Por Sandra Mossayebeh.
La ruptura del entendimiento entre Estados Unidos e Irán no puede explicarse únicamente por los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz ni por la posterior respuesta militar estadounidense. Esos episodios revelan una contradicción más profunda. Washington y Teherán disputan la autoridad para establecer las reglas del orden regional, determinar las condiciones de circulación de la energía y definir los límites de la influencia iraní. La tregua no fracasó por un incidente aislado. Se quebró porque cada parte le había atribuido un significado diferente.
Donald Trump declaró el 8 de julio terminado el memorando de entendimiento alcanzado con Irán, consideró inútil la continuidad de las conversaciones y ordenó nuevos ataques. El Mando Central estadounidense presentó las operaciones como una respuesta destinada a reducir la posibilidad de que Teherán amenazara la libertad de navegación. La República Islámica contestó con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait. La confrontación dejó así de concentrarse en territorio iraní y en las aguas de Ormuz para extenderse hacia los Estados que alojan la infraestructura militar de Washington en el Golfo.
El acuerdo firmado el 17 de junio había suspendido temporalmente las hostilidades y abierto negociaciones indirectas para alcanzar una salida más duradera. Sin embargo, dejaba sin resolver la cuestión fundamental. Para la Casa Blanca, la reapertura de Ormuz debía restablecer una vía internacional protegida por su poder naval. Teherán consideraba que permitir la circulación no implicaba renunciar a la posibilidad de condicionarla ni aceptar una arquitectura regional construida al margen de sus intereses. Washington pretendía normalizar el corredor. Irán buscaba convertirlo en el reconocimiento material de su gravitación regional.
Esa divergencia explica la fragilidad del memorando. La administración estadounidense intentó separar la navegación del programa nuclear, las sanciones, los misiles y la presencia iraní en el Líbano, Irak y Yemen. La República Islámica siguió una lógica opuesta y vinculó esos frentes para impedir que sus instrumentos de presión fueran desmantelados de manera gradual. Desde la perspectiva de Teherán, negociar mientras sus aliados perdían posiciones habría significado conceder por partes aquello que Washington no podía obtener mediante una confrontación directa.
Ormuz adquirió entonces una relevancia que comenzó a superar incluso a la cuestión nuclear. El enriquecimiento de uranio representa una amenaza potencial cuyos efectos dependen de decisiones futuras. La alteración del tránsito marítimo, en cambio, produce consecuencias inmediatas sobre los seguros, los fletes, las reservas, el precio del petróleo y las decisiones de las empresas navieras. Para determinados sectores del régimen, el corredor se convirtió en un recurso capaz de obligar a sus adversarios a negociar sin necesidad de alcanzar una capacidad nuclear definitiva.
Teherán tampoco necesita bloquearlo por completo. Un cierre prolongado perjudicaría sus propias exportaciones, afectaría a China y deterioraría sus relaciones con las monarquías vecinas. Su ventaja reside en administrar la inseguridad mediante ataques selectivos, restricciones parciales y amenazas creíbles. El propósito no consiste en detener cada embarcación, sino en demostrar que ninguna puede atravesar la zona sin incorporar a Irán dentro de su cálculo de riesgo.
La dimensión energética amplifica esa presión. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, durante el primer semestre de 2025 circularon por Ormuz cerca de veinte millones de barriles diarios de petróleo y otros líquidos, un volumen equivalente a casi una quinta parte del consumo mundial. A ello se suma alrededor del veinte por ciento del comercio internacional de gas natural licuado, principalmente procedente de Qatar. La mayor parte de esos flujos tiene como destino los mercados asiáticos, lo que convierte al paso marítimo en una infraestructura crítica no solo para el Golfo, sino también para China, India, Japón y Corea del Sur.
Esta concentración transforma a Ormuz en el talón de Aquiles de la superioridad estadounidense. Aquiles era el guerrero más poderoso, pero su fuerza extraordinaria dependía de un punto vulnerable. Washington conserva una ventaja militar incomparable frente a Irán. Puede destruir radares, instalaciones costeras, centros de mando, sistemas antiaéreos y embarcaciones. Lo que no puede garantizar simultáneamente es la seguridad de cada buque, cada puerto, cada base y cada terminal energética distribuida por el Golfo.
La vulnerabilidad no surge de una inferioridad militar, sino de la extensión de aquello que debe proteger. Un misil puede ser interceptado y, aun así, elevar el precio del petróleo. Un dron puede ser destruido y provocar, pese a ello, un aumento de las primas de seguro. Incluso una operación sin consecuencias materiales decisivas puede llevar a numerosas compañías a modificar sus rutas. Allí reside la asimetría que Irán procura explotar. Washington mide su fuerza por la cantidad de objetivos que puede neutralizar. Teherán mide la propia por la cantidad de decisiones que consigue alterar.
Los ataques contra Baréin y Kuwait profundizan esa lógica. Durante años, las monarquías del Golfo intentaron combinar la protección estadounidense con una relación prudente con la República Islámica. Bases, radares y centros de mando occidentales convivían con canales diplomáticos destinados a contener la confrontación. La ampliación del conflicto reduce ese margen. Cuanto mayor sea la utilización de esos territorios para operaciones contra Irán, más difícil resultará para sus gobiernos presentarse como actores externos a la guerra.
Baréin alberga a la Quinta Flota estadounidense. Kuwait desempeña funciones logísticas esenciales, mientras Qatar aloja la base aérea de Al Udeid. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también integran la arquitectura de vigilancia y defensa de Washington. Todos enfrentan la misma paradoja. Necesitan esa presencia para contener a Teherán, pero la infraestructura que debería protegerlos puede convertirlos en blancos de represalias. La protección comienza a producir exposición.
La presión sobre Hezbolá agrega otra dimensión. La organización representa una pieza central de la profundidad defensiva iraní frente a Israel y de su proyección hacia el Mediterráneo oriental. Los acuerdos destinados a promover su desarme y reducir su fuerza militar son interpretados por Teherán como parte de una ofensiva más amplia contra su red regional. Desde esa perspectiva, la tregua con Washington no podía significar la aceptación pasiva de un retroceso simultáneo en el Líbano, Irak y Yemen.
Las operaciones iraníes cumplieron, por lo tanto, varias funciones. Respondieron a los ataques estadounidenses, advirtieron a los gobiernos del Golfo, reafirmaron el compromiso con los aliados regionales y transmitieron un mensaje hacia el interior del régimen. Los sectores más intransigentes podían interpretar la negociación y el alivio parcial de las sanciones como señales de capitulación. La reanudación de la actividad militar permitió demostrar que la diplomacia no implicaba abandonar los instrumentos de disuasión.
Trump también modificó su orientación. Al comienzo, la fuerza era presentada como un medio destinado a llevar a Irán hacia un acuerdo rápido. Los bombardeos debían facilitar la negociación, restablecer la circulación energética y evitar una guerra prolongada. La declaración del 8 de julio invirtió esa secuencia. La acción militar comenzó a sustituir a una diplomacia considerada inútil.
Ese giro no resolvió el problema político. Las operaciones estadounidenses pueden degradar la infraestructura iraní, pero no han eliminado su posibilidad de emplear misiles, desplegar drones, amenazar el tránsito marítimo ni atacar instalaciones regionales. La destrucción de objetivos produce superioridad táctica, aunque no necesariamente obediencia estratégica. Al mismo tiempo, cada nueva ofensiva fortalece a quienes sostienen en Teherán que Washington utiliza las treguas para reorganizarse, restablecer sanciones y elevar sus exigencias.
La radicalización se alimenta mutuamente. Trump encuentra en los ataques marítimos la prueba de que Irán no respeta sus compromisos. La Guardia Revolucionaria interpreta los bombardeos como la confirmación de que Estados Unidos nunca aceptará un equilibrio que reconozca el peso iraní. Cada parte utiliza la conducta de la otra para justificar la continuidad de la confrontación.
El problema decisivo no consiste en saber si Washington puede castigar a Teherán. Ya ha demostrado que puede hacerlo. La verdadera cuestión es si dispone de los medios necesarios para convertir ese castigo en un orden estable. Irán no puede derrotar militarmente a Estados Unidos, pero conserva suficientes recursos para elevar los costos, comprometer a sus aliados e impedir que la navegación recupere una normalidad independiente de su consentimiento.
Ormuz expone así el límite del poder estadounidense. Washington domina el espacio militar, pero no controla todas las consecuencias políticas y económicas de su propia superioridad. Cuanto más intensifica la presión, más territorios debe proteger, mayor es la exposición de sus socios y más probable resulta que un incidente limitado afecte al sistema energético mundial.
Ese es el talón de Aquiles de Washington. No la falta de fuerza, sino la dificultad para transformar una capacidad extraordinaria de destrucción en estabilidad política. Irán no necesita vencerlo. Le basta con demostrar que una potencia capaz de imponerse en cada represalia todavía puede perder el control de sus consecuencias.
El cambio final de “perder el control del resultado” por “perder el control de sus consecuencias” refuerza la idea de que Washington domina la operación militar, pero no necesariamente los efectos regionales que produce.
