La decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de apartarse del expediente “Marvic” terminó de concentrar en el juzgado federal subrogado por Ariel Lijo las principales investigaciones sobre las maniobras que habrían permitido comprar cientos de millones de dólares al tipo de cambio oficial durante el cepo y luego canalizarlos hacia el mercado paralelo. La pesquisa alcanza a Elías Piccirillo, Martín Migueles, Francisco Hauque, casas de cambio, bancos y funcionarios del Banco Central, mientras una segunda línea investiga supuestas coimas de entre el 10% y el 15% para acelerar autorizaciones SIRA durante la gestión de Sergio Massa en Economía y Miguel Ángel Pesce al frente del BCRA.
Buenos Aires – 7 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – El juez federal Ariel Lijo concentrará finalmente las principales causas que investigan uno de los negocios financieros más voluminosos surgidos durante el cepo cambiario del último gobierno kirchnerista: el acceso a dólares al precio oficial mediante casas de cambio, empresas y operadores financieros que luego habrían terminado abasteciendo al mercado paralelo, donde la brecha permitió obtener ganancias extraordinarias.
La última decisión fue adoptada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien se inhibió de continuar interviniendo en el expediente iniciado en 2021 alrededor de la casa de cambios Marvic S.A., al considerar que existe un “núcleo fáctico común” con la investigación que ya tramita ante Lijo y el fiscal Franco Picardi.
La magistrada coincidió con el criterio del fiscal Eduardo Taiano y destacó la existencia de conexiones personales, societarias y operativas entre distintas agencias investigadas, además de transferencias y operaciones que aparecen repetidas en diferentes expedientes.
La decisión completa un proceso de concentración iniciado antes de la feria judicial, cuando la Cámara Federal porteña resolvió que otro expediente que tramitaba ante la jueza María Servini debía acumularse a la investigación de Lijo. El camarista Leopoldo Bruglia —según las actuaciones difundidas— había evaluado la conexión entre las causas, mientras el juez de Cámara Roberto Boico destacó que compartían un mismo patrón: utilización de casas de cambio y entidades financieras para acceder a divisas oficiales y su posterior colocación en el mercado paralelo.
El expediente de Lijo es considerado el de mayor amplitud porque no se limita al circuito cambiario. También investiga el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y una presunta red de gestores que habría cobrado comisiones para conseguir autorizaciones en plazos extraordinariamente breves durante 2022 y 2023.
La hipótesis del fiscal Picardi sostiene que financistas, operadores cambiarios y eventualmente funcionarios públicos habrían intervenido en estructuras destinadas a adquirir grandes cantidades de dólares al precio regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para posteriormente retirar billetes físicos, triangularlos entre entidades y terminar colocándolos en el mercado informal.
El incentivo económico era enorme. Durante determinados períodos de 2022 y 2023 la brecha entre el dólar oficial y el blue superó el 100%, por lo que cada autorización para comprar moneda extranjera al valor regulado podía generar una ganancia extraordinaria si esos billetes terminaban revendidos fuera del circuito oficial.
Una de las investigaciones que ahora convergen sobre Lijo es conocida como “la escalerita”. Allí se determinó que unas 2.765 personas y 647 empresas habrían participado en sucesivas compras de moneda extranjera, utilizando incluso las excepciones que permitían adquirir cantidades limitadas de dólares para luego hacer circular las divisas entre distintas agencias de cambio hasta dificultar la identificación de su destino final.
En ese expediente se habían dispuesto embargos preventivos por aproximadamente US$600 millones sobre firmas y personas vinculadas, entre otros, con Elías Piccirillo, Martín Migueles y Maximiliano Vallejos.
El tercer capítulo era el expediente Marvic, iniciado por una denuncia del propio BCRA en diciembre de 2021.
La investigación detectó que Marvic S.A. habría utilizado una excepción cambiaria que permitía comprar dólares oficiales para cancelar obligaciones en moneda extranjera entre residentes documentadas antes del 30 de agosto de 2019. Según la pesquisa, se presentaron escrituras y contratos de mutuo presuntamente apócrifos para justificar operaciones que posteriormente permitían retirar los dólares físicos o transferirlos hacia otras sociedades.
Sólo Marvic realizó operaciones equivalentes a unos US$14,6 millones entre junio y septiembre de 2021, pero un informe incorporado al expediente amplió a alrededor de US$751 millones el volumen bajo análisis respecto de distintas agencias y operatorias relacionadas.
La unificación también vuelve a colocar bajo una misma lupa a varias casas de cambio que aparecen cruzadas en diferentes movimientos.
Entre ellas se encuentra ARG Exchange, relacionada en distintos períodos con Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, que habría comprado más de US$250 millones a distintas entidades durante 2023. También aparecen Fast Cambio, Fenus, Centenera, Gallo Cambios, N y M Cambio y otras compañías mencionadas en informes del organismo monetario y dictámenes fiscales.
Según datos incorporados a la investigación y basados en reportes del BCRA, el universo de casas de cambio analizadas registró ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, y el 91,5% de esas operaciones se concentró durante 2023.
La pesquisa avanzó también hacia Banco Sucrédito, vinculado con el empresario Jorge Blanco.
La documentación judicial bajo análisis registra supuestas ventas de dólares de esa entidad a casas de cambio por alrededor de US$484 millones. Entre las operaciones individualizadas aparece Fast Cambio, que habría comprado aproximadamente US$91,7 millones a SuCrédito. Posteriormente, ARG Exchange habría adquirido decenas de millones de dólares de Fast Cambio.
En torno a ese circuito también apareció el empresario y excandidato político Juan Napoli, relacionado públicamente con Banco Sucrédito y Jorge Blanco. La Justicia avanzó sobre información fiscal, bancaria y bursátil vinculada con sus sociedades dentro de la reconstrucción patrimonial y financiera.
Pero el expediente adquirió una dimensión política todavía mayor cuando del teléfono de Martín Migueles surgieron conversaciones relacionadas con las autorizaciones SIRA.
Migueles entregó la clave de su teléfono cuando fue allanado y el análisis permitió identificar conversaciones donde empresarios y gestores hablaban de conseguir permisos de importación en una semana o diez días, cuando los trámites normales podían demorar varios meses.
En algunos chats aparecen porcentajes de entre 10% y 15% vinculados con esas gestiones.
En una conversación incorporada al expediente, un empresario planteaba que mediante determinados contactos “entre todas las cometas” el costo llegaba al 15%. Migueles respondió que podía sacar la autorización rápidamente y mencionó un costo inferior, dejando un margen para los intermediarios.
La fiscalía identificó además contactos como Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, y Adriel Dono Miniot, señalados en distintos intercambios vinculados con la gestión de autorizaciones.
Migueles se presentó posteriormente ante Lijo y negó haber pagado coimas a funcionarios. Admitió tareas de intermediación comercial, pero sostuvo que sus comisiones respondían a actividades privadas lícitas y cuestionó además el valor probatorio de algunos mensajes extraídos de su teléfono.
La investigación mira ahora directamente hacia el Banco Central.
Entre los funcionarios que fueron allanados aparecen Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Valeria Fernández, vinculados con áreas de supervisión de entidades financieras y no financieras.
Los fiscales intentan establecer si determinados controles fueron omitidos o flexibilizados deliberadamente para permitir que ciertas agencias accedieran a cantidades de dólares oficiales muy superiores a las habituales.
Una conversación atribuida a Romina García incorporada a otra de las investigaciones contiene una referencia especialmente sensible: “había gente arriba toda entongada”. Posteriormente, la funcionaria sostuvo en un sumario administrativo que había pronunciado esas palabras mientras estaba nerviosa.
Durante los períodos centrales analizados, el BCRA era presidido por Miguel Ángel Pesce. En su directorio también se encontraban Lisandro Cleri, Jorge Carrera, Claudio Golonbek y otros funcionarios. Las investigaciones procuran determinar hasta dónde llegaron las autorizaciones y qué conocimiento tuvieron los niveles superiores del organismo sobre las operaciones que ahora aparecen bajo sospecha.
El período coincide además con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía en agosto de 2022 y con modificaciones posteriores sobre algunos mecanismos cambiarios. Fuentes cercanas al ex ministro rechazaron cualquier participación en las maniobras investigadas y señalaron que no existe documentación firmada por Massa que lo vincule con las operaciones bajo pesquisa.
El origen de todo el entramado judicial tiene una derivación casi cinematográfica.
La investigación comenzó a expandirse después de que el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, contratado por Piccirillo, entregara un pendrive con audios y conversaciones mientras intentaba mejorar su situación procesal.
Piccirillo había sido acusado de montar junto con Smith una maniobra contra Francisco Hauque, un empresario con quien mantenía una disputa económica, mediante la colocación de cocaína y un arma en su vehículo para provocar su detención.
Las grabaciones obtenidas en aquel expediente terminaron revelando conversaciones sobre negocios cambiarios, casas de cambio, funcionarios y autorizaciones estatales, y dieron origen a una investigación cuyo alcance fue creciendo hasta involucrar decenas de sociedades y operadores.
Lijo ordenó posteriormente más de treinta allanamientos y avanzó sobre empresarios como Gonzalo Roberto Calo, conocido como “Gonzalote”; Fernando Rubén Tacchi y Alejandro Calián, alias “El Turco”, además de otros operadores vinculados con las casas de cambio.
La concentración de los expedientes coloca ahora bajo una única conducción judicial tres mecanismos que inicialmente parecían diferentes pero que comparten un elemento fundamental: la utilización del dólar oficial durante el cepo como materia prima de un negocio cuyo rendimiento dependía directamente de la brecha cambiaria.
El desafío para Lijo y los fiscales será establecer quiénes diseñaron las operatorias, quiénes obtuvieron los dólares, quiénes facilitaron las autorizaciones, dónde terminaron los billetes y qué nivel de conocimiento o participación tuvieron los funcionarios encargados precisamente de controlar un mercado donde cada dólar oficial constituía entonces un recurso escaso administrado por el Estado.
