Claudio “Chiqui” Tapia, procesado junto con Pablo Toviggino en una causa por la retención indebida de más de $19.300 millones, respondió a un nuevo revés judicial con una puesta en escena difícil de superar: horas después de que el juez Diego Amarante calificara como “mera formalidad y ficción jurídica” el traslado de la AFA a Pilar, la entidad montó una enorme carpa blanca en el mismo predio que meses atrás había sido constatado como un terreno sin sede operativa y organizó allí la elección de delegados del Ascenso. El cambio de domicilio había avanzado después de sucesivos tropiezos ante organismos de control, incumplimientos en la presentación de balances y requerimientos judiciales y administrativos. Nunca Hollywood se atrevió a tanto.
Buenos Aires – 08 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), conducida por Claudio “Chiqui” Tapia y con Pablo Toviggino como uno de sus principales hombres de poder, eligió una peculiar manera de contestar al último pronunciamiento de la Justicia: montar una carpa, reunir dirigentes y realizar un acto institucional precisamente en el domicilio de Pilar cuya existencia material y efectos jurídicos vienen siendo cuestionados desde hace meses.
El escenario fue Mercedes 1366, en Pilar, la dirección que la AFA presentó como su nueva sede social después de comenzar una pulseada con los organismos nacionales que reclamaban documentación contable y que posteriormente derivó también en una disputa sobre qué jueces debían investigar a sus máximas autoridades.
Horas antes del acto, Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, había rechazado el intento de trasladar a la Justicia Federal de Campana una investigación que involucra a Tapia y Toviggino y lanzó una definición difícilmente más explícita: sostuvo que el cambio de domicilio desde la Ciudad de Buenos Aires a Pilar constituía una “mera formalidad y ficción jurídica” y que esa modificación registral no podía utilizarse para alterar artificialmente la competencia territorial de una causa.
La respuesta de la conducción afista llegó pocas horas después.
La propia AFA difundió oficialmente que en su “Sede Social” de Mercedes 1366 se había realizado la elección de delegados ante la Asamblea correspondientes a Primera Nacional, Primera B y Primera C, con mandatos desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.
Para concretar el acto se instaló una amplia carpa blanca en el predio. Allí apareció Tapia, rodeado de dirigentes y hablando sobre los éxitos deportivos de las selecciones nacionales. Las fotografías difundidas por la entidad mostraron primeros planos de los participantes y apenas algunas referencias del entorno.
La escena adquirió inevitablemente características cinematográficas: mientras un juez acababa de sostener que el domicilio era una “ficción jurídica”, la conducción de la AFA decidió proporcionar escenografía a esa ficción, plantar una carpa y celebrar una actividad administrativa para demostrar que la sede existía.
Nunca Hollywood se atrevió a tanto.
Pero detrás del sarcasmo existe una controversia institucional mucho más seria.
En febrero, la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado el traslado del domicilio porque la AFA adeudaba la presentación de balances y otros trámites. El organismo señaló que todavía permanecían pendientes actuaciones vinculadas con reformas estatutarias y balances correspondientes a ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024.
La inspección realizada entonces en Mercedes 1366 arrojó un resultado todavía más llamativo. Según el acta difundida, no se encontró identificación correspondiente al número informado por la AFA y vecinos y personal del complejo deportivo cercano manifestaron que allí no funcionaba ninguna sede de la entidad.
En el lugar había un lote alambrado y un cartel que anunciaba: “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.
La IGJ llegó a describir el domicilio denunciado como una “sede social falsa y ficticia” y sostuvo que la entidad pretendía generar consecuencias jurídicas a partir de una localización donde no funcionaban ni su administración ni su gobierno. Semanas antes, ARCA también había cuestionado el traslado tras verificar las condiciones del inmueble informado.
Fue recién después de esos cuestionamientos cuando comenzaron a observarse obras y movimientos destinados a dotar al lugar de cierta apariencia material de sede.
La cronología resulta relevante porque el traslado no ocurrió en un vacío institucional. La AFA atravesaba fuertes conflictos con los organismos de control por documentación contable pendiente, investigaciones sobre sociedades vinculadas y pedidos de auditoría. El 25 de febrero, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof convalidó administrativamente la mudanza a territorio provincial, apenas días después del rechazo formulado por la IGJ.
El movimiento tenía además una consecuencia estratégica: abandonar formalmente la jurisdicción porteña podía sacar a la asociación de la órbita directa de la IGJ y colocar su control societario bajo la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Tendran algún acuerdo con el juez de Campana que corresponde a Pilar?
Ahora, la estrategia pretendió extenderse al terreno penal.
Amarante rechazó que una modificación formal de domicilio pueda utilizarse para llevar causas que ya investigan las actividades de la conducción de la AFA hacia los tribunales federales con jurisdicción sobre Pilar.
Su opinión adquiere especial relevancia porque es el mismo magistrado que procesó a Tapia, Toviggino y otros integrantes de la conducción de la entidad por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
La investigación se refiere a más de $19.300 millones que, según la causa, la AFA habría retenido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 en concepto de impuestos y contribuciones pero no habría ingresado en tiempo y forma al fisco. Amarante describió la conducta investigada como un “evidente plan” que comprendía el depósito tardío de enormes sumas y la posibilidad de obtener beneficios financieros con esos fondos.
El juez dispuso procesamientos, embargos y distintas obligaciones para los acusados. Además, la Cámara en lo Penal Económico rechazó dos intentos de Toviggino para apartarlo del expediente. El tribunal concluyó que no existían elementos objetivos que permitieran sostener la supuesta enemistad o falta de imparcialidad invocada contra el magistrado.
Ese contexto explica por qué el debate sobre una dirección postal dejó hace tiempo de ser una simple cuestión administrativa.
El domicilio de Pilar define qué organismos pueden controlar directamente a la AFA y, según los planteos presentados por sus defensas, podría incluso influir sobre qué tribunales deben intervenir en investigaciones penales que alcanzan a sus máximos responsables.
Amarante acaba de cerrar, por ahora, esa puerta.
La decisión de Tapia de aparecer inmediatamente después en el lugar, rodeado de dirigentes y bajo una carpa instalada para desarrollar la elección de representantes del Ascenso, puede interpretarse como una demostración política frente al fallo: si la Justicia dice que la sede es ficticia, la AFA organiza una actividad allí y la muestra públicamente como real.
El problema es que los antecedentes administrativos ya existían y no desaparecen porque se coloque una carpa.
La conducción afista también aprovechó la jornada para exhibir gestión deportiva. Tapia repasó resultados de las selecciones masculina y femenina y destacó que los combinados Mayor, Sub-20 y Sub-17 femeninos consiguieron clasificaciones mundialistas.
En la votación fueron designados, entre otros, Gabriel Mansilla, Héctor Gómez, Pablo Guerra, Ricardo Sastre, Mauro Bolischki y Francisco Paravano por la Primera Nacional; Nurhayr Nakis, Martín Camarero, Hernán Zvizer, Jorge Milano y Marcelo Gómez por la Primera B; y Flavio Fernández, Miguel Pascucci y Salomón Ramírez Santacruz por la Primera C.
La entidad informó además modificaciones en su conducción: Marcelo Culotta ocupará como vocal titular el lugar correspondiente a San Lorenzo que tenía Marcelo Moretti; Omar Plaini, presidente de Los Andes y jefe del gremio de Canillitas, ingresará en reemplazo del fallecido Javier “Pipo” Marín, mientras que Javier Méndez Cartier pasará a integrar la Comisión de Desarrollo de la CONMEBOL.
En paralelo, la AFA dispuso nuevos aumentos en las entradas. La general de la Liga Profesional pasará a costar $50.000; en la Primera Nacional, $40.000; en la Primera B Metropolitana, $35.000; en Primera C y fútbol femenino, $30.000, y en futsal, $20.000.
Mientras el público deberá pagar más por entrar a las canchas, la conducción de la entidad mantiene abierta una batalla bastante más costosa por demostrar dónde está realmente su casa.
Por ahora, el juez Amarante dejó escrita su conclusión: el traslado es una “mera formalidad y ficción jurídica”. Y la AFA, en lugar de bajar el perfil después del revés, eligió levantar una carpa sobre el escenario cuestionado y poner en marcha la función.
