Madrid, 26 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, aceptó el pedido de la defensa del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y postergó su comparecencia judicial en el caso Plus Ultra, una causa que golpea de lleno al corazón político del PSOE y vuelve a colocar bajo presión al gobierno de Pedro Sánchez.
La declaración, inicialmente prevista para el 2 de junio, fue reprogramada para los días 17 y 18 de junio, a partir de las 9:00, luego de que la defensa del exmandatario reclamara más tiempo para analizar el expediente. El argumento central fue el volumen del sumario, que reuniría miles de páginas de documentación, informes policiales, registros, resoluciones judiciales y material probatorio incorporado a la investigación.
La defensa de Zapatero está a cargo del penalista y profesor emérito Víctor Moreno Catena, quien sostuvo que la magnitud del expediente hacía inviable preparar adecuadamente la comparecencia en apenas unos días. El magistrado aceptó el planteo y dispuso una nueva fecha, con dos jornadas reservadas para la declaración del exjefe del Gobierno español.
El caso investiga presuntas irregularidades alrededor del rescate estatal concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó una ayuda de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La asistencia se articuló mediante dos préstamos: uno participativo de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones.
La polémica sobre Plus Ultra nunca terminó de cerrarse en España. Desde el inicio, el rescate generó cuestionamientos por el tamaño de la compañía, su peso real en el mercado aéreo y sus vínculos con rutas hacia América Latina, especialmente Venezuela, Perú y Ecuador. La SEPI defendió la operación bajo el argumento de que la aerolínea cumplía una función estratégica de conectividad de nicho y que su desaparición podía afectar la competencia y determinados corredores de larga distancia.
La investigación judicial, sin embargo, fue escalando con el paso del tiempo. De acuerdo con los elementos incorporados en la causa, Zapatero aparece señalado como una figura de peso dentro de una presunta red de influencias vinculada a operaciones empresariales, contactos políticos y eventuales beneficios económicos. La imputación incluye presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, aunque el expresidente conserva, como corresponde, el principio de presunción de inocencia.
El punto más delicado para el socialismo español es que el juez sitúa al exmandatario en una posición central dentro del entramado investigado. La causa apunta a determinar si existió una estructura estable destinada a obtener ventajas económicas mediante el uso de contactos institucionales y empresariales. Entre las líneas bajo análisis figura el eventual desvío de fondos, la intervención de consultoras y el rol de personas del entorno del expresidente.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tuvo un papel relevante en la instrucción, con informes que fueron incorporados al expediente. También se registró el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, sede histórica del PSOE, aunque el juez habría descartado avanzar sobre el domicilio particular del expresidente al considerar desproporcionada esa medida en esta instancia.
Otro dato sensible es el bloqueo cautelar de fondos vinculados a cuentas del exmandatario y su entorno conyugal. Según la información difundida en España, el juez fijó un límite de 490.780 euros sobre cuentas bancarias bajo análisis, en el marco de una investigación que también pidió acceso a correos electrónicos desde 2020, año en el que se ubicarían los primeros movimientos investigados.
El impacto político fue inmediato. El Gobierno español y dirigentes del PSOE salieron a respaldar a Zapatero, apelaron a la presunción de inocencia y evitaron abrir una crisis política mayor. Desde el oficialismo se buscó separar la causa judicial de la continuidad de la legislatura, mientras la oposición observa el expediente como un nuevo flanco de desgaste para Pedro Sánchez.
El ministro Óscar López expresó su confianza en la inocencia del expresidente, mientras referentes socialistas insistieron en que no corresponde adelantar condenas políticas antes de que avance la investigación. El portavoz parlamentario Patxi López también rechazó los reclamos de elecciones anticipadas y recordó que, si la oposición pretende cambiar el gobierno, dispone del mecanismo constitucional de la moción de censura.
La defensa política del PSOE, sin embargo, convive con un dato incómodo: la causa involucra a un expresidente del Gobierno y se proyecta sobre un expediente que ya era polémico desde su origen. La ayuda pública a Plus Ultra fue cuestionada durante años por sectores opositores, que vieron en el rescate una decisión difícil de justificar por el tamaño de la empresa y sus conexiones empresariales.
El caso también reactiva la presión sobre los socios parlamentarios de Sánchez. Formaciones como el PNV y Junts observan con cautela el deterioro político del Ejecutivo, aunque por ahora no aparece garantizada una mayoría alternativa capaz de desplazar al actual Gobierno. Para la derecha española, en cambio, la investigación representa un golpe fuerte contra el relato ético del socialismo y contra la autoridad política del presidente.
La situación tiene además una carga simbólica evidente. Zapatero fue uno de los referentes centrales del socialismo español contemporáneo y su eventual avance judicial no sólo afectaría su figura personal, sino también el capital político acumulado por el PSOE durante décadas. La causa, en ese sentido, no se agota en una discusión procesal: toca poder, vínculos, fondos públicos y la relación entre política y negocios.
El aplazamiento de la declaración no despeja el problema, apenas lo posterga. Le da margen técnico a la defensa, pero también prolonga la exposición pública de una causa que promete seguir marcando la agenda española durante las próximas semanas. Los días 17 y 18 de junio serán ahora una cita clave para conocer la estrategia judicial de Zapatero y el alcance real de una investigación que ya produjo un fuerte temblor en el oficialismo.
Para Pedro Sánchez, el desafío será evitar que el expediente se convierta en una crisis de gobernabilidad. Para la oposición, el caso ofrece una oportunidad política de alto voltaje. Y para la Justicia española, la causa abre una prueba delicada: investigar a una de las figuras más relevantes de la democracia reciente sin que la presión partidaria contamine el proceso.
