por Enrique Guillermo Avogadro
“La adulación no hace daño… siempre que no la inhales”.
Adlai Stevenson
Así como aplaudo los enormes logros del Gobierno en los dos años y medio que lleva de gestión, aún cuando hayan implicado fuertes dolores para aquéllos que sólo sabían cazar en el zoológico de una economía absurdamente cerrada (lo dije hace mucho tiempo en una nota, “Los argentinos y los zapatos” – ver https://tinyurl.com/5w3nykd4 -) y, lamentablemente, para quienes perdieron sus puestos de trabajo, no estoy dispuesto a convalidar obsecuentemente algunas barbaridades que, por el lugar que ocupa en la pirámide institucional, sólo pueden atribuirse a Javier Milei; muchas de ellas lo convierten en un émulo de Cristina Fernández.
El kirchnerismo se caracterizó, durante las dos décadas que constituyeron una de las mayores tragedias de nuestra historia, por perseguir a las fuerzas armadas; todo se generó a partir del pacto que firmaron el patriarca de esa nefasta dinastía y uno de los personajes más siniestros entre los muchos que aún pueblan nuestro país, Horacio Perro Verbitsky, Éste, a cambio de la tolerancia de la izquierda al saqueo sistemático al que se sometería a la Argentina, obtuvo la venganza para las organizaciones terroristas que nos ensangrentaron y asesinaron en los 70’s. Los instrumentos que eligió don Néstor para llevar a la práctica esos demoníacos designios fueron la reapertura de los juicios a los militares que las habían vencido – e indemnizar generosa e injustificadamente a los ex terroristas -, poniendo a cargo de los mismos a jueces prevaricadores y fiscales militantes, todos de “Justicia Legítima”, y la aplicación del principio de “portación de apellido” para frustrar la carrera de oficiales por el sólo hecho de ser hijos de alguno de los anticipadamente condenados.
Hoy, la administración libertaria – según trascendidos, por orden de Karina Milei – ha incurrido en esa misma espantosa conducta cuando ordenó retirar el pliego, aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado, de la Juez María Victoria Michelli, propuesta para un Tribunal Oral Federal, por ser cuñada del “poco odiado” (otra horrible similitud con el kirchnerismo, aunque sin llegar al extremo de imprimir afiches para que fueran escupidos) Hugo Alconada Mom, uno de los periodistas de investigación más reputados del mundo, que cometió el imperdonable pecado de sacar al sol tantos trapitos sucios de los gobiernos recientes.
El Presidente, que ya vio pasar la mitad de su mandato, además de permitir que se los diera de baja de la fuerza a la que pertenecen y se los prive de sueldos y obra social, no ha hecho nada para terminar con la ignominia de los juicios de venganza contra los cientos de militares injustamente presos, cuando podría haber instruido a los abogados del Estado al respecto, ordenar una revisión profunda de las causas penales (sobre todo en materia de pruebas) por letrados universalmente respetados o hasta amnistiarlos, como hizo su admirado Donald Trump con los acusados del golpe contra el Capitolio. Para justificar la imperiosa necesidad de una actitud así, basta recordar que muchos de ellos no tienen sentencia firme pero sufren prisiones preventivas que llegan a los diecisiete años y se pudren en las mazmorras de esta sociedad tan hipócrita.
El Poder Judicial, cuyo desprestigio mancha injustamente a jueces probos, para mantener viva la industria de estos juicios que benefician a falsos testigos y a sus abogados, sigue llevando adelante esos innobles procesos y persiguiendo a quienes, hace cincuenta años, obedecieron órdenes legítimas del Ejecutivo con la forma de decretos presidenciales, y todos los días dicta nuevas condenas a cadena perpetua, como la acaba de recaer contra el Dr. Jaime Lamont Smart, de 91 años de edad, un verdadero señor que integró la Cámara Federal Penal, creada en la época del Gral. Agustín Lanusse para juzgar a los subversivos, la cual dictó una mayoría de absoluciones y algunas condenas, y que debió exiliarse cuando, el 25 de mayo de 1973, el gobierno de Héctor Cámpora liberó a tantos terroristas que volvieron a matar, como fue el caso de otro miembro de ese mismo Tribunal, el Dr. Jorge Quiroga, asesinado en la calle, en 1974, por el ERP.
Lo notable es que esos mismos magistrados no tienen vergüenza alguna cuando avalan la percepción de jubilaciones de privilegio claramente ilegales u otorgan prisiones preventivas – que simulan cumplir en lujosas y absurdas condiciones – a delincuentes condenados por saquear al país hasta casi destruirlo, tales como son los casos de Cristina Kirchner o Julio de Vido por poner sólo dos ejemplos, mientras mantienen en cárceles comunes de todo el país, que son incapaces de atender las naturales afecciones gerontológicas que los afectan, a estos ancianos ante los cuales, obviamente, no se corre el riesgo de que alteren las pruebas del proceso ni de que se den a la fuga.
La jerarquía de la Iglesia católica merece idéntica crítica por su hipocresía: así como nunca admitió la responsabilidad de tantos sacerdotes en la toma de las armas por muchos jóvenes sometidos a su influencia en esa trágica época, al no aceptar que se aloje en alguna de sus residencias, bajo el régimen de detención domiciliaria, el RP Christian von Wernich, de 89 años, éste debe seguir preso en una cárcel a pesar de padecer de cáncer (me consta que le extirparon un tumor del tamaño de una pelota de fútbol de una pierna) y tener enormes dificultades motrices.
La semana próxima volveré, si Dios y Trump lo permiten, a los escenarios internacionales pero, mientras tanto, sugiero mirar con atención dos de ellos en particular: Bolivia y el Mar Báltico.
