Buenos Aires – 15 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una fase de máxima tensión. Mientras la Casa Rosada mantiene públicamente su respaldo al funcionario, la oposición acelera una ofensiva parlamentaria para intentar forzar su salida y ya logró algo que hasta hace pocas semanas parecía improbable: poner en duda el blindaje legislativo que sostenían los aliados del Gobierno. Una fuente cercana a importante funcionario, admitió a Total News Agency, que ahora son muchos quienes piensan en correr al Jefe de Gabintene.
La clave pasa por la sesión especial solicitada para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. Allí se acumulan seis expedientes que incluyen pedidos de informes, interpelaciones y una moción de censura contra el funcionario, en medio del escándalo generado por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales y por las explicaciones que el propio Adorni brindó en medios de comunicación sobre el origen de parte de su fortuna.
El dato político más relevante es que el PRO, principal socio parlamentario del oficialismo, dejó de cerrar filas detrás del Gobierno y comenzó a presionar abiertamente por una definición.
“No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, señalaron desde el bloque que conduce Cristian Ritondo, dejando abierta la posibilidad de facilitar el quórum para la sesión impulsada por la oposición.
La advertencia constituye un cambio de escenario significativo. En mayo pasado, cuando la oposición intentó avanzar con una sesión similar, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas optaron por no dar quórum para evitar un enfrentamiento directo con la Casa Rosada. Desde entonces, sin embargo, el costo político del caso Adorni aumentó de manera exponencial.
La presentación de su declaración jurada rectificativa, la admisión pública de que mantuvo fondos no declarados durante años y las explicaciones vinculadas a inversiones en criptomonedas generaron un fuerte desgaste político que ya trascendió las fronteras de la oposición tradicional.
En el radicalismo mantienen una posición más cautelosa, aunque tampoco descartan acompañar algún mecanismo de control parlamentario. El interbloque Fuerzas del Cambio, que reúne a sectores de la UCR, el MID y espacios aliados, analizará una posición común durante los próximos días.
La crisis también perforó las defensas internas del oficialismo. La jefa del interbloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, marcó diferencias con Adorni y cuestionó la conducta del funcionario, al tiempo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a quienes consideran insuficientes las explicaciones brindadas hasta ahora.
La combinación de cuestionamientos internos y presión opositora generó la tormenta política más severa que enfrenta el Gobierno desde el inicio del escándalo patrimonial.
En paralelo, el peronismo trasladó la ofensiva al Senado. El interbloque encabezado por José Mayans presentó un proyecto para convocar una sesión urgente destinada a tratar una interpelación y una moción de censura contra Adorni.
La iniciativa establece que el jefe de Gabinete debería comparecer ante la Cámara alta dentro de un plazo máximo de siete días para responder preguntas sobre las presuntas irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales y sus vínculos financieros.
Los senadores peronistas advirtieron además que, si Adorni no concurriera, el Senado podría avanzar directamente con el tratamiento de la moción de censura.
La oposición fundamenta su estrategia en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula las responsabilidades políticas del jefe de Gabinete ante el Congreso.
Sin embargo, el camino institucional para remover a Adorni sigue siendo complejo.
Las interpelaciones y mociones de censura requieren una mayoría agravada de dos tercios cuando llegan al recinto sin dictamen previo. Ese número aparece hoy fuera del alcance de la oposición tanto en Diputados como en el Senado.
Por esa razón, el objetivo inmediato no es lograr una destitución exprés sino abrir formalmente el debate parlamentario.
La estrategia consiste en reunir quórum, aprobar emplazamientos de comisiones y obligar al oficialismo a discutir los proyectos que hoy permanecen bloqueados en los órganos legislativos controlados por representantes del Gobierno.
Si ese mecanismo prospera, el escándalo podría extenderse durante varias semanas y mantenerse en el centro de la agenda pública.
La oposición interpreta que el desgaste permanente de Adorni afecta directamente al presidente Javier Milei, especialmente porque el funcionario se convirtió en uno de los principales voceros políticos del Gobierno y en una figura emblemática del oficialismo.
Paradójicamente, algunos sectores opositores consideran incluso más conveniente que Adorni permanezca en su cargo antes que una renuncia inmediata.
Según esa lectura, cada nueva explicación, cada rectificación patrimonial y cada aparición pública del jefe de Gabinete alimentan una controversia que erosiona diariamente la imagen del Gobierno y dificulta que la administración Milei recupere la iniciativa política.
En la Casa Rosada, por ahora, prevalece la decisión de resistir.
El Presidente ratificó en distintas oportunidades su respaldo a Adorni y confía en que la oposición no conseguirá reunir las mayorías necesarias para avanzar con una destitución.
Pero el problema ya dejó de ser exclusivamente parlamentario.
La principal amenaza para el jefe de Gabinete parece provenir de la acumulación de costos políticos, del malestar creciente entre aliados y de una investigación patrimonial que continúa avanzando mientras el Congreso se prepara para convertir el caso en uno de los grandes ejes de confrontación política de las próximas semanas.
