Madrid – 20 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El empresario Julio Martínez Martínez, considerado uno de los hombres de confianza del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, decidió colaborar con la Justicia y afirmó que el antiguo mandatario socialista conocía, impulsaba y “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones destinadas a conseguir el rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas.
La acusación fue formulada en un escrito enviado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, antes de la declaración de Martínez como investigado en la causa que analiza posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales alrededor de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea durante la pandemia.
La presentación supone un cambio sustancial en la estrategia del empresario, que había optado por guardar silencio desde su detención en diciembre y también evitó ofrecer explicaciones detalladas durante su comparecencia ante una comisión de investigación del Senado.
Martínez sostiene ahora que Zapatero no era un simple asesor ocasional o un profesional ajeno a las gestiones, sino la persona que impartía las instrucciones, dirigía de hecho la consultora Análisis Relevante y captaba clientes interesados en utilizar sus contactos políticos e internacionales.
Las afirmaciones del empresario deberán ser comprobadas judicialmente y no constituyen por sí mismas una prueba de culpabilidad. Zapatero negó haber influido en la concesión del rescate y rechazó las sospechas que pesan sobre su actuación. Sin embargo, el nuevo testimonio introduce una contradicción directa con la versión ofrecida por el ex mandatario ante el juez.
Una llamada anunciada por Zapatero
Según el escrito, Zapatero comunicó a Martínez en mayo de 2020 que recibiría una llamada de responsables de Plus Ultra. A partir de ese momento, habría comenzado una serie de contactos destinados a obtener financiación para una aerolínea cuya actividad quedó gravemente afectada por las restricciones impuestas durante la pandemia.
La primera alternativa habría sido tramitar un crédito respaldado por el Instituto de Crédito Oficial —ICO—. Al no prosperar esa vía, la estrategia se orientó hacia el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —SEPI—.
Martínez sostiene que Zapatero recibía información sobre el avance de las conversaciones y que era quien definía los siguientes movimientos. También afirma que el ex presidente ejercía un papel directivo dentro de Análisis Relevante, aunque no figurara formalmente en su estructura societaria.
De acuerdo con esa versión, Plus Ultra firmó en julio de 2020 un contrato de asesoramiento con la consultora por 5.000 euros mensuales. Posteriormente se habría suscrito un segundo acuerdo que establecía una remuneración equivalente al 1% de la ayuda pública que finalmente concediera la SEPI.
El rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 y ascendió a 53 millones de euros: 19 millones mediante un préstamo ordinario y otros 34 millones a través de un préstamo participativo. La operación quedó registrada en las cuentas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El mecanismo había sido creado en 2020 con una dotación inicial de 10.000 millones de euros para sostener temporalmente a compañías no financieras consideradas estratégicas y que atravesaran dificultades como consecuencia de la pandemia. La SEPI debía analizar la viabilidad previa de las solicitantes, su importancia económica y las condiciones necesarias para garantizar el uso de los recursos públicos.
Una comisión de aproximadamente 530.000 euros
El 1% pactado habría representado una comisión de aproximadamente 530.000 euros. Martínez reconoce la existencia de esa remuneración y sostiene que correspondía a los servicios prestados para acompañar a Plus Ultra durante el proceso de obtención del financiamiento.
La investigación analiza, sin embargo, cómo se pagó esa cantidad, qué trabajos concretos justificaron el cobro y por qué parte del dinero no habría sido abonada directamente en España.
El juez Calama señaló que no existe constancia de que la totalidad de la comisión se pagara dentro del país. Esa circunstancia reforzó la hipótesis de que una parte pudo ser canalizada mediante una sociedad ubicada en Dubái, presuntamente creada siguiendo instrucciones vinculadas con Zapatero.
Martínez afirma que el pago de los honorarios fue demorado debido a la repercusión pública que generó el rescate y que finalmente se utilizaron sociedades relacionadas con Plus Ultra y con su propio entramado empresarial.
La Policía también investiga el origen de 286.000 euros en efectivo encontrados durante registros practicados en el domicilio del empresario. Martínez sostiene que ese dinero procedía de operaciones inmobiliarias y que no guardaba relación con Plus Ultra, una explicación que deberá ser contrastada con documentación bancaria, fiscal y patrimonial.
Las cuentas de Análisis Relevante y de otras sociedades vinculadas con Martínez fueron bloqueadas durante la instrucción, mientras los investigadores rastrean movimientos de fondos, propiedades y posibles contraprestaciones derivadas de la concesión de la ayuda pública.
Los directivos de Plus Ultra también apuntaron al entorno del ex presidente
El contenido del escrito coincide parcialmente con las declaraciones de responsables de la aerolínea. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el directivo Roberto Roselli admitieron que Zapatero se ofreció a colaborar y colocó a Julio Martínez Martínez al frente de las gestiones.
Los ejecutivos reconocieron pagos equivalentes al 1% del rescate a empresas vinculadas con el intermediario, aunque aseguraron no disponer de pruebas concluyentes de que el ex presidente hubiera presionado personalmente a funcionarios públicos para garantizar la aprobación.
La representación legal de Plus Ultra manifestó su intención de colaborar con la Audiencia Nacional y revisar cualquier eventual deficiencia en sus mecanismos internos de control. La aerolínea intenta diferenciar la responsabilidad corporativa de las actuaciones individuales de sus antiguos directivos y asesores.
La investigación también analiza si la compañía presentó información inexacta sobre su situación financiera antes de la pandemia, una cuestión esencial porque el Fondo de Solvencia estaba destinado a empresas viables que hubieran entrado en dificultades de carácter temporal por la crisis sanitaria.
Informes incorporados al procedimiento plantearon dudas sobre las cuentas presentadas por Plus Ultra y sobre si la empresa cumplía realmente las condiciones para ser considerada estratégica y merecedora del rescate.
Además, la aerolínea enfrenta dificultades para devolver el dinero. La compañía negoció con la SEPI una modificación del calendario después de no afrontar en marzo el vencimiento de un primer tramo de aproximadamente 19 millones de euros.
Negocios vinculados con Venezuela
El escrito de Martínez amplía el foco hacia otros contratos gestionados por Análisis Relevante. Según su versión, empresas como Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa contrataron servicios vinculados con Zapatero para recibir asesoramiento sobre Venezuela y proyectos internacionales.
El empresario aseguró que algunos clientes no buscaban trabajar con la consultora, sino directamente con el ex presidente, aprovechando sus contactos con el régimen venezolano y su participación como mediador político.
Martínez mencionó en particular a los hermanos empresarios Amaro Chacón, para quienes habría realizado numerosos viajes a Venezuela. Después de finalizar la relación contractual en 2023, la familia habría mantenido un vínculo directo con Zapatero.
Estas afirmaciones podrían ampliar las pesquisas sobre la verdadera actividad de Análisis Relevante, el origen de sus clientes y la eventual utilización de la influencia política del ex mandatario para obtener contratos o facilitar operaciones empresariales.
Una versión que contradice frontalmente a Zapatero
Zapatero declaró ante el juez que no habló con integrantes del sector público para influir en el rescate y defendió que las cantidades recibidas de Análisis Relevante correspondían a trabajos profesionales legítimos.
También negó poseer sociedades en el extranjero y aseguró que desconocía cualquier estructura offshore vinculada con los pagos investigados. La instrucción considera, no obstante, que parte de los encargos profesionales carecería de documentación suficiente para acreditar su contenido.
El testimonio de Martínez enfrenta ahora al ex presidente con una persona de su entorno más cercano. El empresario no se limita a afirmar que Zapatero estaba informado: le atribuye la dirección de las operaciones, la elección de los caminos administrativos y la captación de los clientes estratégicos.
El juez deberá determinar si el escrito constituye una colaboración respaldada por documentos, mensajes, contratos y movimientos bancarios, o una maniobra defensiva con la que Martínez intenta reducir su propia responsabilidad.
La causa continúa en fase de investigación y todos los implicados mantienen su presunción de inocencia. Pero el giro del empresario coloca a Zapatero en una posición judicial más comprometida y vuelve a situar en el centro de la controversia una pregunta que acompaña al rescate desde 2021: por qué una aerolínea de reducida participación en el mercado recibió 53 millones de euros públicos y quién intervino realmente para que el dinero fuera aprobado.
