Por Redaccion
Buenos Aires, 3 de mayo de 2026 -Total News Agency-TNA- Lejos de quedar atrás, el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner en jaque al Gobierno de Javier Milei, con detalles de un viaje familiar de alto nivel que profundiza las dudas sobre su situación patrimonial y complica el intento oficial de cerrar la crisis política.
Según información a la que accedió la prensa nacional, el funcionario viajó el 20 de junio de 2024 a San Carlos de Bariloche junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que tuvo un costo de $1.737.432. Durante cinco noches se alojó en el exclusivo Llao Llao Hotel & Resort, uno de los establecimientos más emblemáticos y costosos del país.
El dato más sensible no es solo el nivel de gasto, sino su composición y el momento en que fue abonado. La factura del hotel ascendió a $4.931.993,97, mientras que los consumos adicionales —incluyendo excursiones, gastronomía y servicios— sumaron $2.435.344. En total, la escapada alcanzó los $9.104.769,97, una cifra que genera interrogantes frente a los ingresos declarados por el funcionario en ese momento.
Fuentes cercanas al entorno de Adorni sostienen que los gastos fueron cubiertos con fondos propios. Sin embargo, versiones recogidas por distintos actores del ámbito político y empresarial señalan que los pagos se habrían realizado con una demora de varios meses, mediante transferencias bancarias posteriores, lo que abrió dudas sobre la operatoria y el origen de los fondos.
El hecho de que el alojamiento y otros servicios no hayan sido abonados en el momento —una práctica inusual incluso en hoteles de lujo— alimenta las sospechas. En el mercado turístico de alta gama, este tipo de diferimientos de pago no suelen otorgarse sin garantías especiales o vínculos previos, lo que agrega un elemento más a la controversia.
El episodio se suma a otros viajes previamente cuestionados, como los realizados a Aruba y Punta del Este, que ya forman parte de investigaciones judiciales en curso. En ese contexto, la acumulación de gastos elevados y movimientos patrimoniales bajo análisis mantiene abierto el frente judicial y político para el jefe de Gabinete.
Dentro de la Casa Rosada, el caso genera tensiones que el oficialismo intenta contener. Tras su reciente exposición en la Cámara de Diputados, donde respondió miles de preguntas de la oposición, Adorni buscó instalar la idea de que el tema está cerrado. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el desgaste persiste y que la agenda del Gobierno continúa condicionada por el escándalo.
El respaldo de Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sigue firme, pero no logra disipar las dudas en sectores del propio oficialismo. Algunos consideran que el funcionario cometió errores por falta de experiencia, mientras que otros advierten que su permanencia prolonga un conflicto que impacta en la imagen del Gobierno.
En paralelo, el clima interno muestra signos de tensión. La toma de decisiones cada vez más concentrada en el círculo cercano al Presidente, el desplazamiento de figuras clave y las disputas entre distintos sectores del oficialismo configuran un escenario complejo, donde la política, la economía y la gestión aparecen atravesadas por la controversia.
El caso Adorni también empieza a tener efectos colaterales. En el ámbito empresarial, crecen las dudas sobre la estabilidad política y la capacidad del Gobierno para sostener su agenda de reformas. En el plano económico, el ministro Luis Caputo enfrenta un contexto desafiante, con presión inflacionaria y caída de la recaudación, mientras intenta sostener expectativas de recuperación.
A esto se suman versiones sobre posibles pagos informales dentro de algunos sectores del Estado, un tema que, de confirmarse, podría escalar aún más el nivel de conflicto institucional.
Por ahora, el oficialismo intenta avanzar con su agenda legislativa y recomponer la iniciativa política. Pero el impacto del caso sigue vigente. Y en un Gobierno que construyó su identidad sobre la transparencia y la crítica a la “casta”, cada nueva revelación no solo complica la defensa pública, sino que también erosiona uno de sus principales activos: la credibilidad.
