Por RR
Buenos Aires – 11 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. En sectores de la Armada Argentina crece la inquietud por el renovado interés de grupos empresarios vinculados al negocio inmobiliario para avanzar sobre el predio de Dársena Norte, un activo estratégico que durante años fue objeto de una disputa judicial y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó restituyendo al patrimonio estatal tras considerar irregular la privatización de Tandanor.
La preocupación castrense apunta al eventual regreso de viejos jugadores: el grupo de Eduardo Elsztain, a través del universo IRSA, y la familia Román, vinculada históricamente al consorcio que participó de la privatización de los talleres navales durante el menemismo. En el ámbito militar observan con alarma que la política del gobierno de Javier Milei de revisar, desafectar, concesionar o vender activos públicos pueda abrir una ventana para que infraestructura sensible de Defensa termine convertida en un negocio de real estate premium.
El conflicto tiene origen en 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) a favor del consorcio Inversora Dársena Norte S.A. (INDARSA). El Grupo Román era uno de los actores centrales de aquella estructura. Lejos de potenciar la actividad naval, el proceso derivó en maniobras que terminaron bajo investigación judicial por presunto fraude a la administración pública.
Uno de los puntos más cuestionados fue la constitución de Puerto Retiro S.A., sociedad creada en diciembre de 1991, a la que se transfirió la valiosa Planta 1 de Dársena Norte. Esa operación quedó bajo la lupa porque implicaba separar del complejo naval una fracción estratégica ubicada en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires. En términos simples: lo que para la Armada era infraestructura operativa, para los desarrolladores era tierra frente al río.
En 1993, IRSA adquirió el control mayoritario de Puerto Retiro S.A., con una participación aproximada del 75%, mientras que el Grupo Román conservó el porcentaje restante. El objetivo empresario era evidente: avanzar sobre un megaproyecto inmobiliario de torres de lujo en una franja portuaria de enorme valor económico, pegada a Puerto Madero, Retiro y los principales accesos de la ciudad.
La Justicia terminó cuestionando severamente ese entramado. Tras años de litigio, el Poder Ejecutivo Nacional dictó en 2007 el decreto que declaró nula, de nulidad absoluta e insanable, la privatización de Tandanor. Luego, la Corte Suprema avaló la constitucionalidad de esa decisión y despejó el camino para que el astillero volviera a quedar bajo órbita estatal. El fallo fue leído en el sector naval como una reparación institucional frente a una privatización considerada ruinosa, irregular y contraria al interés público.
Más tarde, la propia Justicia volvió a poner el foco sobre los terrenos. La restitución de un predio de alto valor en la zona de Dársena Norte-Puerto Madero a Tandanor, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que la cuestión no estaba cerrada únicamente como historia de los años noventa, sino como disputa vigente por activos estatales ubicados en una de las zonas más caras del país.
Pese a ese derrotero judicial, Puerto Retiro S.A. nunca fue disuelta y continúa existiendo formalmente. Ese dato, menor para el público general, es observado con atención por fuentes de la Armada: la persistencia de la personería jurídica permitiría mantener viva una expectativa empresaria sobre el predio, aun después de los fallos que anularon la privatización y ordenaron recomponer el patrimonio estatal.
En el mundo castrense se preguntan ahora si el nuevo clima político y económico no puede convertirse en una oportunidad para reabrir por la ventana lo que la Corte cerró por la puerta. La administración Milei viene impulsando una política agresiva de reducción del Estado, venta de inmuebles públicos y revisión de activos bajo uso militar. En ese contexto, los predios de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos ubicados en zonas urbanas de altísimo valor, pasaron a ser mirados por desarrolladores, fondos y operadores inmobiliarios.
El caso Dársena Norte es particularmente sensible porque no se trata de un terreno baldío ni de una oficina ociosa. Es una zona vinculada a capacidades navales, infraestructura portuaria, logística, reparación de buques y presencia estratégica sobre el frente marítimo de la Capital Federal. Para la Armada, perder control sobre ese espacio no sería apenas una decisión patrimonial: implicaría resignar una posición operativa y simbólica.
Fuentes consultadas por Total News Agency sostienen que el renovado interés de los grupos privados se apoya en una estrategia de lobby sobre el entorno presidencial, en especial sobre sectores de influencia política cercanos al asesor Santiago Caputo. El cálculo sería simple: si el Gobierno avanza con privatizaciones, concesiones o desafectaciones de inmuebles militares, los antiguos aspirantes al negocio podrían presentarse como desarrolladores listos para “poner en valor” un predio que la Justicia ya había devuelto al Estado.
La fórmula no es nueva. En la Argentina, muchas operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas suelen presentarse bajo el lenguaje amable de la modernización urbana, la inversión privada y la generación de empleo. Pero detrás de esos conceptos aparece, muchas veces, una transferencia patrimonial gigantesca: terrenos estratégicos a precio de oportunidad, cambio de uso, rezonificación, torres de lujo y renta extraordinaria para pocos.
El antecedente de Puerto Retiro S.A. vuelve más delicado el escenario. No se trata de un inversor nuevo que descubre una zona atractiva, sino de una sociedad que nació en el marco de una privatización luego anulada por graves irregularidades. Por eso, dentro de la Armada advierten que cualquier intento de reactivar aquel proyecto debería ser tratado no como una iniciativa urbanística más, sino como una maniobra sobre un expediente judicialmente marcado.
También aparece un dato político incómodo: durante el extenso proceso judicial, el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona habría intervenido como abogado defensor de Puerto Retiro S.A., según señalamientos incorporados por fuentes vinculadas al seguimiento del caso. Ese antecedente alimenta suspicacias en sectores que ven una red persistente de intereses jurídicos, inmobiliarios y políticos alrededor de la vieja operación.
La inquietud no se limita a nombres propios. La pregunta de fondo es si el gobierno de Javier Milei está dispuesto a preservar activos estratégicos de Defensa o si su política de liquidación patrimonial puede terminar entregando a desarrolladores privados terrenos recuperados por sentencia judicial. En otras palabras: si la motosierra sobre el Estado también puede cortar soberanía, infraestructura y memoria institucional.
El debate adquiere todavía mayor dimensión en un contexto internacional marcado por guerras abiertas, rearme global y demanda creciente de municiones, armamento, tecnología militar, mantenimiento naval, electrónica aplicada, drones, radares y sistemas de apoyo logístico. En ese escenario, el Gobierno debería tener como prioridad activar el aparato de producción para la Defensa, no desprenderse de bienes que podrían propulsarlo. El mundo necesita capacidades industriales y tecnológicas que Argentina posee o puede recuperar: astilleros, metalmecánica, ingeniería, mantenimiento de buques, producción de componentes, desarrollo tecnológico y conocimiento acumulado en áreas estratégicas.
En Tandanor, el valor del predio no se mide únicamente en dólares ni en metros cuadrados frente al río. El astillero forma parte del entramado naval argentino y cumple un rol en reparación, mantenimiento y construcción vinculada a la industria marítima. La pérdida o fragmentación de espacios asociados a su actividad podría afectar capacidades de largo plazo en un país que necesita fortalecer su presencia marítima, su logística portuaria, su control sobre el Atlántico Sur y su capacidad de producir para la defensa nacional.
La Argentina no debería discutir estos activos sólo bajo la lógica de caja inmediata. En plena reconfiguración militar mundial, vender o concesionar tierras e infraestructura vinculadas a Defensa puede ser una mala decisión estratégica. Lo que hoy parece un ingreso fiscal rápido o un negocio inmobiliario brillante puede significar mañana la pérdida de una plataforma industrial difícil de reconstruir. Las potencias no se desprenden alegremente de sus capacidades críticas: las modernizan, las integran a cadenas productivas, las financian y las orientan hacia nuevos mercados.
La presión inmobiliaria sobre tierras públicas porteñas no es novedosa. Puerto Madero fue durante décadas el símbolo de la reconversión urbana de áreas portuarias. Pero Dársena Norte tiene una historia distinta: no es sólo una zona apetecible para torres, oficinas o departamentos de lujo, sino un espacio atravesado por decisiones judiciales que reconocieron irregularidades en su transferencia al sector privado.
Por eso, en la Armada temen que el actual discurso oficial sobre “activos improductivos” termine simplificando una discusión mucho más compleja. Un inmueble militar puede parecer ocioso en una planilla de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pero puede ser estratégico en términos logísticos, defensivos, portuarios, tecnológicos o industriales. Y una vez transferido al negocio privado, difícilmente vuelva a recuperarse.
El caso vuelve a exponer una tensión clásica de la Argentina: desarrollo inmobiliario contra interés público; caja fiscal inmediata contra planificación estratégica; negocios de corto plazo contra soberanía de largo plazo. La diferencia es que esta vez el terreno ya fue objeto de una privatización anulada, de una investigación judicial y de una restitución ordenada por los tribunales.
En el Gobierno no hay, por ahora, una confirmación oficial de que exista una decisión administrativa para entregar o concesionar el predio de Dársena Norte. Pero las señales de la política general de venta de activos, sumadas a la supervivencia jurídica de Puerto Retiro S.A. y al interés de antiguos actores del negocio, alcanzan para encender alarmas en la Armada.
La pregunta es si la administración Milei blindará lo recuperado por la Justicia y lo pondrá al servicio de una política moderna de producción para la Defensa, o si permitirá que viejos intereses vuelvan a merodear una de las tierras más codiciadas de la ciudad. Porque, en definitiva, el expediente Tandanor-Dársena Norte no es sólo una causa vieja: es una advertencia vigente sobre cómo un activo de defensa puede convertirse, en pocas firmas, en el próximo gran negocio inmobiliario de los amigos del poder, justo cuando la Argentina debería estar pensando cómo producir más, defender mejor y exportar tecnología estratégica.
