Buenos Aires – 20 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El costo mensual de los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires —AMBA— aumentó 4,6% en julio, alcanzó los $295.826 y pasó a representar el 15% de un salario promedio registrado, en un escenario donde los incrementos de la electricidad, el gas y el transporte vuelven a ejercer presión sobre la inflación y el poder adquisitivo.
Los datos corresponden al Reporte de Tarifas y Subsidios número 40, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política —IIEP— de la UBA y el Conicet, que calcula el gasto de un hogar tipo en energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.
La suba de julio fue impulsada por dos factores simultáneos: nuevos ajustes en los cuadros tarifarios y el aumento estacional del consumo de electricidad y gas durante el invierno. La única excepción fue el agua, cuyo gasto promedio disminuyó frente a junio.
El informe estimó que una familia del AMBA sin subsidios necesita destinar mensualmente $68.210 a electricidad, $64.862 a gas, $41.724 a agua y $121.023 a transporte. Este último rubro concentra cerca del 41% de la canasta total y continúa siendo el gasto de mayor peso entre los servicios considerados.
El avance mensual del 4,6% más que duplica la inflación de junio, que fue del 1,9%, y también supera la estimación del 2% utilizada por el propio Observatorio para el índice general de precios de julio. Aunque la canasta de servicios no equivale directamente al capítulo de tarifas dentro del Índice de Precios al Consumidor —IPC—, su evolución anticipa una presión relevante sobre los precios regulados y establece un obstáculo para profundizar la desinflación.
El Gobierno de Javier Milei exhibió la desaceleración del IPC de junio como uno de sus principales logros económicos. Sin embargo, el incremento de las tarifas muestra que la reducción de la inflación convive con aumentos mucho mayores en gastos esenciales que los hogares no pueden postergar.
La electricidad encabezó los aumentos
La energía eléctrica fue el componente con mayor incremento mensual. El gasto estimado subió 12,5% respecto de junio, como consecuencia de una combinación entre el mayor consumo invernal y los ajustes tarifarios.
Para los usuarios sin subsidios, el cargo fijo aumentó 3%, mientras que el componente variable avanzó 5,7%. El incremento del consumo durante las jornadas de bajas temperaturas amplificó el impacto sobre la factura final.
En el gas natural, el cargo fijo aumentó 2,8% y el variable 3%. Al sumarse el pico estacional de utilización para calefacción, el gasto mensual estimado creció 5,2%.
El efecto no es idéntico para todos los usuarios. La factura depende del nivel de consumo, la zona tarifaria, la categoría residencial, la distribuidora y la permanencia o exclusión del régimen de subsidios.
En el caso de los colectivos, las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, debido al mecanismo de actualización que aplica el IPC de dos meses anteriores más un adicional del 2%.
Las líneas nacionales e interjurisdiccionales registraron un incremento del 3,2% durante julio, después de haber subido 7,7% en abril y 7,1% en junio. En conjunto, el gasto familiar en transporte avanzó 3,7% mensual.
El agua fue el único servicio que registró una reducción. A pesar de que julio tiene un día más de facturación que junio, el gasto disminuyó 4,6% por una baja del 7,7% en el componente variable.
La reducción se vinculó con un descuento del 10,47% aplicado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento —ERAS—, destinado a impedir que la actualización superara el límite mensual previsto en la normativa vigente.
Los servicios aumentaron 966% desde diciembre de 2023
El dato más contundente del informe surge al comparar la evolución tarifaria con la inflación acumulada desde el inicio de la administración Milei.
Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 966%, mientras el nivel general de precios habría avanzado alrededor de 241%. Esto significa que el costo de los servicios se multiplicó a una velocidad cercana a cuatro veces la inflación acumulada del período.
El gas natural presentó el incremento más elevado desde diciembre de 2023, con una suba acumulada del 2.185%. El transporte aumentó 1.408%, la electricidad 568% y el agua 525%.
Solamente durante los primeros siete meses de 2026, la canasta acumuló un incremento del 61,3%, frente a una inflación general estimada del 19,2% para el mismo período.
En la comparación interanual, el costo total de los servicios creció 53%, mientras el IPC habría aumentado cerca del 34%. El transporte encabezó las subas con un 73%, seguido por la electricidad con 48%, el gas con 39% y el agua con 35%.
Estos números revelan que la corrección tarifaria continúa muy por encima de la evolución promedio de los precios. La política oficial logró reducir una parte de los subsidios acumulados desde 2023, pero trasladó una proporción creciente de los costos directamente a los usuarios.
El salario compra menos canastas de servicios
El Observatorio tomó como referencia un salario promedio registrado estimado en $1.924.456. Sobre esa base, la canasta de servicios representa el 15% del ingreso, lo que equivale a decir que un sueldo permite pagar 6,5 canastas.
En julio de 2025, un salario alcanzaba para adquirir 7,8 canastas de servicios. La comparación indica que, en apenas un año, las tarifas avanzaron más rápido que la remuneración promedio utilizada por el estudio.
La proporción puede ser considerablemente mayor entre trabajadores informales, jubilados, empleados públicos, hogares con un solo ingreso o familias cuyos salarios se encuentran por debajo del promedio registrado.
Además, el 15% no incluye alquiler, expensas, alimentos, medicamentos, educación, telefonía, internet, combustibles, indumentaria ni pagos de deudas. Se refiere exclusivamente a los cuatro servicios incluidos en la medición.
El impacto tampoco resulta uniforme. Los hogares de menores ingresos destinan una proporción superior de sus recursos a servicios esenciales, porque la tarifa ocupa una parte más grande de un presupuesto reducido.
El Estado todavía cubre casi la mitad del costo
A pesar de los fuertes incrementos aplicados desde diciembre de 2023, los usuarios del AMBA pagan en promedio tarifas que cubren alrededor del 54% del costo real de producción y prestación. El Estado completa aproximadamente el 46% restante mediante subsidios y bonificaciones.
La cobertura varía considerablemente según el servicio y la situación del usuario. En electricidad, la cobertura promedio ponderada alcanza el 63%; en gas, 57%; en transporte, apenas 35%, mientras que en agua llega al 100%.
Los usuarios subsidiados cuentan además con bonificaciones sobre determinados bloques de consumo. En julio, el informe registró descuentos adicionales en los precios mayoristas del gas y la electricidad para quienes permanecen dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados —SEF—.
El trabajo señaló que los subsidios económicos acumulados en energía y transporte aumentaron 44% nominal y 10% real frente al mismo período de 2025.
La explicación se encuentra principalmente en el sector energético. Los subsidios a la energía, que representan el 76% del total analizado, crecieron 30% en términos reales, mientras los destinados al transporte cayeron 27% real.
Las transferencias a Cammesa aumentaron 114% nominal y 62% real, reflejando el mayor costo de la energía durante el invierno. En sentido contrario, las partidas vinculadas con el transporte de pasajeros mantuvieron un ajuste significativo.
En total, los subsidios seleccionados alcanzaron aproximadamente $4,77 billones nominales hasta el 17 de julio. El informe aclaró, sin embargo, que algunos rubros del transporte todavía no registraban devengamientos correspondientes al mes, por lo que las cifras pueden modificarse con la actualización presupuestaria.
La situación plantea una doble dificultad para el Gobierno. Por un lado, busca continuar reduciendo el peso fiscal de los subsidios. Por otro, los aumentos necesarios para trasladar costos a las facturas deterioran el poder adquisitivo, afectan el consumo y dificultan que la inflación descienda con mayor velocidad.
La desinflación continúa siendo el principal activo político de Milei, pero los servicios públicos muestran una realidad menos favorable: en julio volvieron a aumentar muy por encima del nivel general de precios, consumen una proporción creciente de los salarios y mantienen a los hogares bajo presión durante el período de mayor demanda energética del año.
