Buenos Aires – 11 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. Una nueva investigación periodística puso bajo la lupa una posible estructura de recaudación vinculada con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, empresas proveedoras de sistemas de fotomultas, municipios del conurbano bonaerense y universidades nacionales utilizadas presuntamente como intermediarias para canalizar contrataciones públicas con menores controles. Tambien habría una organización destinada a eliminar fotomultas vinculada a la política.
La pesquisa apunta especialmente a Always Group S.A., una compañía dedicada a soluciones tecnológicas, provisión de cinemómetros y sistemas de control vehicular, que habría mantenido vínculos laborales con Priscila Daiana Ferrante, sobrina de Jésica Cirio, exesposa de Insaurralde.
Según la información presentada por la periodista Guadalupe Vázquez en el programa Guada Recargada, de Radio Rivadavia, Ferrante trabajó para Always Group S.A. entre 2016 y 2018. Años más tarde, la empresa habría sido incorporada al registro de proveedores de la Provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, en septiembre de 2021.
La proximidad temporal no prueba por sí sola una irregularidad, pero constituye uno de los elementos que deberán ser analizados por la Justicia para determinar si existió una relación entre el desembarco político de Insaurralde en la administración provincial y el crecimiento de la empresa dentro del negocio de las fotomultas.
“Fue inscripta como proveedora del Gobierno de la Provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete. Una coincidencia, casualidad, no lo creo”, sostuvo Vázquez al presentar la documentación.
Una empresa conectada con el entorno familiar
La investigación adquiere mayor relevancia porque Priscila Ferrante ya está bajo análisis en el expediente federal que investiga el patrimonio de Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici.
El juez federal Luis Armella dispuso profundizar el análisis patrimonial de Ferrante y levantar su secreto fiscal y bancario, medida destinada a reconstruir la evolución de sus bienes, ingresos, sociedades y movimientos financieros.
La joven también había aparecido mencionada en otra investigación vinculada con presuntas facturas apócrifas y maniobras financieras junto con su expareja, Ever Russo. Esos antecedentes no implican culpabilidad, pero explican por qué la Fiscalía busca determinar si actuó únicamente como empleada o si pudo cumplir alguna función dentro de una estructura patrimonial más amplia.
El expediente central por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos está impulsado por el fiscal federal Sergio Mola, no “Morla”, como apareció consignado en algunas versiones. Mola investiga el origen del patrimonio de Insaurralde, sus propiedades, viajes, gastos, movimientos bancarios y las eventuales conexiones económicas con familiares y personas de su entorno.
La documentación reunida por Vázquez fue puesta a disposición de Mola y del fiscal platense Álvaro Garganta, quien investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas con el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante la gestión del exministro bonaerense Jorge D’Onofrio.
Proveedores, municipios y domicilios compartidos
Otro dato señalado por la investigación es que Always Group S.A. compartiría domicilio legal con otras empresas mencionadas en expedientes relacionados con el negocio del tránsito.
La condición de proveedora de la compañía habría podido verificarse tanto ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como ante la Municipalidad de Almirante Brown.
En el caso de Lomas de Zamora, distrito gobernado durante años por Insaurralde y considerado el centro territorial de su poder político, todavía no pudo comprobarse formalmente una contratación porque el registro municipal de proveedores no se encuentra disponible de manera completa y accesible.
Sin embargo, los dispositivos homologados por Always Group S.A. serían similares a los que funcionan en ese municipio, circunstancia que los investigadores intentarán contrastar con expedientes, órdenes de compra, convenios y datos de facturación.
La falta de transparencia de algunos registros municipales constituye por sí misma un problema. Cuando se trata de contratos vinculados con la recaudación de multas, la ciudadanía debería poder conocer qué empresas instalan los equipos, cuánto cobran, qué porcentaje reciben de cada infracción y quién controla la homologación y el mantenimiento.
La presunta triangulación con universidades
El aspecto más delicado es la posible utilización de universidades nacionales como intermediarias para canalizar fondos públicos.
La hipótesis investigada en distintos expedientes sostiene que municipios y organismos provinciales habrían celebrado convenios con universidades, que posteriormente subcontrataban a empresas privadas para instalar equipos, procesar infracciones o administrar sistemas informáticos.
Ese mecanismo puede ser legal cuando existe una finalidad académica o técnica real. Pero también puede utilizarse para evitar licitaciones abiertas, reducir controles administrativos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
En abril de 2026 se conoció otra causa federal vinculada con una supuesta red de coimas, lavado y contrataciones realizadas mediante funcionarios, empresarios y universidades. Esa investigación quedó radicada ante la jueza federal María Servini, a partir de una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan.
Por el momento, no está probado que Always Group S.A., Ferrante o Insaurralde hayan formado parte de esa estructura. Pero la eventual existencia de domicilios compartidos, proveedores coincidentes y convenios triangulados justifica cruzar las bases de datos de todas las causas.
El antecedente D’Onofrio
El negocio de las fotomultas ya provocó una grave crisis política dentro del Gobierno bonaerense.
El exministro de Transporte Jorge D’Onofrio fue citado a declaración indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta en una causa que analiza presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y la VTV.
La investigación busca establecer si existieron cobros ilegales, direccionamiento de contratos, intermediarios y circuitos destinados a reducir o eliminar multas a cambio de dinero.
Debe aclararse que otra denuncia distinta, referida específicamente a la supuesta falta de habilitación administrativa de determinados cinemómetros instalados en rutas bonaerenses, fue archivada en mayo de 2026 después de que Garganta concluyera que los equipos analizados contaban con autorización. Ese cierre no alcanzó necesariamente a todas las líneas vinculadas con contrataciones, coimas o la administración general del sistema.
La distinción es importante para evitar presentar como una única causa investigaciones que tienen objetos diferentes.
Una posible nueva fuente de financiamiento
La hipótesis de las fotomultas podría sumarse a otras líneas que la Justicia analiza para reconstruir el crecimiento patrimonial de Insaurralde.
Entre ellas aparecen el eventual manejo discrecional de recursos durante su paso por la Jefatura de Gabinete bonaerense, negocios relacionados con el juego, operaciones inmobiliarias, desarrollos en la Costa Atlántica y movimientos económicos efectuados a través de personas de confianza.
El exfuncionario quedó bajo investigación después de la difusión, en 2023, de imágenes de un viaje en un yate de lujo por Marbella junto con Sofía Clerici. Desde entonces, la causa incorporó propiedades, cuentas, viajes, gastos y material audiovisual en el que aparecen grandes cantidades de dólares.
La eventual conexión con las fotomultas abriría una dimensión distinta: no se trataría solamente de bienes no justificados, sino de una posible fuente sistemática de recaudación alimentada por contratos públicos, municipios y multas pagadas por miles de conductores.
Un sistema que exige máxima transparencia
Las fotomultas pueden ser una herramienta legítima para reducir accidentes y controlar excesos de velocidad. Pero cuando el sistema se transforma en un negocio opaco, pierde su finalidad preventiva y corre el riesgo de convertirse en una maquinaria recaudatoria.
Cada infracción genera un flujo de dinero que puede repartirse entre municipios, organismos provinciales, empresas tecnológicas, procesadores de datos y operadores privados.
Por ese motivo, la Justicia deberá determinar: quiénes eran los accionistas y beneficiarios finales de Always Group S.A.;
qué contratos obtuvo desde septiembre de 2021; qué montos facturó a la Provincia, Almirante Brown y otros municipios; si existieron convenios con universidades; qué relación mantuvo Ferrante con la empresa después de 2018; y si parte de esos fondos terminó vinculada directa o indirectamente con Insaurralde.
Hasta ahora, la documentación conocida constituye una línea de investigación y no una prueba concluyente de delito.
Pero las coincidencias temporales, los vínculos familiares, los domicilios compartidos y la expansión de una empresa dentro de un negocio ya alcanzado por investigaciones judiciales son elementos suficientes para exigir una auditoría completa.
La supuesta caja de las fotomultas podría convertirse en una pieza central para explicar de dónde surgieron los recursos que rodearon durante años al exjefe de Gabinete bonaerense.
