Buenos Aires, 15 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había enviado al juzgado federal de Campana la investigación por la fastuosa mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, y ordenó que sea la Cámara en lo Penal Económico la que defina qué magistrado debe continuar al frente del expediente.
La decisión representa un revés sensible para el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, dos de los hombres más poderosos de la conducción de la AFA, en momentos en que la entidad atraviesa un frente judicial cada vez más incómodo. El fallo no resuelve todavía el fondo de la causa, pero sí desarma la maniobra procesal que había permitido que el expediente quedara en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, considerado por sectores judiciales como un destino más favorable para los intereses de la conducción afista.
Según la resolución, el tribunal que debe resolver la competencia no era la Cámara Federal de San Martín, sino la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio. La orden fue clara: el expediente debe definirse “con la celeridad que el caso impone”, una frase que en tribunales suele leerse como un mensaje contra eventuales dilaciones.
La causa investiga la compra de una propiedad de aproximadamente 105.000 metros cuadrados en Pilar, con helipuerto, construcciones de alto valor, piscina, canchas deportivas y una estructura patrimonial que despertó fuertes sospechas. Formalmente, el inmueble figura a nombre de Real Central, una sociedad vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que, según la investigación, no tendría capacidad económica declarada para justificar semejante adquisición.
La hipótesis judicial apunta a determinar si la verdadera titularidad de la mansión corresponde a Pablo Toviggino o a personas de su entorno, mediante una presunta estructura de testaferros. En la vivienda se encontraron elementos que reforzaron esa línea investigativa: un bolso de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central con el nombre de Toviggino y decenas de vehículos de lujo vinculados al grupo investigado.
Uno de los datos más llamativos del expediente es la presencia de 54 autos de alta gama asociados a la propiedad, con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero de la AFA. Además, Pantano habría utilizado una tarjeta corporativa de la entidad madre del fútbol argentino, incluso para gastos vinculados a los Telepase de esos vehículos. En términos políticos y judiciales, el caso ya dejó de ser una simple discusión sobre una propiedad: se convirtió en una radiografía del poder, los negocios y las sombras que rodean a una parte de la dirigencia del fútbol argentino.
La decisión de Casación fue tomada por mayoría. Los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo votaron por anular la resolución de la Cámara Federal de San Martín, al considerar que ese tribunal no tenía jurisdicción para intervenir en el conflicto de competencia. En cambio, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y entendió que la causa debía continuar en Campana, al considerar que la anulación podía generar una demora contraria a la economía procesal.
Carbajo sostuvo que los conflictos de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltos por la cámara de apelaciones correspondiente al juez que intervino primero. En este caso, el magistrado que había prevenido fue Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, por lo que la discusión debía regresar a esa órbita. Ledesma coincidió con esa mirada y remarcó que la intervención de otro tribunal implicó apartarse de la regla legal que ordena este tipo de definiciones.
La causa había sido originalmente tramitada por el juez Aguinsky, pero las defensas de Pantano y Conte solicitaron que pasara al juzgado federal de Campana. Esa pretensión fue aceptada por el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, lo que abrió una fuerte disputa judicial. Los fiscales que intervinieron en el caso insistieron en que el expediente debía regresar al fuero Penal Económico, donde también se analiza otro frente complejo para la conducción de la AFA.
Ese otro expediente es el que investiga a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por la presunta retención indebida de unos 19.300 millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes. En esa causa, la Cámara en lo Penal Económico ya confirmó medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país para los principales dirigentes investigados, aunque con la posibilidad de solicitar autorización judicial en casos puntuales.
El contexto es políticamente explosivo. La conducción de la AFA acumula cuestionamientos por el manejo económico de la entidad, por el crecimiento patrimonial de figuras cercanas al poder del fútbol y por las sospechas sobre sociedades, inmuebles y vehículos que no encontrarían una explicación patrimonial razonable. En un país donde los clubes, los hinchas y el Estado suelen pagar los costos de los desmanejos dirigenciales, el expediente golpea sobre una zona especialmente sensible: la opacidad de una estructura que administra millones, ejerce influencia política y se mueve muchas veces como si estuviera por encima de los controles.
Cuando el expediente estuvo en manos de Aguinsky, el juez planteó como hipótesis que la mansión pudo haber sido adquirida con fondos de la AFA mediante una presunta administración fraudulenta. Luego, ya con la causa en Campana, González Charvay ordenó un peritaje sobre los fondos de la entidad. Sin embargo, la discusión central ahora vuelve a ser quién debe investigar y desde qué jurisdicción.
Si la Cámara en lo Penal Económico resuelve que el caso debe regresar a ese fuero, ya no quedaría en manos de Aguinsky, quien intervenía como subrogante del juzgado 10. Actualmente, ese juzgado está a cargo de la jueza Verónica Straccia, que podría quedar al frente de una investigación de alto impacto institucional.
Para Tapia y Toviggino, el fallo de Casación llega en un momento delicado. El poder construido desde la calle Viamonte empieza a convivir con expedientes que avanzan, fiscales que piden profundizar la investigación y cámaras que ya no parecen dispuestas a cerrar la puerta sin revisar el fondo de las maniobras denunciadas.
La conducción de la AFA intentó durante años exhibir los logros deportivos de la Selección Argentina como escudo político. Pero los títulos no borran las preguntas judiciales. La mansión de Pilar, los autos de lujo, las sociedades interpuestas, los aportes retenidos y las sospechas de utilización de fondos de la entidad abrieron una grieta difícil de disimular incluso para una dirigencia acostumbrada a manejarse con poder territorial, favores cruzados y disciplinamiento interno.
La resolución de Casación no condena a nadie, pero sí marca un límite: la causa no podrá cerrarse ni acomodarse sin que antes la Cámara en lo Penal Económico defina quién debe investigarla. Y esa definición puede ser clave para saber si el expediente avanza hacia una pesquisa profunda o si vuelve a entrar en el laberinto procesal que tantas veces permitió que los poderosos ganaran tiempo.
