Buenos Aires, 26 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación los proyectos de Súper RIGI y Ley de Lobby, dos iniciativas que ingresaron por la Cámara de Diputados y que forman parte de un nuevo paquete legislativo con el que la Casa Rosada busca recuperar iniciativa política, atraer inversiones y avanzar en una agenda de transparencia en la relación entre funcionarios públicos y sectores privados.
El envío se produjo en una etapa de fuerte tensión interna dentro del oficialismo, con disputas entre sectores de La Libertad Avanza, cruces entre Santiago Caputo y Martín Menem, y el desgaste que generó el caso patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, el Ejecutivo intenta ordenar la discusión pública alrededor de reformas económicas e institucionales que considera prioritarias para la segunda etapa de su programa de gobierno.
El paquete anunciado por Adorni incluyó cuatro iniciativas: Ley de Ludopatía, Súper RIGI, Ley de Lobby y cambios en el régimen de Etiquetado Frontal. Según la información legislativa disponible, el Súper RIGI y la Ley de Lobby ingresaron por Diputados, mientras que los proyectos sobre ludopatía y alimentación saludable fueron remitidos al Senado.
El Súper RIGI aparece como la iniciativa económica más relevante del paquete. Se trata de una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aprobado originalmente en la Ley Bases, pero con mayores beneficios fiscales y regulatorios. El objetivo oficial es atraer capitales hacia sectores que hoy no existen o están muy poco desarrollados en la Argentina, con foco en nuevas cadenas de valor, industrialización de recursos naturales y aumento de exportaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el régimen buscará “englobar sectores o industrias que hoy no existen en la Argentina” y promover mayores inversiones, empleo y exportaciones. Entre los rubros mencionados por el Gobierno aparecen la cadena de valor del litio, manufactura de baterías, hidrógeno verde o de bajas emisiones, GNL onshore, reactores nucleares pequeños y medianos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, petroquímica, industria aeroespacial, cadena de valor del uranio, pesca industrializada y fertilizantes de potasio o fósforo.
La apuesta tiene una lógica clara: la Argentina necesita pasar de ser un país exportador de materias primas o recursos con bajo procesamiento a un país capaz de agregar valor, generar empleo privado formal y multiplicar divisas genuinas. En términos estratégicos, el Súper RIGI busca convertir ventajas naturales en ventajas productivas. Litio sin baterías, gas sin plantas de licuefacción, pesca sin industrialización o minería sin proveedores locales dejan menos valor dentro del país. El régimen pretende corregir parte de esa debilidad.
En materia tributaria, el proyecto contempla una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas alcanzadas, que pasaría del 25% previsto en el RIGI original al 15%. También ofrece un esquema de amortización acelerada: 60% durante el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero, con el objetivo de mejorar el flujo fiscal de los proyectos durante las etapas iniciales de inversión.
Además, el nuevo régimen prevé exención de derechos de exportación desde el inicio del proyecto, a diferencia del RIGI vigente, que contempla ese beneficio a partir del tercer año. También incluiría exención de aranceles para importaciones necesarias para la puesta en marcha de las inversiones. Para adherir, provincias y municipios deberán aceptar límites: Ingresos Brutos de hasta 0,5% y tasas municipales no vinculadas a ventas, una medida destinada a evitar que la presión fiscal local termine neutralizando los beneficios nacionales.
La discusión legislativa no será menor. El oficialismo deberá convencer a gobernadores, bloques dialoguistas y sectores provinciales de que el régimen no significa resignar recursos sin contrapartida, sino abrir una ventana para inversiones de escala. El punto sensible estará en el equilibrio entre incentivos razonables y defensa del interés nacional. La Argentina necesita capital, tecnología y proyectos de largo plazo, pero también debe asegurar encadenamientos locales, empleo argentino, infraestructura y estabilidad regulatoria.
La Ley de Lobby, en tanto, apunta a ordenar y transparentar la gestión de intereses ante funcionarios públicos. La iniciativa busca regular los contactos entre representantes del sector privado, cámaras empresarias, organizaciones, estudios profesionales, consultoras, sindicatos, entidades civiles y autoridades del Estado. En una democracia moderna, el lobby no es necesariamente corrupción; el problema aparece cuando la influencia se ejerce en la oscuridad, sin registro, sin trazabilidad y sin reglas claras.
El Gobierno plantea que la norma permitirá identificar quiénes buscan influir en decisiones públicas, sobre qué temas, ante qué funcionarios y con qué finalidad. De avanzar, la ley podría crear mecanismos de registro, publicidad de reuniones y mayores obligaciones de transparencia para reducir zonas grises en la relación entre poder político e intereses privados. La Ley de Lobby fue presentada dentro del paquete oficial como una herramienta para regular la gestión de intereses ante funcionarios públicos.
El tema tiene especial importancia en la Argentina, donde durante años se confundieron vínculos institucionales legítimos con tráfico de influencias, intermediación opaca o negociados al amparo del Estado. Una ley bien diseñada puede separar la representación transparente de intereses sectoriales de las maniobras indebidas. Para eso deberá incluir registros públicos, trazabilidad de reuniones, identificación de beneficiarios, sanciones por incumplimiento y obligaciones efectivas para funcionarios y gestores.
Desde la mirada del oficialismo, ambos proyectos se complementan. El Súper RIGI busca atraer inversiones grandes y nuevas industrias; la Ley de Lobby intenta ofrecer reglas más claras para la relación entre inversores, empresas y Estado. En teoría, la combinación apunta a un país más abierto al capital, pero con mayor visibilidad sobre los canales de influencia. La prueba estará en la letra final de los proyectos y en la capacidad de implementación.
La oposición, sin embargo, probablemente cuestionará varios aspectos. En el caso del Súper RIGI, habrá debates sobre beneficios fiscales, pérdida de recaudación, impacto en provincias, competencia entre sectores y eventual trato preferencial para grandes jugadores frente a pequeñas y medianas empresas. En la Ley de Lobby, el foco estará en si la norma alcanza realmente a todos los actores de poder o si queda como una regulación formal sin dientes suficientes para controlar la influencia real.
El Gobierno eligió enviar estas iniciativas en un momento políticamente sensible. Después de semanas marcadas por internas, tensiones legislativas y pedidos opositores de interpelación a funcionarios, la Casa Rosada intenta volver a instalar una agenda de reformas. Es una jugada necesaria para un oficialismo que no puede vivir sólo de la confrontación discursiva: necesita mostrar capacidad de gobierno, producción legislativa y horizonte económico.
El desafío para Milei será transformar el anuncio en leyes. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y depende de acuerdos con bloques dialoguistas, gobernadores y sectores provinciales. El Súper RIGI puede seducir a distritos con recursos energéticos, mineros, pesqueros o industriales, pero también puede generar resistencia si se percibe como una cesión excesiva de potestades fiscales. La Ley de Lobby, por su parte, puede lograr mayor consenso si se presenta como una herramienta de transparencia real y no como un mero gesto político.
En términos económicos, el Súper RIGI apunta a una necesidad estructural: la Argentina debe atraer inversiones privadas de gran escala si quiere aumentar exportaciones, generar empleo y romper la restricción externa. Pero el incentivo fiscal no alcanza si no hay estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, infraestructura, acceso al crédito, reglas previsibles y una política seria de inserción internacional.
En términos institucionales, la Ley de Lobby puede ser una oportunidad para ordenar una zona históricamente opaca del poder argentino. El país necesita que empresarios, sindicatos, organizaciones y consultoras puedan plantear intereses ante el Estado, pero bajo reglas transparentes. Influir sobre una decisión pública no debería ser sinónimo de sospecha; hacerlo a escondidas, sin registro y con privilegios indebidos, sí.
El envío de ambos proyectos abre una nueva batalla parlamentaria. El oficialismo buscará presentarlos como parte de una agenda moderna, proinversión y de mayor transparencia. La oposición intentará revisar la letra chica y condicionar beneficios. En el medio quedará la verdadera discusión: si la Argentina está dispuesta a construir reglas de largo plazo para atraer capital y ordenar la relación entre poder político e intereses privados, o si volverá a convertir una oportunidad legislativa en otra pelea de coyuntura.
