Buenos Aires – 12 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La incorporación de María Pérez Cárrega, secretaria letrada vinculada laboralmente con el camarista Alberto Lugones, a la terna destinada a cubrir el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 despertó fuertes sospechas en ámbitos judiciales sobre un posible nuevo capítulo del denominado “blindaje” en favor del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
El juzgado no es uno más dentro de la estructura de Comodoro Py. Actualmente concentra la investigación sobre la mansión de Pilar, valuada en alrededor de US$17 millones, cuya propiedad formal aparece vinculada con personas investigadas como posibles testaferros de dirigentes de la entidad futbolística.
La controversia se originó porque Pérez Cárrega ocupaba inicialmente el puesto 12 del orden de mérito del Concurso 430, destinado a cubrir la vacante del juzgado. Después de las entrevistas personales, avanzó hasta integrar la lista complementaria y finalmente quedó incluida en la terna definitiva remitida al Poder Ejecutivo Nacional.
El ascenso desplazó a varios candidatos que habían obtenido mejores calificaciones en las etapas objetivas de antecedentes y examen escrito.
No existe hasta ahora una prueba judicial que demuestre que la modificación haya sido realizada para favorecer a Tapia o Toviggino. Sin embargo, la sensibilidad del tribunal, el vínculo laboral entre la postulante y Lugones, y el modo en que se alteró el orden original justifican una explicación pública y exhaustiva del Consejo de la Magistratura.
Del puesto 12 a la terna definitiva
El Concurso 430 fue abierto en 2019 y tuvo un desarrollo excepcionalmente prolongado.
El examen escrito se realizó ese año, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020 y las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022. La propuesta de la Comisión de Selección avanzó durante 2026 y posteriormente fue ratificada por el plenario del organismo.
En el orden inicial, Pérez Cárrega aparecía en el puesto 12, con 150,20 puntos. Los primeros lugares eran ocupados por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino.
El Consejo de la Magistratura confirmó oficialmente que Pérez Cárrega participó de las entrevistas personales realizadas en septiembre de 2022 junto con los restantes postulantes al juzgado.
El consejero Diego Barroetaveña, responsable del informe posterior, sostuvo que la candidata había demostrado un “perfil integral y actualizado”, capacitación en perspectiva de género y ética pública, y un conocimiento más acabado de los temas abordados.
Con ese fundamento, propuso modificar el orden y ubicarla junto con Labadens, Márquez y Latino.
El dictamen fue aprobado en la comisión con los votos de Alberto Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Fernanda Vázquez, antes de ser ratificado por el plenario.
La intervención de Lugones generó cuestionamientos porque Pérez Cárrega se desempeña como colaboradora dentro de su estructura. El camarista es, además, una figura relevante de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, históricamente identificada con sectores del peronismo.
El movimiento que terminó de abrirle la puerta
El expediente contemplaba que Pérez Cárrega ingresara en una lista complementaria si alguno de los postulantes mejor ubicados era designado en otro tribunal.
Eso ocurrió con Ignacio Labadens.
El presidente Javier Milei lo nombró juez del Juzgado Nacional de Menores N.º 2 mediante el Decreto 506/2026, firmado el 24 de junio y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial.
Después de esa designación, la terna para el Juzgado Penal Económico N.º 10 quedó integrada por María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
De esa manera, una candidata que había quedado detrás de otros once postulantes terminó en condiciones de ser elegida por el Poder Ejecutivo para conducir uno de los tribunales más sensibles para la cúpula de la AFA.
Corresponde ahora al Gobierno seleccionar uno de los tres nombres y enviar el pliego al Senado de la Nación.
Fuentes oficiales citadas por medios nacionales aseguraron que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no conoce a Pérez Cárrega y no fue consultado para promover su candidatura. Esa versión, sin embargo, no despeja los interrogantes sobre la actuación del representante del Ejecutivo ante el Consejo, Santiago Viola, quien acompañó el dictamen que modificó el orden.
El juzgado de la mansión de Pilar
El Juzgado Penal Económico N.º 10 se encuentra actualmente subrogado por la jueza Verónica Straccia.
La magistrada recibió la causa que investiga la compra de un predio de más de diez hectáreas en Pilar, efectuada en mayo de 2024 por Real Central S.R.L. Sus titulares formales, Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, son investigados como posibles testaferros.
La hipótesis central apunta a establecer si el beneficiario real del inmueble sería Pablo Toviggino. Durante los procedimientos se secuestraron vehículos de alta gama, documentación y objetos personales que son analizados para determinar la relación entre la propiedad y los integrantes de la conducción de la AFA.
La investigación atravesó una larga disputa de competencia.
El juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, había reclamado intervenir a partir del traslado del domicilio legal de la AFA desde la histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia Pilar.
Finalmente, la Cámara Nacional en lo Penal Económico, integrada en esa decisión por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ordenó que la investigación fuera remitida al juzgado de Straccia. Cuando el envío se demoró, el tribunal exigió su remisión urgente.
El cambio de juez titular podría producirse en plena etapa de análisis patrimonial, financiero y societario.
La polémica intervención de Lugones
La actuación de Alberto Lugones también aparece en otro momento decisivo del expediente.
En enero, la Cámara Federal de San Martín, con su intervención, había considerado válido el traslado del domicilio de la AFA a Pilar y desplazado al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.
Esa decisión permitió que parte de la investigación pasara a manos de González Charvay. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el traslado y ordenó que el conflicto fuera revisado dentro del fuero correspondiente.
La sucesión de resoluciones contradictorias retrasó durante meses la definición sobre qué juez debía investigar.
Ahora, mientras el expediente quedó reunificado en el tribunal que subroga Straccia, una colaboradora de Lugones aparece entre las tres candidatas con posibilidades de ocuparlo de manera permanente.
La coincidencia no prueba una maniobra, pero exige que el Gobierno explique con qué criterios seleccionará al futuro juez y qué garantías ofrecerá para evitar cualquier conflicto de intereses.
Fallos favorables y controles debilitados
La controversia se inserta en una secuencia más amplia de decisiones que beneficiaron institucionalmente a la conducción de la AFA.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la intervención de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia para controlar la entidad y el manejo de fondos vinculados con la explotación comercial de la Selección Argentina.
Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset concluyeron que la fiscalización correspondía a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, debido al traslado de la sede hacia Pilar.
Ese mismo cambio de domicilio fue utilizado para discutir competencias penales, desplazar magistrados y alejar el control de organismos nacionales.
También resultó funcional para que la supervisión quedara bajo un organismo dependiente del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, cuya relación política con la conducción de la AFA ha sido señalada en reiteradas oportunidades.
Veintiún expedientes y escasos avances
Fuentes judiciales señalan que existen alrededor de 21 expedientes relacionados con actividades, negocios o dirigentes de la AFA, pero la cantidad de decisiones de fondo continúa siendo limitada.
Hasta ahora, Tapia y Toviggino registran como resolución especialmente relevante un procesamiento dictado por el juez Diego Amarante en una causa por la presunta retención indebida de tributos.
En otros expedientes continúan las disputas de competencia, las apelaciones y las discusiones sobre qué fuero debe intervenir.
Una de esas controversias llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir qué magistrado investigará la denuncia promovida por el empresario Guillermo Tofoni. La jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi consideraron que existen elementos para la intervención de la Justicia federal.
El expediente pasó a la Procuración General de la Nación, donde el procurador Eduardo Casal debe emitir su dictamen antes de que el máximo tribunal resuelva.
Una designación que debe quedar fuera de toda sospecha
El sistema constitucional permite que las entrevistas personales modifiquen el orden surgido de los exámenes. Pero el margen de discrecionalidad es precisamente uno de los aspectos más cuestionados del mecanismo de selección.
Un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advirtió que varios postulantes ascendieron más de diez posiciones después de las entrevistas, y algunos avanzaron hasta 32 lugares.
El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz impulsó una reforma para reducir el peso de esa etapa y fortalecer los criterios objetivos, como antecedentes, trayectoria y exámenes.
En el caso de Pérez Cárrega, el problema no reside solamente en el salto desde el puesto 12.
La candidata podría quedar al frente del tribunal que debe esclarecer una de las investigaciones patrimoniales más delicadas relacionadas con Tapia, Toviggino y el poder económico de la AFA.
Por eso, cualquier designación debe estar acompañada por la publicación completa de los puntajes, entrevistas, dictámenes, votos, relaciones laborales y criterios utilizados para alterar el orden.
La conducción del fútbol argentino no puede quedar sometida a una cadena interminable de conflictos de competencia, traslados de domicilio, jueces subrogantes y nombramientos controvertidos.
Después del Mundial 2026, la causa de la mansión de Pilar deberá avanzar sin interferencias. Y el nuevo titular del juzgado deberá ofrecer garantías suficientes de independencia frente a la AFA, el Gobierno, el peronismo y cualquier sector del poder judicial que haya participado de las maniobras previas.
