Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 16 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un episodio de agresión verbal contra el periodismo, esta vez con un ataque directo, personal y desbordado contra la periodista Débora Plager, a quien acusó de ser “cómplice de asesinato” y de un supuesto “genocidio” por su postura histórica a favor de la legalización del aborto.
El hecho ocurrió durante una entrevista en el programa Las Tres Anclas, del canal libertario Carajo, conducido por Daniel Parisini, conocido en redes sociales como Gordo Dan. Allí, el Presidente dedicó una larga catarata de exabruptos a periodistas, opositores y dirigentes políticos, en una escena que volvió a mostrar su tendencia a convertir la palabra presidencial en un instrumento de agresión pública.
Milei suele tener arrebatos, insultar y buscar confrontaciones directas. Pero esta vez el tono pareció todavía más exacerbado. Con la Justicia avanzando sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las severas dificultades para justificar su engordado patrimonio, el Presidente pareció redoblar su natural predisposición por la agresión y el insulto para atraer hacia sí mismo la discusión pública y quitar del centro de la escena a uno de los funcionarios más comprometidos de su entorno político.
La estrategia no es nueva: cuando el oficialismo queda bajo presión, Milei sube el volumen, señala enemigos, insulta periodistas y empuja la agenda hacia una pelea emocional. Pero el ataque contra Plager rompió todos los límites. No se trató de una crítica dura, ni de una réplica política, ni de una diferencia ideológica sobre la ley de aborto. Fue una acusación moral y penal gravísima lanzada desde la primera magistratura contra una periodista por haber expresado una opinión.
El Presidente basó su embestida en una interpretación tergiversada de los dichos de Plager sobre el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester. La periodista había entrevistado al fiscal Santiago Bridoux, a cargo de una investigación vinculada a una menor de 12 años abusada en Santiago del Estero, que había concurrido a realizarse una intervención a la Clínica Santa María. Durante ese diálogo, Plager sostuvo que una interrupción de embarazo a los siete u ocho meses no podía ser considerada un aborto legal, sino un asesinato.
La frase fue clara. Plager distinguió entre la defensa que hizo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y un caso extremo de gestación avanzada. Incluso recordó que había ido al Congreso a respaldar la legalización, pero remarcó que a los ocho meses no se está frente a una interrupción voluntaria en los términos ordinarios de la norma, sino ante una situación completamente distinta.
Sin embargo, desde el streaming oficialista Carajo se presentó el recorte como si la periodista no hubiera leído o entendido la ley que había defendido. Milei tomó esa interpretación y la llevó al extremo. “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea?”, lanzó el Presidente, en una frase impropia de un jefe de Estado.
Luego fue más lejos. “Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”, afirmó. En otro tramo, calificó a Plager con un insulto escatológico y la vinculó con un supuesto “genocidio”, al relacionar las interrupciones de embarazo con la caída de la natalidad.
El planteo presidencial, además de violento, fue inexacto. La Ley 27.610 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Después de ese plazo, sólo contempla excepciones en casos de violación o de riesgo para la vida o la salud de la madre. Por lo tanto, la afirmación de que la ley habilita abortos en cualquier etapa del embarazo no se corresponde con el texto normativo.
También resulta forzada la relación directa entre la legalización del aborto y la caída de la natalidad. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad en la Argentina viene descendiendo desde 2014, mientras que la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue sancionada recién en 2020. Es decir, la tendencia demográfica antecede largamente a la norma.
El episodio generó una ola de repudios. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó en términos categóricos las expresiones de Milei y advirtió que constituyen un caso de criminalización de una opinión. Para la entidad, las acusaciones emanadas desde la Presidencia exceden el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se ubican en el terreno del hostigamiento.
FOPEA sostuvo además que la vejación, el insulto y la imputación de complicidad en crímenes no configuran debate público ni crítica periodística, sino formas de disciplinamiento y amedrentamiento contra quienes ejercen el periodismo u opinan distinto sobre temas de interés público. La advertencia es seria: cuando el poder acusa de “asesina” a una periodista, no está debatiendo, está intimidando.
También hubo expresiones de solidaridad desde distintos sectores políticos. El expresidente Alberto Fernández reclamó un análisis psiquiátrico del mandatario. La legisladora porteña Graciela Ocaña calificó los dichos como un ataque directo y personal inaceptable. La exdiputada Paula Oliveto pidió que la familia del Presidente lo ayude porque, según sostuvo, “evidentemente no está bien”. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, afirmó que la Argentina merece un Presidente que se dedique a gobernar y no a embarrar la conversación pública.
El diputado radical Facundo Manes también cuestionó la agresión. Señaló que la crítica al periodismo forma parte de la democracia, pero el agravio personal desde el poder no. Además, advirtió que descalificar periodistas genera inseguridad psicológica, empobrece la conversación pública y debilita a la prensa como contrapeso democrático.
El ataque a Plager no fue un hecho aislado. En la misma entrevista y en intervenciones cercanas, Milei también apuntó contra otros periodistas y dirigentes. Mencionó a Cecilia Boufflet por una información vinculada al diputado libertario Manuel Quintar y un vehículo Tesla. También retomó el apodo ofensivo que la diputada Lilia Lemoine le puso a Marcela Pagano, a quien en el entorno libertario llaman “lechón iraní”. El Presidente, lejos de ordenar el debate, volvió a empujarlo hacia una cloaca verbal.
Esa degradación no puede ser analizada fuera del contexto político. El oficialismo atraviesa semanas complejas por el frente judicial abierto alrededor de Manuel Adorni, su patrimonio, sus viajes, sus propiedades y las preguntas sobre cómo el jefe de Gabinete logró explicar un crecimiento económico personal que aparece bajo revisión pública y judicial. En ese marco, el Presidente parece elegir el insulto como táctica de distracción.
El mecanismo es evidente. En lugar de responder con datos, documentos y explicaciones sobre los funcionarios bajo sospecha, el Gobierno instala una pelea cultural, moral o mediática. En lugar de despejar dudas sobre patrimonio, vuelos, propiedades o vínculos, el Presidente ataca a una periodista. En lugar de fortalecer la institucionalidad, debilita la conversación pública. En lugar de gobernar con templanza, incendia el debate.
Desde una mirada republicana, el problema no es que Milei tenga posición tomada contra el aborto. Puede tenerla y defenderla con firmeza. Tampoco es cuestionable que un Presidente critique a periodistas o discuta públicamente una interpretación legal. Lo inadmisible es que use el poder presidencial para acusar a una comunicadora de ser cómplice de asesinatos, insultarla de manera brutal y convertir una diferencia de opinión en una imputación moral infamante.
La libertad de expresión también protege al Presidente, pero el cargo que ocupa le impone una responsabilidad superior. No habla un tuitero, no habla un panelista, no habla un militante digital. Habla el jefe de Estado. Y cuando el jefe de Estado agrede de esa manera, el mensaje hacia sus seguidores más fanatizados puede transformarse en habilitación al hostigamiento.
El oficialismo libertario construyó buena parte de su identidad política sobre la confrontación con el periodismo, los opositores y todo aquel que cuestione al poder. Pero la Presidencia no es un streaming partidario. La Argentina no puede naturalizar que la máxima autoridad institucional insulte, degrade y acuse sin pruebas a quienes piensan distinto o hacen preguntas incómodas.
El caso Plager marca un nuevo límite roto. No sólo por la violencia verbal, sino por el contexto en que ocurre. Mientras el Gobierno enfrenta causas, denuncias y cuestionamientos sobre funcionarios clave, el Presidente vuelve a elegir una batalla discursiva que le permita ocupar el centro del escenario. La pregunta es si esa conducta responde únicamente a un temperamento desbordado o si forma parte de una estrategia política deliberada para tapar problemas más graves.
En cualquier caso, el resultado es el mismo: la agenda pública se degrada, el periodismo queda bajo ataque y la discusión sobre hechos concretos —como el patrimonio de Manuel Adorni— finalmente no quedara desplazado por el ruido presidencial. La agresión, así, funciona solo como cortina de humo temporal.
La Argentina necesita un Presidente firme, no un Presidente descontrolado. Necesita liderazgo, no insultos. Necesita explicaciones institucionales, no agravios personales. Y necesita que el poder rinda cuentas cuando hay sospechas sobre sus funcionarios, en lugar de lanzar ataques contra periodistas para distraer a la opinión pública.
Lo ocurrido con Débora Plager debería encender una alarma democrática. Porque cuando el poder llama “asesina” a una periodista por una opinión, el problema ya no es sólo de estilo. Es de límites, de institucionalidad y de respeto básico por una prensa libre que, guste o no al Gobierno de turno, sigue siendo uno de los controles esenciales de cualquier república.
