El primer Código de Ética para jueces federales abre, para Guillermo J. Tiscornia, una discusión mucho más profunda sobre el funcionamiento histórico del Consejo de la Magistratura, sus mecanismos de selección y remoción de magistrados y determinados episodios vinculados con la Corte Suprema. El columnista de Total News Agency recorre antecedentes periodísticos, declaraciones políticas, bibliografía jurídica y actuaciones ante la CIDH para sostener que las nuevas iniciativas de transparencia contrastan con décadas de prácticas que describe como una grave degradación institucional.
Por Guillermo J. Tiscornia –
Buenos Aires – 11 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.-En relación al editorial de Infobae (“Avanza en el Consejo de la Magistratura el primer Código de Ética para jueces federales”, por Tomas Martino), sobre el punto bien podría decirse que tomado como chanza humorística la novedosa iniciativa es fantástica; esto sería cómico si no fuera realmente trágico.
Sobre el punto en cuestión cabrá señalar aquello que constituye una verdad a mano abierta; esto es el hecho de que -amén de esta nueva iniciativa- el proyecto de reglamento propiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura en procura de transparentar los mecanismos de selección de magistrados viene a delatar acerca de la espuria (por no decir fraudulenta) actividad desarrollada por el mismo Consejo de la Magistratura desde su oficial inauguración (18/11/98), tanto en materia de selección como de remoción de los magistrados judiciales.
A modo de introducción cabrá señalar que la no tan lejana publicación difundida –entre otros medios- por Infobae (31/03/2024), “Consejo de la Magistratura: una funcionaria por el robo de declaraciones juradas acusó a su ex jefe de abuso y acoso”, da cuenta de lo que constituye un secreto a voces o, si se quiere, una verdad a mano abierta y es que si en rigor de verdad el Consejo de la Magistratura no remite a una genuina organización criminal pues bien entonces podría decirse que se le asemeja bastante.
Según dicha crónica periodística (Patricia Blanco, Infobae), el acusado resulta ser Federico Vincent, quien estuvo hasta poco tiempo atrás al frente de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, siendo que asimismo lo responsabilizó por tales irregularidades con las DDJJ.
Y esta situación de escándalo no debería sorprender. Por cierto que no.
Por caso, una de las voces críticas no hace mucho tiempo atrás supo definir: “El Consejo de la Magistratura es el botín de la política y el caballo de Troya de la Justicia” (profesor doctor Alberto Bianchi, Seminario, Universidad Católica Argentina, Infobae, 3/09/2020).
Y dos editoriales del periodista Carlos Pagni de La Nación, a saber: “El ‘indulto’ a Canicoba Corral, bajo la sombra de un pacto del 13 de mayo de 2020”, y “Se reactiva un viejo pacto para nombrar jueces amigos del kirchnerismo” “Fisuras en el bloque opositor del Consejo de la Magistratura” (18/12/2020) dan una idea cabal acerca del fraudulento organismo, verdadero paradigma de la aberración y de la perversión institucional.
Y ni que hablar respecto del sistémico tráfico de información en materia de concursos públicos (“Por irregularidades en concursos judiciales allanaron el tribunal de un camarista que está bajo sospecha”, Infobae, 6/10/2009).
Y como si ello no fuera suficiente: “Denuncian graves irregularidades en concursos públicos en el Consejo de la Magistratura en relación a la designación de jueces en el fuero civil” (Infobae, 26/05/01).
Y en ese contexto la auto referencia, aun para nada deseada, resulta en este caso insoslayable. “Sabemos que dio un buen examen para ascender a camarista, pero desde ya adelantamos, Tiscornia no va a ser ni juez ni camarista ni nada; lo vamos a echar” (Diputada Nacional, Diana Conti, FPV, 20/07/97).
“No se que espera el Consejo de la Magistratura para actuar sobre el juez Tiscornia” (Senadora Nacional Cristina Fernández, 24/07/07, Mallorca, España).
“Yo no amenazo, solo digo que si Gustavo Parino es procesado el que va a tener un juicio político será el juez Tiscornia” (Revista Noticias, Domingo Cavallo, 30/11/96).
“¿Holá, Anzorreguy?. Buen día. Habla Domingo Cavallo. Decile a Menem que si el lunes la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico no libera a Parino salgo a hablar y volteo al gobierno”. (Clarín, 22/12/96, Julio Blanck).
Y en lo que respecta al desempeño del Consejo de la Magistratura y de ciertos sectores del Poder Judicial -en particular respecto de los fueros judiciales considerados estratégicos para el poder político (lo que desde ya incluye desde luego al Alto Tribunal)- vale una remisión de ciertas publicaciones especializadas (en una enunciación meramente ejemplificativa no taxativa), a saber: i) “El federalista” (Alexander Hamilton); ii) “La traición a la ilusión” (Jean Claude De Gillebaud); iii) “Asalto a la justicia” (Adolfo Vázquez); iv) “Justicia prófuga” (Maximiliano Rusconi); v) “La cara injusta de la justicia” (Federico Delgado), vi) “República de la impunidad” (mismo Federico Delgado).
Y en lo que respecta al desempeño del Alto Tribunal el panorama no invita por cierto a nada alentador; en efecto el señor juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, en el marco de las Acordadas 44/2024 (de fecha 19/12/2024) y 45/2024 (de fecha 20/12/2024), a través de sendas disidencias dejó expuestos una serie de episodios que, a primera vista, revisten significación jurídico penal de inusitada gravedad.
Lo relatado en dichas acordadas, además, registra como antecedente otra disidencia del citado magistrado en el marco de la Acordada 18/2024 (de fecha 17/05/2024).
A no dudarlo: el Consejo de la Magistratura, y sin temor en caer en exageraciones, remite a un genuino y hediondo lodazal o si se quiere a una verdadera red prostibularia o más bien diría a una inmunda cloaca institucional; en fin nada nuevo bajo el sol. (ver informes de admisibilidad CIDH nros. 56/16 (“Leiva, Luis c/ Argentina”), 104/17 (“Torres Nieto, Mirta c/ Argentina”), 34/18 (“Tiscornia, Guillermo c/ Argentina”), entre otros).
Sentado lo hasta aquí expuesto me permito cuanto menos conjeturar que la iniciativa llevada a cabo en este caso por el Alto Tribunal, y a juzgar por la evidencia histórica, no pareciera traducir en la práctica en un propósito encaminado hacia un saneamiento institucional al parecer auspiciado.
Como dije, como chanza humorística la novedosa iniciativa propiciada por el Consejo de la Magistratura sería fantástica; esto es, sería cómico si no fuera realmente trágico.
