Buenos Aires – 26 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – Una demanda promovida por una trabajadora cordobesa que asegura haber quedado con una discapacidad laboral del 75,6% después de recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca volvió a colocar bajo la lupa las consecuencias adversas denunciadas por pacientes y las demoras judiciales que rodean la investigación sobre la compra y producción de vacunas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Flavia Ochoa, vecina de Coronel Moldes, inició una acción civil contra AstraZeneca S.A. y el Estado nacional por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo. La mujer sostiene que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia después de recibir, el 4 de enero de 2022, una tercera dosis de la vacuna fabricada por la compañía anglosueca.
“Cuando me quise levantar para ir a trabajar no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover los brazos, después no podía mover las piernas”, relató Ochoa al describir el comienzo del cuadro que modificó por completo su vida.
Según la documentación incorporada al expediente, las primeras manifestaciones aparecieron pocas horas después de la vacunación, con calambres intensos y fuertes dolores musculares. Al día siguiente comenzó a perder movilidad y debió realizar sucesivas consultas médicas hasta ser derivada al Sanatorio Privado de Río Cuarto.
Allí fue sometida a estudios por imágenes, análisis complementarios y una punción lumbar. Los médicos diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia y dispusieron un tratamiento con gammaglobulina, dexametasona y una prolongada rehabilitación neurológica. Los certificados presentados ante la Justicia describen una cuadriparesia flácida que inicialmente obligó a Ochoa a movilizarse en silla de ruedas.
La mujer puede actualmente caminar con un andador, pero continúa con rehabilitación tres veces por semana, dolores permanentes y limitaciones para realizar actividades cotidianas. “El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después”, afirmó.
El dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció una incapacidad laboral del 75,60%, uno de los principales elementos utilizados para fundamentar la indemnización. El expediente contiene además la historia clínica, estudios neurológicos, prescripciones de silla de ruedas, recibos laborales, el certificado único de discapacidad y una denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización, conocida como ESAVI.
Antes de iniciar la demanda, Ochoa recurrió al mecanismo administrativo establecido por la Ley 27.573, que creó un fondo de reparación destinado a quienes pudieran acreditar daños provocados por vacunas contra el coronavirus. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas rechazó su presentación al considerar que no había podido establecerse una relación causal entre la dosis y el cuadro neurológico.
La defensa de Ochoa cuestionó esa decisión y planteó la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma, que estableció condiciones especiales de contratación, cláusulas de indemnidad para los fabricantes y un régimen específico para canalizar los reclamos.
El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica poco frecuente en la cual el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos. Puede provocar debilidad muscular, pérdida de sensibilidad, dificultades para caminar y, en los casos más graves, parálisis.
La Agencia Europea de Medicamentos incorporó el síndrome como una posible reacción adversa “muy rara” de Vaxzevria, nombre comercial de la vacuna de AstraZeneca. La calificación regulatoria no implica que cada caso ocurrido después de una inoculación haya sido necesariamente causado por ella: esa relación debe ser evaluada individualmente mediante antecedentes clínicos, estudios epidemiológicos y peritajes médicos. La EMA mantuvo, al mismo tiempo, su criterio de que los beneficios generales de la vacunación superaban los riesgos detectados.
La acción de Ochoa, presentada originalmente en 2024 ante la Justicia Federal de Río Cuarto, fue una de las primeras demandas individuales conocidas en la Argentina. Posteriormente, una enfermera cordobesa de 57 años reclamó 220 millones de pesos contra AstraZeneca y el Estado tras denunciar graves problemas de salud atribuidos a la vacunación.
También se presentó una demanda vinculada con la muerte de un hombre que, según su familia, gozaba de buen estado de salud antes de recibir dos dosis de AstraZeneca. En otro expediente, familiares de un joven futbolista fallecido en 2021 promovieron una acción contra la farmacéutica y el Estado, incorporando informes médicos y denuncias de eventos adversos. Ninguna de esas presentaciones permite por sí sola establecer responsabilidad: los tribunales deberán determinar en cada caso la existencia del daño, el eventual nexo causal y el alcance de las obligaciones estatales y empresariales.
La multiplicación de reclamos coincide con el avance de una causa penal mucho más amplia que tramita ante el juez federal Ariel Lijo y que investiga posibles irregularidades en la adquisición de vacunas entre 2020 y 2021. El expediente fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió indagar a exfuncionarios, asesores sanitarios y empresarios para determinar si la política de compras respondió únicamente a criterios epidemiológicos o si existió un direccionamiento destinado a favorecer a determinados proveedores.
Entre los citados aparecen la exministra de Salud Carla Vizzotti, el infectólogo Pedro Cahn, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini y el empresario farmacéutico Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud y vinculado con mAbxience, la compañía seleccionada para producir en la Argentina el principio activo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca.
Sigman fue convocado inicialmente para declarar el 19 de mayo, pero la audiencia fue suspendida a pedido de su defensa y reprogramada para fines de junio. Una segunda citación tampoco se concretó. Cuando el empresario debía finalmente comparecer el 29 de junio, sus abogados presentaron un recurso ante la Cámara Federal y el juzgado de Lijo volvió a suspender la indagatoria.
La sucesión de postergaciones dejó al empresario sin declarar mientras otros imputados comenzaron a presentarse en Comodoro Py. El exsubsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud Mauricio Monsalvo, por ejemplo, entregó un escrito y se negó a contestar preguntas. Nicolini también fue convocada para explicar su intervención en las negociaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya, proveedores de la vacuna Sputnik V.
Total News Agency informó el 13 de julio que Sigman había conseguido postergar en tres oportunidades su comparecencia y que Lijo todavía no había establecido una nueva fecha. La publicación señaló además que la fiscalía procura reconstruir las frustradas negociaciones con Pfizer, la prioridad otorgada a Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, y los vínculos entre funcionarios, laboratorios y fundaciones del sector farmacéutico.
mAbxience fue elegida en 2020 para fabricar en la Argentina el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, que después debía ser enviado a México para completar el proceso de formulación y envasado. En 2022, Insud Pharma, fundada por Sigman y Silvia Gold, vendió el 55% de mAbxience por 495 millones de euros, más pagos sujetos al cumplimiento de objetivos comerciales y de desarrollo.
Sigman, radicado durante buena parte del año en España, quedó ahora nuevamente convocado para presentarse este lunes 27 de julio ante Lijo. La audiencia permitirá determinar si finalmente responde preguntas sobre el papel de sus empresas en la producción de vacunas y los vínculos examinados por la fiscalía, o si la defensa obtiene una nueva suspensión en una causa iniciada para establecer cómo se tomaron decisiones sanitarias y comerciales durante los meses más graves de la pandemia.
Fuentes consultadas: Total News Agency, Agencia Noticias Argentinas, Ministerio Público Fiscal, La Nación, Agencia Europea de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Reuters, La Voz del Interior y documentación judicial citada en las demandas.
