Buenos Aires, 30 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La última declaración jurada patrimonial presentada por Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la polémica política y judicial por una omisión que ya había sido revelada en exclusiva por Total News Agency el pasado 15 de marzo: la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde figura como propietaria su esposa, Bettina Angeletti, no aparece incorporada en la presentación patrimonial conocida del actual jefe de Gabinete.
El dato no es menor. Esa propiedad fue el punto de partida de la denuncia impulsada luego por la diputada Marcela Pagano, quien llevó el caso a la Justicia para que se investigara la evolución patrimonial del funcionario libertario. La vivienda de Indio Cuá, según la información revelada por Total News Agency, se transformó en una pieza clave del expediente porque allí se habrían realizado refacciones por unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y en negro, una maniobra que podría abrir hipótesis vinculadas no sólo a presunto enriquecimiento ilícito, sino también a eventual evasión tributaria y lavado de dinero.
La declaración jurada que se conoce hasta el momento corresponde al documento presentado por Adorni ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025, cuando encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Esa presentación, sin embargo, quedó vieja frente al crecimiento de las sospechas, los nuevos datos incorporados a la causa y la demora del funcionario en presentar una actualización patrimonial completa, pese a haber prometido hacerlo públicamente.
Según ese formulario, Adorni declaró dos departamentos. Uno adquirido en 2014, del cual consignó el 50% de titularidad, valuado en $777.000. El segundo inmueble fue comprado en 2016 y declarado con una valuación de $3.652.682. También informó tenencias en efectivo por US$42.500, una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con saldo de US$6.220 y $1.950.000 en efectivo. Además, declaró ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por $40,3 millones.
El problema político y judicial es que esa fotografía patrimonial no incluye la casa de Indio Cuá, pese a que la propiedad quedó vinculada al entorno familiar directo del jefe de Gabinete y fue señalada como una de las claves de la investigación. La vivienda figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, y según la denuncia y los elementos periodísticos incorporados al debate público, allí se habrían realizado obras de alto valor económico con pagos en dólares billete.
La cifra de US$245.000 en refacciones resulta especialmente sensible. En la Argentina, una erogación semejante en efectivo, sin respaldo documental claro y presuntamente por fuera del circuito formal, puede disparar distintas líneas de investigación: origen de los fondos, capacidad económica real, eventual omisión patrimonial, inconsistencias fiscales, evasión y posible lavado de activos. No se trata sólo de una discusión sobre si una propiedad fue declarada o no, sino de cómo se financiaron obras por montos que superan ampliamente los ingresos ordinarios informados por el propio funcionario.
La investigación también se conecta con otros puntos que ya habían generado ruido en torno al jefe de Gabinete: viajes al exterior, gastos familiares, operaciones inmobiliarias, créditos, movimientos bancarios y la distancia entre el patrimonio declarado y el nivel de vida que distintos denunciantes y legisladores opositores le atribuyen. En ese contexto, la casa de Indio Cuá dejó de ser un dato aislado para convertirse en el centro de una trama que obliga a revisar ingresos, deudas, pagos en efectivo y eventuales omisiones.
Adorni rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que no tiene “nada que esconder” respecto de su patrimonio. Sin embargo, la demora en presentar una nueva declaración jurada completa alimenta las dudas políticas. Más aún cuando la información disponible muestra que la última presentación formal corresponde a una etapa anterior a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025, luego de su paso por la Secretaría de Comunicación y Medios.
La diputada Pagano, que originalmente formó parte del universo libertario y luego se alejó del oficialismo, convirtió la revelación sobre Indio Cuá en una denuncia judicial. Su planteo apunta a que se investigue si existió una incompatibilidad entre los bienes declarados, los gastos realizados y el patrimonio real del funcionario. La aparición de una vivienda de alto valor vinculada a su esposa, sumada a refacciones millonarias en dólares, eleva el nivel de gravedad política del caso.
En el oficialismo, el expediente incomoda porque golpea directamente sobre uno de los voceros más visibles del Gobierno y actual ministro coordinador. Adorni fue durante meses la cara diaria de la comunicación presidencial y luego ascendió a la Jefatura de Gabinete, un cargo que exige mayor transparencia patrimonial, no menor. Por eso, cada dato omitido, demorado o corregido genera impacto político inmediato.
El caso también abre una discusión institucional más amplia: qué grado de control real existe sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, sus cónyuges y el movimiento patrimonial del grupo familiar. En expedientes de este tipo, la sola titularidad formal de un bien no agota la pregunta. La Justicia suele mirar quién usa la propiedad, quién paga las mejoras, quién sostiene los gastos y cuál es el origen de los fondos. En Indio Cuá, justamente, la controversia no se limita al nombre que figura en los papeles, sino al presunto circuito de dinero utilizado para refaccionar la vivienda.
La eventual hipótesis de evasión aparece porque los pagos en negro, si se comprueban, implicarían operaciones por fuera de la registración fiscal correspondiente. La hipótesis de lavado de dinero podría surgir si la investigación determina que los fondos usados para las refacciones no tienen origen lícito o trazabilidad suficiente. Y la hipótesis de enriquecimiento ilícito se mantiene abierta si los bienes, gastos o mejoras no encuentran explicación razonable en los ingresos declarados por el funcionario y su entorno.
La declaración jurada de 2025, con dos departamentos, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos, ahora queda inevitablemente cruzada por una pregunta incómoda: por qué no aparece la casa de Indio Cuá, revelada por Total News Agency, que luego derivó en la denuncia de Pagano y en nuevas sospechas sobre el verdadero patrimonio del jefe de Gabinete.
El Gobierno intentó minimizar distintos capítulos del caso, pero la acumulación de datos vuelve cada vez más difícil cerrar el asunto con una explicación política. La sociedad reclama austeridad, los funcionarios prometen transparencia y el propio oficialismo hizo de la lucha contra los privilegios una bandera central. En ese marco, una casa no declarada, refacciones por 245.000 dólares en efectivo y una declaración jurada incompleta constituyen una combinación demasiado pesada para pasar inadvertida.
Ahora la pelota está en el terreno judicial y en la obligación política de Adorni de explicar con precisión qué bienes tiene, qué bienes usa, qué gastos afrontó, de dónde salieron los fondos y por qué la vivienda de Indio Cuá no aparece en la declaración jurada conocida. Hasta que eso ocurra, la revelación de Total News Agency seguirá siendo el punto de partida de una investigación que puede escalar mucho más allá de una simple omisión patrimonial.
