Madrid – 29 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno de Pedro Sánchez declaró como zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil los territorios dañados por 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio en 14 comunidades autónomas, tras un semestre marcado por incendios forestales de enorme magnitud, lluvias torrenciales, inundaciones, fenómenos costeros, accidentes industriales y graves daños sobre viviendas e infraestructuras.
La resolución aprobada por el Consejo de Ministros no identifica 211 zonas geográficas independientes, como señalaron algunas informaciones iniciales, sino 211 emergencias registradas en comarcas y municipios de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
La medida permitirá activar compensaciones por fallecimiento o incapacidad, ayudas para reparar viviendas y enseres, subvenciones a comercios e industrias, asistencia a explotaciones agropecuarias y fondos para que ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas reconstruyan caminos, redes de abastecimiento, edificios públicos e instalaciones municipales.
El episodio más trágico incluido en el acuerdo es el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, donde murieron 14 personas. El fuego, iniciado el 9 de julio, afectó a los municipios de Los Gallardos, Bédar y otras localidades próximas, obligó a realizar evacuaciones y expuso fallas en los sistemas de prevención y aviso a la población.
La tragedia provocó además una fuerte polémica después de que la Junta de Andalucía reconociera que no activó el sistema de alerta masiva ES-Alert para enviar mensajes a los teléfonos móviles de los vecinos. Las autoridades autonómicas justificaron la decisión al sostener que las distintas órdenes de evacuación y confinamiento podían generar confusión, por lo que optaron por comunicaciones presenciales y avisos de policías, funcionarios y voluntarios.
La magnitud de los incendios obligó al Ministerio del Interior a declarar el 23 de julio la primera emergencia de interés nacional por incendios forestales aplicada en España, inicialmente sobre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La orden entregó al Estado la dirección de la emergencia y permitió centralizar el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, medios aéreos, Guardia Civil, Policía Nacional y recursos procedentes de distintas autonomías.
Este miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que los incendios de Madrid y Ávila se encontraban “técnicamente estabilizados”, lo que permitió levantar evacuaciones y confinamientos en numerosos municipios. Ambos frentes afectaron más de 70.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 50.000 correspondieron al incendio de Burgohondo, en Ávila, mientras que el fuego de la Sierra Oeste madrileña alcanzó aproximadamente 27.000 hectáreas y destruyó un centenar de viviendas de residencia permanente.
La estabilización técnica no equivale a la extinción. Los equipos mantienen vigilancia sobre reproducciones y puntos calientes ante la llegada de una nueva ola de calor, caracterizada por temperaturas superiores a los 40 grados, humedad muy baja y posibles ráfagas de viento capaces de reactivar los perímetros.
El incendio de Vall d’Uixó, en Castellón, permanecía fuera de control, con unas 9.300 hectáreas afectadas y un perímetro cercano a los 81 kilómetros. Los equipos todavía detectaban zonas con llama y concentraban los trabajos en asegurar el terreno para impedir que el fuego avanzara hacia áreas pobladas.
La sucesión de emergencias comenzó durante la primavera. En abril, Galicia y Asturias registraron incendios forestales, mientras Menorca sufrió fenómenos costeros y Cataluña afrontó tormentas severas. El incendio de Ponteareas, en Pontevedra, alcanzó el nivel operativo 2 y requirió la movilización de medios estatales.
Durante mayo, La Rioja padeció desprendimientos que dañaron infraestructuras como el muro de Nalda y sectores de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra. En junio, los incendios de Talavera, Forallac y Tiana obligaron a confinar preventivamente núcleos urbanos, mientras El Bierzo, en Castilla y León, enfrentó varios focos simultáneos.
A finales de ese mes, las llamas fueron sucedidas por lluvias torrenciales. La localidad riojana de Haro acumuló 54,9 litros por metro cuadrado durante un temporal que obligó a realizar unas 70 intervenciones. El expediente incorporó también daños provocados por la borrasca Marta en Cataluña el 9 de febrero, que habían quedado fuera de declaraciones anteriores.
El acuerdo habilita al Ministerio de Hacienda a conceder exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas y la exención del impuesto a la renta para determinadas ayudas por daños personales. Interior podrá compensar gastos de emergencia y eliminar tasas para renovar documentación o permisos de circulación perdidos durante las catástrofes.
El Gobierno aprobó además una prestación extraordinaria, de hasta cuatro meses, para trabajadores que no puedan regresar a sus viviendas, necesiten acondicionarlas o deban atender a familiares afectados. La ayuda no exigirá un período mínimo de cotización ni consumirá aportes acumulados para futuras prestaciones.
Los trabajadores autónomos de los municipios afectados podrán solicitar el cese de actividad sin acreditar fuerza mayor, mientras que las empresas que tramiten expedientes temporales de regulación de empleo vinculados a los incendios podrán obtener una exención del ciento por ciento de sus contribuciones a la Seguridad Social entre agosto y noviembre de 2026.
Las cifras oficiales y estimaciones independientes indican que España acumula alrededor de 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que durante el mismo período del año anterior. Aunque la cantidad de incendios disminuyó frente al promedio de la última década, aumentó la superficie arrasada y la posibilidad de que un foco evolucione hasta convertirse en un gran incendio forestal. El país destina cerca del 78 por ciento de sus recursos contra el fuego a la extinción y sólo el 22 por ciento a tareas preventivas.
