Buenos Aires – 28 junio 2026 – Total News Agency – TNA – La eventual llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete busca cerrar el capítulo más incómodo del gobierno de Javier Milei: la caída de Manuel Adorni, eyectado tras meses de desgaste, denuncias patrimoniales, presión parlamentaria y pérdida de credibilidad pública. Sin embargo, el reemplazo elegido para ordenar la política no llega vacío de antecedentes. Por el contrario, su desembarco abre una etapa inevitable: muchos comenzarán a bucear en sus bienes, viajes, vínculos, relaciones políticas, gestión al frente de la seguridad porteña y zonas oscuras de su trayectoria. Incluso el mismo Presidente lo insulto y cuestiono por sus bienes y gastos.
Santilli aparece como el hombre destinado a profesionalizar la negociación con gobernadores, recomponer puentes con el PRO, ordenar el vínculo con bloques dialoguistas y devolverle al Gobierno la capacidad de articular en el Congreso. Pero esa necesidad política no cancela una pregunta básica: ¿qué antecedentes arrastra quien ahora podría convertirse en el ministro coordinador del Gobierno nacional?
Total News Agency – TNA muestra hoy algunos de los temas que podrían entrar en debate si Milei formaliza su designación. No se trata de reemplazar a la Justicia ni de dictar sentencia alguna. Se trata de recordar información pública, antecedentes periodísticos y hechos de gestión que forman parte del recorrido político de Santilli y que, más temprano que tarde, volverán a ser observados.
El primer capítulo es su paso por la seguridad porteña. Santilli quedó al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tras la salida de Martín Ocampo, luego del fracaso del operativo de seguridad de la final River-Boca de 2018. Desde fines de ese año y hasta julio de 2021, cuando dejó el cargo para competir como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, condujo políticamente a la Policía de la Ciudad y consolidó un modelo basado en cámaras, monitoreo, despliegue territorial, tecnología de vigilancia y discurso duro contra el delito.
Ese período tuvo luces, pero también sombras. El antecedente más sensible fue el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, presentado en 2019 por Santilli como una herramienta para identificar personas con pedido de captura. La promesa oficial era acotada: buscar prófugos. Pero el sistema terminó envuelto en denuncias por vigilancia masiva, uso indebido de datos biométricos y falta de controles suficientes.
La Justicia porteña suspendió el sistema y el juez Roberto Gallardo sostuvo que su funcionamiento había sido arbitrario e irregular. Medios nacionales reportaron que el esquema habría alcanzado a millones de personas, cuando debía limitarse a un universo mucho menor de personas buscadas por la Justicia. También se difundieron peritajes y denuncias por presunto uso indebido de información biométrica. Santilli, lejos de retroceder, defendió públicamente la herramienta y acusó al magistrado de favorecer a delincuentes.
Ese antecedente no es menor para un dirigente que ahora podría coordinar todo el gabinete nacional. La utilización de tecnología estatal sobre datos personales, el alcance de los sistemas de vigilancia y los límites entre seguridad y espionaje son temas centrales en cualquier democracia. Santilli llega con ese debate en su historial.
El segundo eje es patrimonial. Publicaciones periodísticas vincularon a Santilli y su familia con sociedades en el exterior. En diciembre de 2024, Página/12 publicó que se denunciaba la existencia de sociedades familiares en paraísos fiscales. Otros portales retomaron vínculos con los Pandora Papers, sociedades offshore y operaciones en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas y Florida. Santilli respondió públicamente que sus empresas tenían balances al día, impuestos pagos y que las sociedades familiares estaban declaradas ante la AFIP.
Pero el tema no desaparece por un descargo. En política, la explicación pública forma parte del estándar que se exige a quien aspira a conducir áreas sensibles del Estado. Después del caso Adorni, donde el patrimonio, los dólares, las criptomonedas, las propiedades y los gastos suntuosos consumieron la agenda oficial durante meses, la llegada de Santilli inevitablemente reactivará preguntas similares.
Otro antecedente publicado por El Disenso señala que Santilli habría registrado en su declaración jurada de 2015 una deuda hipotecaria de USD 550.000 con Marcos Podestá, empresario proveedor del Gobierno de la Ciudad. Según esa investigación, al año siguiente la deuda ya no figuraba, pese a que el dirigente se desempeñaba como funcionario público con dedicación al cargo. El dato, por su monto y por la relación con un proveedor estatal, es de los que suelen encender alarmas políticas.
A ese capítulo se suma la polémica de los patrulleros porteños enviados a municipios bonaerenses. En 2021, cuando Santilli ya construía su desembarco político en la Provincia de Buenos Aires, entregó móviles de la Ciudad a distritos bonaerenses gobernados por dirigentes de Juntos por el Cambio. La medida generó críticas del gobierno de Axel Kicillof, reproches internos y una discusión sobre el uso territorial del área de seguridad porteña en plena disputa política.
El punto menos mencionado por los grandes medios es otro: la falta de acciones contundentes contra estructuras narco instaladas en asentamientos de CABA, especialmente en torno al caso del narco conocido como “Dumbo”, identificado como Raúl Martín Maylli Rivera, vinculado al control de la venta de drogas en el Barrio Padre Mugica de Villa Lugano. Según fuentes de TNA, durante un tiempo Dumbo habría contado con algún tipo de protección o tolerancia territorial, mientras Santilli, como vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad, tenía bajo su órbita la conducción política de la seguridad porteña.
La figura de Dumbo no fue marginal. Su nombre apareció asociado al avance narco en Villa Lugano, al control territorial, a bunkers, armas, violencia y desplazamientos dentro de la trama criminal de la Ciudad. La propia prensa nacional reconstruyó su poder en el barrio y sus vínculos con otros capos del narcotráfico, entre ellos estructuras provenientes del Bajo Flores. La pregunta política que queda flotando es por qué, durante años, determinadas organizaciones narco pudieron consolidarse en asentamientos porteños bajo una gestión que proclamaba mano dura, tecnología y control territorial.
Ese punto debería ser especialmente revisado si Santilli asume la Jefatura de Gabinete. No es un tema menor que quien estuvo al frente de la seguridad porteña deba responder sobre la eficacia real de la política contra el narco en barrios vulnerables de la Ciudad. Mucho más cuando el Gobierno nacional pretende exhibir una línea dura contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción estatal.
El eventual ascenso de Santilli también ocurre tras una paradoja política. Milei, que en otro momento lo había definido con dureza y lo había cuestionado como candidato, ahora lo necesita como pieza de orden. La política argentina suele tener esos giros: quien ayer era parte del problema hoy aparece como solución de emergencia.
Tras la renuncia de Adorni, la Casa Rosada necesita mostrar control, relanzamiento y capacidad de gestión. Santilli ofrece oficio político, relación con gobernadores, experiencia electoral y llegada a sectores del PRO. Pero también trae una mochila propia. Y si el Gobierno creyó que la salida de Adorni cerraba la discusión sobre patrimonios, gastos, relaciones y antecedentes, puede estar equivocado.
El nuevo jefe de Gabinete, si finalmente es designado, no tendrá margen para instalarse como si empezara desde cero. Sus años en la Ciudad, su rol sobre la Policía de la Ciudad, el reconocimiento facial, las publicaciones sobre sociedades familiares, el préstamo de USD 550.000, los patrulleros enviados a municipios bonaerenses, las menciones sobre viajes y gastos, y la falta de resultados contundentes frente al narco en asentamientos porteños volverán al debate público.
La pregunta no es si Santilli tiene capacidad para negociar. La pregunta es si Milei puede permitirse reemplazar a un funcionario caído por cuestionamientos patrimoniales con otro dirigente que también arrastra antecedentes sensibles. La salida de Adorni le dio alivio al Gobierno. La llegada de Santilli puede darle volumen político. Pero también abre otro frente de preguntas.
Total News Agency – TNA considera que la función periodística es reflejar la información pública disponible y señalar los puntos que deberán ser explicados por sus protagonistas. Si Santilli será el encargado de ordenar el Gobierno después del escándalo Adorni, entonces también deberá estar dispuesto a responder sobre su propio pasado político, patrimonial y de gestión.
Después de todo hay antecedentes familiares paternos vinculados a la corrupción en los 90, durante el escándalo IBM Banco Nación.Indocuer. Algunos jóvenes directores del Banco Nación de aquellos años se reciclaron y prestarían servicio en este gobierno.
IBM-Banco Nación-Indocuer
El apellido Santilli también remite a antecedentes familiares vinculados al poder económico y político de los años 90. Hugo César Santilli, padre de Diego Santilli, presidió el Banco de la Nación Argentina entre julio de 1989 y enero de 1991, durante el gobierno de Carlos Menem. Desde ese lugar quedó asociado a la etapa inicial del llamado Proyecto Centenario, el plan de modernización informática del Banco Nación que años después derivaría en el escándalo IBM-Banco Nación, uno de los casos emblemáticos de corrupción de la década menemista.
En rigor, la firma del polémico contrato con IBM, valuado en unos 250 millones de dólares, se produjo bajo la gestión posterior de Aldo Dadone, ya fuera Hugo Santilli de la conducción del banco. Pero su paso por la entidad quedó registrado como parte de la secuencia institucional que abrió el proceso de reorganización e informatización del Banco Nación, luego atravesado por denuncias de retornos, subcontratistas y sobornos millonarios.
El antecedente judicial que sí golpeó directamente a Hugo Santilli fue el llamado Caso Inducuer, otra megacausa de los años 90 por presunto fraude al Estado mediante el otorgamiento irregular de avales y respaldos financieros del Banco Nación a una curtiembre privada en crisis. En ese expediente, el juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria a exdirectivos del banco, entre ellos Hugo César Santilli, junto a otros exfuncionarios de la entidad. La maniobra investigada involucraba préstamos y avales superiores a los 30 millones de dólares a favor de una firma vinculada al financista Fernando de Santibañes, quien años más tarde sería jefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Ese dato no convierte a Diego Santilli en responsable de hechos atribuidos a su padre, pero sí forma parte del contexto político y familiar que inevitablemente vuelve a aparecer cuando el dirigente es proyectado a un cargo central del Estado. En la política argentina, los apellidos, las relaciones, las trayectorias patrimoniales y los antecedentes familiares suelen regresar cuando alguien se acerca al núcleo del poder. Y en este caso, tras la caída de Manuel Adorni, el eventual ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete reabre una revisión más amplia sobre su historia, sus vínculos, su patrimonio y el universo político del que proviene.
Diego Santilli ocupaba un cargo en la Dirección de Migraciones que comandaba Hugo Franco, alias “Raton Perfumado”, apodo mal intencionado que recordaba que antes de arribar a la politica, poseei una chatarreria. Por cierto, las denuncias por corrupción contra la direccion no fueron pocas.
