Buenos Aires – 31 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El regreso de Cristóbal López al negocio de las rutas con peaje bajo el gobierno de Javier Milei constituye una de las contradicciones más difíciles de explicar para una administración que llegó al poder prometiendo terminar con la “casta”, desmontar el sistema de obra pública kirchnerista y eliminar los privilegios construidos mediante relaciones políticas.
La empresa CPC, vinculada históricamente con López y el Grupo Indalo, quedó nuevamente posicionada para administrar corredores viales durante décadas, pese a sus antecedentes de contratos rescindidos, obras abandonadas, conflictos con Vialidad Nacional, procesos concursales y causas judiciales que todavía permanecen abiertas.
El Gobierno impulsa la transferencia al sector privado de aproximadamente 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante concesiones de entre 20 y 30 años. El esquema prevé que las empresas exploten los corredores, cobren peajes y realicen tareas de mantenimiento, aunque varios de los pliegos no exigen grandes obras estructurales y concentran las obligaciones iniciales en reparaciones, conservación y prestación de servicios.
CPC participó en distintas etapas de la Red Federal de Concesiones y presentó ofertas para los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En este último corredor formuló la propuesta económica más baja, con una tarifa base de $1.856 por cada 100 kilómetros, lo que la colocó en una posición privilegiada para quedarse con la explotación. La adjudicación definitiva depende de la evaluación técnica y económica, por lo que corresponde distinguir entre una empresa encaminada hacia el contrato y una concesión formalmente firmada.
Esa precisión administrativa no modifica el escándalo político: una compañía con el historial de CPC superó los controles establecidos por el gobierno libertario y volvió a competir por una caja de peajes que podría extenderse hasta mediados de la década de 2040.
La administración de Milei sostiene que el nuevo modelo no contempla subsidios estatales y que las inversiones serán financiadas por los privados. Sin embargo, el problema no se limita al origen de los recursos. El Estado entrega un monopolio territorial, autoriza el cobro obligatorio de tarifas y concede una explotación por décadas. En ese contexto, los antecedentes contractuales, societarios y judiciales de los oferentes deberían tener una relevancia central.
Los procesos licitatorios fueron cuestionados porque los pliegos no incorporaron exigencias suficientemente severas sobre antecedentes de cumplimiento, integridad empresaria o transparencia contable. Además, se exigió que los consorcios incluyeran constructoras con experiencia en obra pública, una condición que terminó favoreciendo al mismo núcleo de empresas que durante años integró el denominado “club de la obra pública”.
CPC no llega a esta instancia como una empresa sin historia. Durante la gestión de Mauricio Macri, el Estado rescindió la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que se encontraba en manos de una sociedad controlada por López. Vialidad reclamó entonces una deuda multimillonaria y señaló incumplimientos contractuales, falta de obras y retención de fondos relacionados con el cobro de peajes.
En mayo de 2018, Vialidad también rescindió a CPC un contrato sobre la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz, luego de comprobar atrasos y el abandono de las tareas. La empresa había accedido previamente a otro tramo de esa ruta con una oferta muy inferior al presupuesto oficial y a las propuestas de sus competidores.
El mismo patrón se repitió en la Ruta Nacional 5. La obra de la doble calzada entre Mercedes y Suipacha había sido retirada a CPC en 2018 por incumplimientos y abandono. Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fernández, con Gabriel Katopodis al frente del Ministerio de Obras Públicas, la compañía volvió a recibir el mismo tramo mediante una licitación por $4.323 millones, equivalentes entonces a unos 39 millones de dólares.
La obra volvió a paralizarse en abril de 2026. La UTE integrada por CPC y Vial Agro despidió trabajadores y retiró maquinaria después de que el Gobierno nacional interrumpiera pagos. El propio titular de Vialidad, según informó el diputado Eduardo Falcone, cuestionó que CPC suspendiera completamente las tareas cuando otros contratistas con atrasos financieros no habían adoptado la misma conducta.
Pese a ese antecedente inmediato, la empresa volvió a ser habilitada para competir por concesiones viales. La paradoja es difícil de ocultar: CPC mantiene paralizada una obra en la Ruta 5 y, simultáneamente, participa en licitaciones para cobrar peajes y administrar otros corredores durante dos o tres décadas.
El recorrido empresarial de López fue construido al calor del kirchnerismo. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, amplió su presencia en el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y las concesiones públicas. El decreto 1851 de 2007 prorrogó hasta 2032 la explotación de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, donde Casino Club compartía intereses con la empresa concesionaria.
El crecimiento de Oil Combustibles también estuvo ligado al tratamiento concedido por la entonces AFIP, que permitió acumular una deuda de aproximadamente $8.000 millones por el impuesto a los combustibles. López y su socio Fabián de Sousa fueron absueltos, pero esas absoluciones no están firmes: la Corte Suprema anuló una primera decisión favorable y el expediente continúa sometido a revisión. El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado por haber favorecido a la compañía.
López también está siendo juzgado en la causa Cuadernos, donde empresarios y ex funcionarios fueron acusados de participar en un sistema de recaudación ilegal relacionado con contratos estatales. En julio, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó las propuestas de reparación integral presentadas por decenas de imputados, quienes deberán continuar sometidos al juicio.
Que Milei permita el regreso de López al negocio de las concesiones genera una sospecha política que el Gobierno debería aclarar. No existen pruebas públicas suficientes para afirmar que haya sido firmado un pacto electoral con el kirchnerismo, pero la acumulación de decisiones convergentes obliga a formular la pregunta.
El empresario conserva un poderoso conglomerado mediático encabezado por C5N y Radio 10, dos plataformas con capacidad para influir sobre el electorado peronista, instalar candidaturas y graduar el nivel de confrontación con el oficialismo. Su rehabilitación empresarial podría proporcionar al Gobierno un canal indirecto de negociación con sectores del kirchnerismo que necesitan preservar medios, empresas y protección judicial. Estos medios podrían ser más indulgentes con el gobierno de Milei.
La posibilidad adquiere mayor dimensión ante el escenario electoral de 2027. El gobernador bonaerense Axel Kicillof intenta construir una candidatura presidencial con autonomía respecto de Cristina Kirchner y La Cámpora. Aunque gobierna una provincia atravesada por el avance del narcotráfico, la inseguridad, el deterioro sanitario y una crisis estructural de infraestructura, diferentes encuestas lo ubicaron cerca de Milei en intención de voto.
La ex presidente, condenada e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, procura mantener la conducción del peronismo y presentarse ante el mundo como una dirigente “proscrita”. Como ya señaló TNA, su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no puede anular por sí misma la sentencia argentina ni devolverle automáticamente la capacidad de competir, pero le permite ocupar titulares, internacionalizar su relato y condicionar la organización electoral opositora.
A Milei también le resulta funcional colocar nuevamente a Cristina Kirchner en el centro del ring. Una confrontación con la ex presidente revive la polarización que le permitió crecer, fortalece al adversario con mayor rechazo social y desplaza a Kicillof, quien podría presentarse como una figura menos desgastada ante sectores moderados del electorado.
En ese tablero, el regreso de Cristóbal López no puede analizarse exclusivamente como el resultado de una oferta económica. El empresario conecta negocios, medios y relaciones históricas con el kirchnerismo. Su aceptación por parte del Gobierno abre la posibilidad de que los límites públicos entre libertarios y kirchneristas convivan con entendimientos menos visibles destinados a condicionar la sucesión presidencial.
El principal operador político de Milei, Santiago Caputo, ya demostró capacidad para negociar con sectores peronistas mientras sostiene públicamente un discurso de confrontación. La hipótesis de un acuerdo para debilitar a Kicillof, dividir al peronismo y devolver centralidad a Cristina Kirchner no está probada, pero encuentra elementos objetivos que justifican investigarla.
La Casa Rosada debería informar qué evaluaciones realizó sobre los antecedentes de CPC, por qué sus incumplimientos anteriores no impidieron su precalificación, qué controles patrimoniales y de integridad fueron aplicados, y qué funcionarios intervinieron en las decisiones que permitieron el regreso de López.
Mientras esas respuestas no aparezcan, el empresario que creció con los Kirchner, perdió concesiones por incumplimientos, pasó por la cárcel y enfrentó la quiebra volvió a sentarse a la mesa de los grandes negocios estatales. Esta vez no fue convocado por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Kicillof, sino por el gobierno que prometió terminar para siempre con ese sistema.
