin documentación: de $110.750 a $221.500
Más allá de los números, el foco de la crítica está en cómo se aplican las sanciones. Conductores denuncian que en muchos casos las infracciones se generan por diferencias mínimas y prácticamente inevitables. Un ejemplo frecuente: circular a 80 km/h, velocidad permitida, y superar momentáneamente ese límite a 85 km/h en un tramo puntual —muchas veces en curvas o zonas con señalización deficiente— puede derivar automáticamente en una multa de cientos de miles o incluso millones de pesos.
Ese tipo de situaciones, sumadas a la ubicación de radares en puntos estratégicos donde se producen reducciones abruptas de velocidad, alimentan la percepción de que el sistema está diseñado para sancionar más que para prevenir. A esto se agregan cuestionamientos por falta de carteles visibles que adviertan la presencia de controles, pese a que la normativa exige señalización previa y clara.
El camino para defenderse tampoco resulta sencillo. Realizar un descargo implica enfrentar trámites engorrosos, con turnos, presentaciones y traslados entre distintas jurisdicciones. Para muchos automovilistas, cuestionar una multa puede demandar horas interminables y un desgaste burocrático que termina inclinando la balanza hacia el pago, aun cuando existan dudas sobre la validez de la infracción.
En ese contexto, crece la figura de gestores y abogados especializados en multas, que cobran por encargarse del trámite. Sin embargo, ni siquiera esa vía garantiza rapidez: las demoras administrativas pueden generar complicaciones mayores, como la imposibilidad de vender un vehículo, renovar la licencia o realizar trámites esenciales.
El sistema contempla el pago voluntario con una reducción del 50% sobre el mínimo de la multa, pero ese mecanismo también es visto como una presión indirecta para cerrar el caso rápidamente, evitando un proceso que puede volverse largo y complejo.
Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta. Especialistas en seguridad vial sostienen que el objetivo principal debería ser la prevención: mejor señalización, controles visibles, educación vial y coherencia en los límites de velocidad. Sin embargo, en la práctica, muchos conductores perciben que la multa llega antes que la advertencia.
En una provincia donde millones de personas dependen del vehículo para trabajar y moverse, el aumento de sanciones sin un correlato claro en políticas de prevención vuelve a poner bajo la lupa al sistema. Y deja una sensación cada vez más extendida: cuando la multa es inmediata, millonaria y difícil de discutir, pero la prevención es escasa, la seguridad vial pasa a un segundo plano frente a la necesidad de recaudar.
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