Por Sandra Mossayebeh.
El regreso de la primacía estadounidense está obligando a los gobiernos latinoamericanos a definir su posición. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva convierte la presión comercial de Washington en un argumento electoral. En Nicaragua, Daniel Ortega responde al nuevo equilibrio regional suprimiendo las elecciones y cerrando cualquier posibilidad de alternancia. Una democracia tensionada y una dictadura dinástica ofrecen respuestas un poco diferentes ante el mismo hecho. Estados Unidos -con justificación- ha vuelto a fijar los límites de la disputa hemisférica.
El documento “Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI”, difundido por el Departamento de Estado el 20 de julio, expresa esa orientación. Su importancia excede la denuncia de las redes construidas por La Habana. El texto presenta abiertamente al régimen cubano como lo que verdaderamente es: el centro de una estructura política que proyecta influencia sobre sociedades democráticas abiertas, explota conflictos internos y articula aliados regionales con fines geopolíticos. Washington ya no considera esas operaciones como expresiones aisladas de solidaridad ideológica. Las interpreta como componentes de una amenaza contra la seguridad estadounidense y el orden democrático del continente.
El informe no explica por sí solo lo que sucede en Brasil y Nicaragua. Tampoco puede presentarse como la causa de decisiones anteriores a su publicación. Su valor reside en otro punto. Condensa por vez primera, una doctrina que ya orientaba la política regional de la Administración Trump y permite comprender claramente la presión simultánea sobre gobiernos vinculados con la izquierda latinoamericana. Washington procura recuperar una iniciativa que durante años cedió frente a Cuba, Venezuela, China y las organizaciones políticas que legitimaron su avance en el Continente.
Brasil constituye el escenario más complejo de esa estrategia. Las elecciones de octubre enfrentarán a Lula con Flávio Bolsonaro en una sociedad profundamente polarizada. A pocos meses de los comicios, la propuesta estadounidense de aplicar nuevos aranceles del 25 por ciento adquirió una inevitable dimensión política. Washington atribuye la medida a prácticas comerciales perjudiciales para sus intereses, mientras Lula la presenta como una interferencia destinada a favorecer a la oposición.
Los aranceles encierran, además, una paradoja. Flávio Bolsonaro advirtió que podrían fortalecer a Lula y pidió postergar su aplicación. El candidato opositor reconoce que una intervención demasiado visible puede beneficiar al presidente. Lula encuentra en el conflicto una oportunidad para recuperar iniciativa política. Ambos procuran administrar el peso de Estados Unidos según sus necesidades electorales. Uno intenta preservar su condición de aliado, mientras el otro se presenta como defensor de Brasil frente a una potencia extranjera.
Para Washington, imponer costos sin anticipar sus consecuencias puede reducir la eficacia de su propia estrategia. Si los aranceles fortalecen al gobierno que pretenden condicionar, el poder económico termina favoreciendo al adversario. La primacía estadounidense no depende solamente de capacidades superiores. También exige utilizarlas sin alimentar la reacción nacionalista que busca contener.
Nicaragua lleva la disputa a un terreno diferente. Brasil conserva una democracia competitiva, incluso bajo fuertes tensiones internas. Ortega, en cambio, no intenta vencer a sus adversarios mediante las urnas, sino impedir que puedan utilizarlas. El 19 de julio anunció que no volvería a haber elecciones capaces de llevar a la oposición al gobierno.
En 1990, Ortega aceptó competir y perdió el gobierno frente a Violeta Barrios de Chamorro. Aquella derrota ayuda a explicar su conducta actual. Tras regresar al poder en 2007, desmontó gradualmente las condiciones que habían permitido la alternancia. Al suprimir futuros comicios, completa ese proceso. Votar deja de ser un procedimiento controlado y se convierte en un riesgo que el régimen ya no está dispuesto a tolerar. Quienes disputan su dominio tampoco son reconocidos como adversarios, sino tratados como una conspiración que debe neutralizarse antes de organizarse.
A ese aprendizaje político se suma la protección económica proporcionada por China. Entre 2021 y junio de 2026, veintidós empresas chinas recibieron ochenta y cuatro concesiones mineras sobre más de 1,2 millones de hectáreas. La superficie se aproxima al diez por ciento de Nicaragua e incluye territorios indígenas, reservas naturales y redes hídricas. El oro aporta al régimen un flujo decisivo de divisas. Beijing, mientras tanto, obtiene acceso a recursos y posiciones económicas capaces de transformarse en influencia estratégica.
En esas condiciones, China no necesita dirigir cada decisión de Ortega para beneficiarse de su permanencia. Le basta con operar dentro de un sistema sin controles independientes, sin prensa libre ni alternancia. Los acuerdos concedidos por una dictadura familiar quedan protegidos frente a las revisiones que podría realizar un gobierno democrático. La eliminación de las elecciones también preserva los intereses establecidos durante el régimen. De este modo, la continuidad de Ortega-Murillo y la expansión económica china comienzan a reforzarse mutuamente.
Esa convergencia no permite colocar a Brasil y Nicaragua dentro de una misma estructura política. Lula gobierna una democracia competitiva, mientras la pareja Ortega-Murillo encabezan una dictadura que acaba de rechazar incluso la ficción electoral. Equipararlos impediría comprender la naturaleza de la disputa. La relación entre ambos casos reside en sus diferentes respuestas ante el regreso del poder estadounidense en el hemisferio occidental. Brasil procura condicionarlo mediante las urnas y el discurso soberanista. Nicaragua intenta resistirlo mediante la clausura política y la protección de Beijing.
Precisamente por esa diferencia, Washington necesita una estrategia particular para cada escenario. En Brasil debiera combinar firmeza con inteligencia política para evitar que sus medidas fortalezcan involuntariamente el discurso electoral de Lula. En Nicaragua, debe sin pérdida de tiempo, impedir que la represión sobre los ciudadanos de la pareja gobernante, el oro y el capital chino, consoliden una estructura dinástica casi irreversible y que solo un baño de sangre interno o una operación externa similar a la de Maduro, derriben a la dictadura matrimonial. Una democracia que disputa las decisiones estadounidenses no puede recibir el mismo tratamiento que una dictadura que elimina el derecho a elegir, pero las dos son una afrenta al mundo que quiere vivir en libertad.
Esa distinción no debilita la preeminencia estadounidense, sino que aumenta su eficacia. Conservarla requiere sanciones precisas con los que rompen las reglas, alianzas democráticas, acceso a mercados y una presencia capaz de impedir que China transforme la fragilidad institucional en países vulnerables, en dependencia estratégica. Estados Unidos no debe limitarse a reaccionar ante cada crisis. Debe establecer las condiciones económicas, políticas y de seguridad del orden hemisférico, debe prevenir y no curar, lo segundo tiene un costo mucho mayor, y a lo mejor la cura no surte el efecto deseado en el momento de su necesidad.
Sin el liderazgo de EE. UU., América Latina no gana soberanía; gana desprotección ante el autoritarismo. Con democracias activas como Brasil y dictaduras consolidadas como Nicaragua, Washington no debe replegarse. Debe hacer valer su peso geopolítico para evitar que los regímenes autoritarios definan el destino de la región.
