La Plata/Buenos Aires – 9 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, las dos máximas exfuncionarias sanitarias alcanzadas hasta ahora por la investigación sobre el fentanilo contaminado, recuperaron la libertad después de constituir cauciones por un total de $150 millones, pese a que la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostienen que conocían las graves irregularidades existentes en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Casi simultáneamente, otro poderoso empresario farmacéutico, Hugo Sigman, continúa sin comparecer a indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades y tráfico de influencias durante la compra de vacunas contra el Covid-19, luego de sucesivas postergaciones de una declaración reclamada por el fiscal Carlos Stornelli.
La coincidencia temporal vuelve inevitable una pregunta que atraviesa desde hace décadas la industria farmacéutica argentina: ¿hasta dónde llega la capacidad de influencia de los grandes laboratorios sobre organismos de control, gobiernos y tribunales?
Las situaciones de Ariel García Furfaro y Hugo Sigman son judicialmente diferentes y pertenecen a expedientes distintos, pero muestran un denominador político que merece atención: ambos empresarios supieron cultivar durante años vínculos con sectores del poder, especialmente durante administraciones kirchneristas.
En el caso del fentanilo, la Justicia Federal de La Plata permitió salir de prisión a Bisio, exadministradora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), después de que cada una constituyera una caución de $75 millones. Ambas quedaron sometidas a restricciones mientras continúa el expediente.
La decisión adquiere especial relevancia por la dureza de la imputación fiscal. A pedido de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la PIA, Sergio Leonardo Rodríguez, las dos habían sido detenidas a comienzos de agosto en la causa por el fentanilo contaminado asociado judicialmente con la muerte de 90 personas y lesiones sufridas por otras 41.
La acusación no se limita a errores burocráticos. La investigación sostiene que las entonces responsables de los organismos encargados de vigilar la seguridad de los medicamentos disponían de información sobre severas deficiencias en los establecimientos vinculados a García Furfaro. En el expediente aparecen además reuniones con representantes empresarios, inspecciones, comunicaciones internas y demoras en la adopción de medidas contra HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Investigadores llegaron a describir la existencia de un presunto “manto de cobertura estatal” alrededor de las compañías.
Las irregularidades industriales no eran menores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó posteriormente que los lotes cuestionados presentaban contaminación bacteriana y recordó que ANMAT había detectado “deficiencias críticas y graves” en Laboratorios Ramallo, circunstancias que comprometían la seguridad y eficacia de sus medicamentos. El organismo internacional terminó recomendando retirar productos inyectables fabricados por esas compañías.
García Furfaro, propietario de las empresas involucradas, construyó durante años relaciones políticas que fueron objeto de numerosas investigaciones periodísticas. Él mismo exteriorizó públicamente su admiración por Cristina Kirchner, mientras distintos informes reconstruyeron conexiones de sus compañías con funcionarios, contrataciones estatales y personajes del universo político y sindical.
Pero mientras la causa del fentanilo consiguió finalmente avanzar sobre funcionarios que tenían responsabilidad directa en los controles, otro expediente vinculado con la industria farmacéutica permanece atravesado por llamativas demoras.
El empresario Hugo Sigman, fundador del poderoso Grupo Insud y referente central del negocio farmacéutico argentino, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, en la investigación sobre las negociaciones realizadas por el gobierno de Alberto Fernández para adquirir vacunas durante la pandemia.
El requerimiento fiscal describió una presunta “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” y busca establecer, entre otros aspectos, si determinadas decisiones oficiales demoraron deliberadamente negociaciones con Pfizer mientras podían favorecer a otros fabricantes o distribuidores. Fueron convocados, además de Sigman, la exministra Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, el infectólogo Pedro Cahn y otros exfuncionarios y empresarios.
Sigman debía presentarse inicialmente el 19 de mayo de 2026, pero su defensa solicitó suspender la audiencia y la indagatoria fue trasladada al 26 de junio. Posteriormente surgieron nuevas presentaciones judiciales y el interrogatorio volvió a quedar postergado. Al 9 de agosto, no aparece públicamente fijada una nueva fecha concreta para recibirle declaración.
Mientras tanto, Cecilia Nicolini sí compareció ante Lijo durante julio, presentó su descargo y rechazó haber participado en irregularidades vinculadas con la adquisición de vacunas.
La dimensión económica de Sigman coloca la demora bajo una lupa adicional. Junto con su esposa, la bioquímica Silvia Gold, construyó Grupo Insud, conglomerado con inversiones farmacéuticas, biotecnológicas, agroindustriales y culturales. Dentro de ese universo empresario aparecen mAbxience, Chemo, Exeltis y participaciones en compañías como Laboratorios Elea, Biogénesis Bagó y Sinergium Biotech.
Fue precisamente mAbxience la empresa elegida para fabricar en la Argentina el principio activo de la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, proyecto presentado públicamente en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández como una pieza estratégica para abastecer a América Latina.
La proximidad política del empresario con el kirchnerismo tampoco fue un secreto. Perfiles publicados mucho antes de la actual investigación describieron sus buenas relaciones con Cristina Kirchner, La Cámpora y Eduardo “Wado” de Pedro. También señalaron vínculos familiares que acercaban a los Sigman con dirigentes como Axel Kicillof y Matías Lammens.
Durante la gestión de Alberto Fernández, esa cercanía adquirió aún mayor exposición. El entonces presidente inauguró personalmente en febrero de 2020 la planta de mAbxience en Garín y meses después encabezó el anuncio de la producción regional de la vacuna de AstraZeneca, con participación pública de Sigman.
Los contratos por vacunas ya habían llevado a la Justicia hasta las empresas del grupo. En abril de 2021 se realizaron procedimientos para obtener documentación en el Ministerio de Salud y en instalaciones vinculadas con Sigman por los acuerdos de provisión de AstraZeneca.
El contraste aparece ahora con crudeza. En La Plata, una tragedia sanitaria con decenas de muertos terminó exponiendo una cadena de irregularidades industriales y colocando bajo investigación penal no sólo al empresario García Furfaro, sino también a quienes debían controlarlo desde el Estado. Las dos principales exfuncionarias investigadas estuvieron detenidas, aunque recuperaron rápidamente la libertad después de reunir $150 millones en cauciones.
En Comodoro Py, entretanto, Hugo Sigman lleva meses evitando concretar una indagatoria ya ordenada judicialmente, mediante recursos y sucesivas postergaciones procesales.
El problema excede a dos empresarios. Durante décadas, el negocio farmacéutico construyó en la Argentina un entramado donde empresas privadas, organismos regulatorios, compras estatales, funcionarios y poder político convivieron alrededor de contratos multimillonarios.
García Furfaro parecía haber aprendido cómo moverse dentro de ese sistema hasta que el escándalo del fentanilo derribó parte de las protecciones que la Fiscalía sostiene que existieron dentro de los organismos sanitarios.
Sigman, integrante de una estructura empresaria mucho más poderosa, internacionalizada y diversificada, enfrenta ahora una investigación que intenta determinar qué ocurrió detrás de algunas de las decisiones sanitarias y comerciales más importantes adoptadas durante la pandemia.
El nombre de Hugo Sigman ya había quedado bajo exposición pública durante otro de los grandes escándalos vinculados con precursores químicos en la Argentina. En septiembre de 2016, autoridades aduaneras encontraron en depósitos del aeropuerto de Ezeiza diez contenedores con aproximadamente 11 toneladas de pseudoefedrina pertenecientes a Chemo, empresa del Grupo Insud fundado por Sigman. El hallazgo se produjo cuando todavía resonaban las investigaciones sobre la denominada “ruta de la efedrina” y el triple crimen de General Rodríguez, aunque la compañía sostuvo entonces que la sustancia había sido importada legalmente, estaba declarada ante los organismos correspondientes y había sido vendida a un laboratorio paraguayo para la fabricación de antigripales. Chemo también remarcó que se trataba de pseudoefedrina, y no de efedrina, y negó cualquier irregularidad. El episodio, que no derivó en una imputación contra Sigman por narcotráfico, volvió sin embargo a colocar a una de sus compañías en el centro de un área particularmente sensible: el comercio y manejo de precursores químicos capaces de ser desviados hacia la elaboración de drogas sintéticas.
Por ahora, existe una diferencia concreta: los exfuncionarios comenzaron a desfilar ante el juez, mientras uno de los empresarios más poderosos de la industria farmacéutica argentina todavía no se sentó frente a Ariel Lijo para responder las preguntas que reclama la Fiscalía.
