Buenos Aires, 27 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dos instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvieron tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al ajuste presupuestario sobre el sistema educativo público.
La medida fue decidida este martes en asambleas estudiantiles realizadas en ambas instituciones y comenzó durante la noche, una vez finalizado el turno vespertino. Los alumnos definieron una modalidad de permanencia dentro de los edificios, aunque aclararon que buscarán sostener actividades abiertas, clases públicas y espacios de debate para visibilizar el reclamo sin suspender por completo la vida académica.
La protesta se inscribe en un conflicto más amplio entre el Gobierno nacional, las universidades, los gremios docentes y sectores estudiantiles. El eje central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales, los salarios docentes y no docentes, las becas y las instituciones dependientes.
El problema es que la norma quedó atrapada en una disputa política, judicial y fiscal. El Gobierno de Javier Milei sostiene que la ley compromete el equilibrio de las cuentas públicas y que no puede aplicarse sin una fuente clara de financiamiento. Del otro lado, rectores, docentes, no docentes y estudiantes afirman que el incumplimiento profundiza el deterioro salarial, presupuestario y operativo de las universidades nacionales.
La judicialización agregó otro ingrediente. La Cámara Contencioso Administrativo Federal había ordenado aplicar la ley y rechazado recursos del Gobierno, pero la controversia terminó escalando hacia la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir el alcance del conflicto entre una norma votada por el Parlamento y la decisión del Ejecutivo de sostener la disciplina fiscal como eje del programa económico.
En ese escenario, los estudiantes del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini buscaron instalar un hecho político de alto impacto. Ambos colegios tienen peso simbólico dentro del sistema educativo argentino: dependen de la UBA, forman parte de la tradición preuniversitaria nacional y suelen funcionar como cajas de resonancia de conflictos educativos más amplios.
El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, explicó que la toma busca “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. También señaló que la continuidad de la medida será evaluada día por día en nuevas asambleas, lo que deja abierta la posibilidad de que la protesta se extienda si no aparecen respuestas políticas o institucionales.
La decisión de ocupar los establecimientos, sin embargo, abre una discusión sensible. Para los estudiantes y gremios, se trata de una herramienta de protesta frente a lo que consideran una emergencia educativa. Para sectores críticos, en cambio, las tomas vuelven a poner en tensión el derecho a reclamar con el derecho de otros alumnos a cursar, especialmente cuando las medidas se prolongan por tiempo indeterminado.
El conflicto universitario se profundizará además con el paro anunciado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) para este viernes, en reclamo de paritarias, recomposición salarial y cumplimiento efectivo de la ley. La medida cuenta también con el acompañamiento de federaciones como CONADU y CONADU Histórica, que vienen denunciando una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde 2023.
Los gremios sostienen que los salarios universitarios quedaron muy por debajo de la inflación acumulada y que la falta de actualización presupuestaria afecta la investigación, el mantenimiento edilicio, las becas, los comedores, los laboratorios y el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. En paralelo, el Gobierno insiste en que no resignará el equilibrio fiscal y acusa a sectores políticos y sindicales de intentar forzar gastos sin respaldo financiero.
La tensión se arrastra desde 2025, cuando el Congreso avanzó con la ley pese al rechazo del Ejecutivo. Luego de la insistencia parlamentaria, el Gobierno promulgó la norma, pero suspendió su aplicación mediante decisiones administrativas y planteos judiciales. Desde entonces, la pelea dejó de ser sólo presupuestaria y se transformó en una disputa institucional sobre quién define la asignación de recursos y bajo qué condiciones.
El oficialismo, además, impulsa un nuevo proyecto legislativo para condicionar las actualizaciones automáticas del presupuesto universitario a determinados parámetros macroeconómicos, entre ellos una inflación anual superior al 14,3%. Esa iniciativa es rechazada por los gremios y organizaciones estudiantiles, que la consideran una forma de neutralizar el sentido original de la ley aprobada por el Parlamento.
En la Casa Rosada entienden que ceder en el financiamiento universitario podría abrir la puerta a nuevos reclamos sectoriales y afectar la estrategia de ordenamiento fiscal. Para Milei, el superávit es la columna vertebral de su programa económico. Para las universidades, en cambio, el ajuste acumulado amenaza la calidad educativa y el funcionamiento de un sistema que históricamente tuvo fuerte legitimidad social.
La toma de los colegios preuniversitarios agrega presión política porque ocurre en instituciones de alta visibilidad pública. No se trata de escuelas marginales dentro del debate educativo, sino de dos establecimientos emblemáticos, con fuerte tradición de militancia estudiantil y vínculos directos con la UBA, una de las universidades más influyentes del país.
El Gobierno deberá decidir si responde con negociación, silencio o endurecimiento. Una intervención torpe podría escalar el conflicto y ampliar la protesta. Una falta total de respuesta, en cambio, puede permitir que las tomas se multipliquen en otros colegios o facultades, especialmente en una semana marcada por medidas de fuerza docentes.
La oposición, los gremios y las organizaciones estudiantiles intentarán convertir el reclamo universitario en una bandera de resistencia al ajuste. El oficialismo buscará presentar la protesta como parte de una presión política de sectores que rechazan el orden fiscal y defienden privilegios o estructuras que, según la mirada libertaria, deben ser revisadas.
En el medio quedan los estudiantes, las familias y la comunidad educativa. La defensa de la educación pública tiene legitimidad social, pero las tomas por tiempo indeterminado también generan rechazo cuando afectan la cursada, la convivencia interna y la libertad de quienes no adhieren a la medida.
El conflicto recién empieza una nueva etapa. La discusión de fondo no es sólo cuánto dinero reciben las universidades, sino cómo se financia ese gasto, qué responsabilidades asume el Estado, qué margen tiene el Ejecutivo para frenar una ley votada por el Congreso y hasta dónde pueden llegar las medidas de presión dentro de instituciones educativas.
Por ahora, el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini quedaron en el centro de la escena. La toma es un mensaje político directo: el conflicto universitario sigue abierto y el Gobierno enfrenta una presión creciente para aplicar una ley que considera fiscalmente inviable, pero que ya fue respaldada por el Parlamento y por fallos judiciales en distintas instancias.
