Washington – 7 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El gobierno de Donald Trump estudia un plan de alto impacto político, financiero y diplomático: utilizar activos iraníes congelados para compensar a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico por los daños sufridos durante los ataques producidos por el régimen de Teherán desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.
La iniciativa, impulsada desde el Departamento del Tesoro, es analizada por el secretario Scott Bessent, quien habría encargado a un equipo especializado la elaboración de una evaluación exhaustiva sobre los costos materiales, económicos e infraestructurales sufridos por países aliados de Washington, especialmente en la región del Golfo, donde los ataques con drones y misiles iraníes golpearon bases, instalaciones estratégicas y zonas civiles.
Según fuentes citadas por medios internacionales, la administración estadounidense analiza mecanismos legales y financieros para redirigir fondos iraníes congelados, bienes incautados e incluso buques decomisados en operaciones anteriores, con el objetivo de financiar la reconstrucción y compensar daños presentes y futuros. La decisión, de avanzar, implicaría un endurecimiento adicional de la presión económica contra el régimen iraní y podría tensar aún más una tregua ya frágil.
La medida tendría una fuerte carga simbólica: Irán no sólo sería responsabilizado militar y políticamente por los ataques contra aliados de Estados Unidos, sino que además sus propios activos pasarían a ser utilizados para pagar la reparación de los daños causados por su ofensiva regional. Para Washington, se trata de una forma de convertir las sanciones en una herramienta directa de compensación. Para Teherán, sería una confiscación política de fondos que considera propios.
El plan aparece en un momento especialmente delicado. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen estancadas, pese a los esfuerzos de mediación regional e internacional. Uno de los puntos centrales de fricción es precisamente el destino de los activos iraníes bloqueados en el exterior, un expediente que arrastra décadas de disputa desde la revolución islámica de 1979 y el posterior régimen de sanciones impuesto por Washington.
El asesor militar del líder supremo iraní, Mohsen Rezaei, declaró recientemente que cualquier acuerdo con Estados Unidos debía incluir la liberación de fondos congelados. Según esa posición, Teherán reclama una primera liberación inmediata de US$ 12.000 millones tras la eventual firma de un acuerdo provisional y otros US$ 12.000 millones en una etapa posterior. Para el régimen, esos US$ 24.000 millones representan una “prueba de confianza” que Washington debería superar.
La Casa Blanca, en cambio, teme que liberar esos recursos en esta fase signifique entregar una de sus principales cartas de presión. Por eso, el análisis del Tesoro va en sentido contrario: no desbloquear fondos para Irán, sino estudiar cómo emplearlos en favor de los países afectados por la ofensiva iraní. La diferencia no es menor. En términos diplomáticos, significaría pasar de discutir una posible concesión a Teherán a utilizar sus activos como herramienta de castigo y reparación.
La guerra estalló el 28 de febrero, tras una serie de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, en una operación que provocó la muerte de altos mandos del régimen y profundizó el enfrentamiento regional. La respuesta iraní incluyó ataques contra países del Golfo y contra bases estadounidenses desplegadas en la zona, en una escalada que afectó a aliados clave de Washington.
Entre los países más expuestos figuran Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos ellos piezas centrales del dispositivo militar, energético y diplomático estadounidense en la región. Los ataques iraníes, además de provocar daños materiales, presionaron sobre los mercados de energía, alteraron rutas marítimas y reavivaron el temor a una crisis prolongada en el Estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de petróleo.
Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que Bessent pidió estimaciones completas de los costos de los daños desde el inicio de la guerra. La evaluación incluiría infraestructura militar, instalaciones civiles, activos energéticos, puertos, aeropuertos, sistemas de defensa, buques y eventuales perjuicios económicos derivados de la interrupción del comercio o del encarecimiento de la seguridad regional.
Hasta el momento, no existe un comunicado oficial del Departamento del Tesoro que confirme una decisión final. Sin embargo, la sola posibilidad de usar activos iraníes congelados abre un frente jurídico complejo. Estados Unidos cuenta con experiencia en la utilización de bienes bloqueados o decomisados para compensar a víctimas de terrorismo, pero cada caso exige fundamentos legales, coordinación interagencial y, en muchos escenarios, respaldo judicial o legislativo.
El antecedente más visible en los últimos años fue el debate internacional sobre el uso de activos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. En ese caso, Washington y sus aliados europeos discutieron distintos caminos para emplear intereses, rendimientos o fondos inmovilizados sin romper completamente los límites legales del sistema financiero internacional. El caso iraní podría abrir una discusión similar, aunque bajo un contexto de guerra directa, sanciones históricas y ataques contra aliados estadounidenses.
Para el gobierno de Trump, la medida tendría además una lectura interna: permitiría mostrar que Irán paga por sus agresiones, sin trasladar todo el costo financiero al contribuyente estadounidense. En un escenario de fatiga bélica y presión política por los gastos militares, la idea de que el régimen iraní financie la reparación de los daños que causó puede tener fuerte atractivo ante la opinión pública norteamericana.
Pero también implica riesgos. Una decisión unilateral de redirigir activos iraníes podría ser presentada por Teherán como una ruptura de cualquier posibilidad de acuerdo, reforzar a los sectores duros del régimen y darle argumentos para prolongar la confrontación. La fuente citada por medios internacionales advirtió que un paso de esa naturaleza podría asestar un nuevo golpe a la frágil tregua.
En paralelo, la diplomacia regional intenta evitar un colapso total de las conversaciones. Medios iraníes informaron que un ministro de Pakistán llegó a Teherán con un mensaje especial dirigido al liderazgo iraní por el jefe del Ejército pakistaní y el primer ministro. La mediación busca mantener abierto algún canal político mientras Estados Unidos y sus aliados calibran la presión militar, económica y financiera.
El dilema para Washington es claro: si libera fondos, fortalece a un régimen acusado de financiar terrorismo, desestabilizar la región y atacar a sus vecinos; si los utiliza para compensar a los países afectados, puede dinamitar la negociación y empujar a Irán a una nueva escalada. En ambos casos, los activos congelados se transformaron en una de las llaves centrales del tablero.
La eventual redirección de fondos iraníes también enviaría un mensaje a otros actores hostiles: las sanciones ya no serían sólo un mecanismo de castigo o aislamiento, sino una reserva financiera para reparar daños causados por agresiones estatales. Ese precedente podría modificar la arquitectura de las sanciones internacionales y reforzar la doctrina de responsabilidad económica directa.
El régimen iraní, debilitado por ataques militares, sanciones y tensiones internas, reclama esos fondos como propios. Estados Unidos, en cambio, los observa como una herramienta de presión y eventual reparación. En el medio quedan los aliados del Golfo, que exigen garantías de seguridad, reconstrucción y compensación frente a una guerra que golpeó su territorio.
La decisión final aún no fue anunciada, pero el mensaje político ya está instalado: Washington evalúa que Irán pague con sus propios activos el costo de su ofensiva regional. Si el plan avanza, no sólo afectará las negociaciones con Teherán, sino que también marcará un nuevo capítulo en la guerra financiera que acompaña al conflicto militar en Medio Oriente.
