La Paz – 20 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional para intentar desmontar los bloqueos de rutas que desde hace más de seis semanas paralizan al país, profundizan el desabastecimiento y elevan la tensión política en medio de la crisis económica más grave de las últimas cuatro décadas.
La decisión fue anunciada por el mandatario rodeado de su gabinete, luego de que sectores indígenas y cocaleros afines al ex presidente Evo Morales rechazaran el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el conflicto. “Tomamos la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz, quien denunció además la existencia de “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
La medida habilita al Ejecutivo a desplegar a las Fuerzas Armadas para liberar carreteras, garantizar la circulación y recuperar el control de corredores estratégicos bloqueados por organizaciones campesinas, cocaleras y sindicales. El decreto deberá ser notificado al Congreso dentro de las 24 horas y sometido a aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.
El conflicto comenzó a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir respuestas frente al deterioro económico, la escasez de combustible, la falta de dólares, el aumento del costo de vida y denuncias por la venta de gasolina de baja calidad. Con el correr de las semanas, las demandas se endurecieron y pasaron a incluir la renuncia del presidente.
El acuerdo firmado el viernes entre el Gobierno y la COB buscaba poner fin a 50 días de protestas, bloqueos y enfrentamientos que dejaron al menos 14 muertos, según reportes de organismos locales. Sin embargo, la Federación Túpac Katari y grupos cocaleros vinculados a Morales decidieron mantener las medidas de fuerza, especialmente en zonas rurales y en el departamento de Cochabamba, donde el ex mandatario conserva su principal base política.
La situación golpeó con especial fuerza a La Paz y El Alto, ciudades que sufren faltantes de alimentos, medicamentos y combustibles. Las filas en estaciones de servicio, el cierre parcial de comercios y la interrupción de cadenas de abastecimiento elevaron la presión social sobre un gobierno que asumió en noviembre, después de dos décadas de predominio de la izquierda en el poder.
Paz acusa a Morales de alentar las protestas para desestabilizar a su administración y de utilizar estructuras financiadas por actividades ilegales. El ex presidente, por su parte, niega esas acusaciones y sostiene que existe una persecución política en su contra. Desde el Chapare, región cocalera del centro del país, mantiene influencia sobre sectores movilizados y evita una orden de captura dictada en una causa por presunta trata agravada de personas, vinculada a una menor de edad a la que habría embarazado durante su mandato.
La crisis deja al descubierto una fractura social y política que excede el reclamo económico. Para el oficialismo, los bloqueos ya no constituyen una protesta sectorial sino una operación coordinada para forzar la caída del Gobierno. Para los sectores movilizados, en cambio, el Ejecutivo aplicó medidas de ajuste sin consenso social y respondió con criminalización y persecución judicial.
El estado de excepción abre una nueva etapa de incertidumbre. Si el Gobierno logra despejar rutas sin provocar una escalada de violencia, podría recuperar margen político. Pero si la intervención militar deriva en choques con campesinos, indígenas y cocaleros, Bolivia podría ingresar en una fase aún más crítica, con el riesgo de que la crisis económica termine convertida en una crisis institucional de alcance regional.
