The Economist advierte que una nueva generación de comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está ocupando el centro real del poder iraní tras la muerte de Ali Khamenei. La transformación no sólo endurece la represión interna y complica cualquier acuerdo con Estados Unidos: coloca al frente del régimen a figuras vinculadas durante décadas con operaciones militares, redes regionales y terrorismo internacional, entre ellas Ahmad Vahidi y Mohsen Rezaei, ambos buscados por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA.
Buenos Aires – 23 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – The Economist formuló esta semana una definición que probablemente marque el debate sobre la nueva etapa iraní: la República Islámica estaría dejando atrás, progresivamente, su estructura teocrática tradicional para convertirse en una suerte de junta militar controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). No se trataría de la desaparición formal de los ayatolás ni del abandono de la ideología revolucionaria, sino de algo potencialmente más peligroso: la transferencia efectiva de las decisiones estratégicas hacia comandantes curtidos en guerras, represión interna, operaciones clandestinas y proyección militar regional.
La revista británica observó una imagen aparentemente secundaria pero cargada de significado. Nuevas vallas aparecidas en Teherán exhiben a los hombres que actualmente concentran responsabilidades en defensa y seguridad, mientras están ausentes tanto la iconografía religiosa tradicional como el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, muerto durante los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero. Mojtaba prácticamente no apareció públicamente desde su designación, mientras los uniformes militares ganaron visibilidad en la estructura estatal.
La tesis de The Economist no nació ahora. Ya en marzo había descrito cómo la guerra estaba trasladando el centro de gravedad del régimen hacia la Guardia Revolucionaria, cuyo aparato militar, político, económico y de inteligencia comenzó a cubrir el vacío dejado por la eliminación de dirigentes históricos. En aquel momento, fuentes próximas al régimen describían una evolución desde el “poder divino” hacia el “poder duro”, con una estructura cada vez más parecida a las juntas militares que dominaron otros países.
Los últimos nombramientos parecen profundizar ese proceso. Mohsen Rezaei, antiguo comandante del CGRI durante 16 años y figura central de la guerra entre Irán e Irak, fue colocado al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, organismo que concentra algunas de las principales decisiones sobre defensa, política exterior y negociación con Estados Unidos. Reuters destacó que su regreso representa la consolidación de una figura históricamente asociada con los sectores duros y escéptica respecto de acuerdos con Washington.
El nombre de Rezaei posee para la Argentina un significado adicional: figura entre los iraníes contra quienes la Justicia argentina solicitó captura internacional por el atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y cientos de heridos. INTERPOL aprobó en 2007 notificaciones rojas contra Mohsen Rezaei, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ali Fallahijan, Ahmad Reza Asghari e Imad Mughniyah a partir de las órdenes judiciales argentinas.
Más significativo todavía resulta el ascenso de Ahmad Vahidi, confirmado recientemente como comandante en jefe del CGRI. Vahidi fue fundador y comandante de la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria encargado históricamente de desarrollar operaciones clandestinas y sostener organizaciones aliadas de Teherán fuera de las fronteras iraníes. La Argentina lo busca por su presunta participación en la planificación del atentado contra la AMIA, y sobre él pesa desde 2007 una alerta roja de INTERPOL.
La propia Casa Rosada había señalado meses atrás que, según la investigación argentina, Vahidi habría participado de la estructura decisoria que evaluó y aprobó el ataque de 1994. Su promoción dentro de la cúpula iraní representa por lo tanto algo más que un simple movimiento administrativo: uno de los hombres reclamados por la Justicia argentina por el mayor atentado terrorista sufrido por el país controla ahora la organización militar más poderosa de Irán.
Otro integrante de la nueva estructura es Hossein Taeb, antiguo responsable de inteligencia del CGRI, designado al frente de la Basij, la milicia paramilitar utilizada históricamente para controlar manifestaciones y sofocar protestas. Junto con él fueron promovidos Ali Abdollahi como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y Ali Ozmaei como jefe de la marina de la Guardia Revolucionaria. Los nombramientos muestran una característica común: experiencia militar, lealtad interna y capacidad operacional reemplazando paulatinamente al equilibrio entre clérigos, políticos reformistas, tecnócratas y militares que caracterizó durante décadas al sistema iraní.
Ese cambio tiene consecuencias inmediatas para la seguridad regional. Rezaei declaró recientemente que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras Estados Unidos no levante el bloqueo naval, libere activos iraníes congelados y acepte las condiciones exigidas por Teherán. La Guardia Revolucionaria asegura haber repuesto misiles y drones utilizados durante los meses de guerra y sus nuevos comandantes hablan abiertamente de fortalecer capacidades ofensivas, navales, cibernéticas y de guerra asimétrica.
El memorando firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán parecía ofrecer una salida distinta. El entendimiento abrió una ventana de 60 días para negociar un acuerdo permanente, contemplaba medidas sobre el programa nuclear iraní, la reapertura de Ormuz, alivio de sanciones y un gigantesco mecanismo internacional de reconstrucción que podía movilizar hasta US$300.000 millones.
Ese período terminó sin producir el acuerdo definitivo. El tráfico marítimo continúa severamente restringido, las posiciones estadounidenses e iraníes volvieron a endurecerse y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron nuevos lanzamientos de misiles desde territorio iraní. Abu Dhabi respondió suspendiendo intercambios comerciales y financieros con Irán, mientras los precios internacionales del petróleo volvieron a subir por el temor a una escalada sobre una ruta por donde tradicionalmente circula una parte crítica del suministro energético mundial.
Es en ese escenario donde cobra fuerza la advertencia de The Economist. Los militares pueden mostrarse pragmáticos cuando necesitan recursos para reconstruir un país castigado por guerra, sanciones y aislamiento, pero un régimen cuya legitimidad descansa crecientemente en la seguridad y en la confrontación necesita también enemigos permanentes. La amenaza exterior se convierte entonces en argumento para justificar concentración de poder, represión interna y control social.
La evolución doméstica parece acompañar esa lógica. Durante las últimas semanas se intensificó nuevamente la presión por el cumplimiento obligatorio del velo, fueron clausurados cafés, restaurantes, comercios y centros deportivos y las autoridades aumentaron el control sobre redes sociales. Un relevamiento de Iran International contabilizó al menos 42 establecimientos cerrados en 17 ciudades durante un período de apenas tres semanas por cuestiones vinculadas con el hiyab u otras normas calificadas por las autoridades como islámicas.
La presión no termina allí. Organizaciones de derechos humanos estimaron que al menos 916 personas habían sido ejecutadas desde comienzos de 2026 hasta mediados de agosto, mientras el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había registrado decenas de ejecuciones por acusaciones relacionadas con seguridad nacional y con las protestas internas. Cerca de un centenar de artistas, cineastas y figuras públicas fueron convocados por organismos judiciales o de seguridad después de manifestarse contra las ejecuciones.
La combinación resulta particularmente inquietante: más poder militar en la conducción, mayor represión ideológica sobre la sociedad y una política exterior que vuelve a utilizar el estrecho de Ormuz, los misiles y las milicias aliadas como herramientas de negociación.
El interrogante consiste en determinar si los nuevos generales buscan realmente una guerra permanente o si están elevando el costo de cualquier negociación para obtener mejores condiciones. Existen indicios para ambas hipótesis.
El presidente Masoud Pezeshkian volvió a defender este domingo el memorando con Estados Unidos como la mejor vía disponible para salir de una guerra que golpeó duramente la economía iraní. Sin embargo, Rezaei mantuvo simultáneamente las amenazas contra países vecinos que participen de sanciones o permitan utilizar rutas alternativas para sortear el bloqueo de Ormuz. Esa convivencia entre negociación y coerción puede convertirse en la nueva doctrina del régimen.
El problema es que la Guardia Revolucionaria tampoco constituye una institución militar convencional. Durante décadas construyó una red exterior mediante la Fuerza Quds, sostuvo a Hezbolá en Líbano, financió y armó organizaciones palestinas, desarrolló vínculos con milicias iraquíes, apoyó a los hutíes de Yemen y desplegó estructuras clandestinas en distintos continentes.
Por eso, cuando The Economist habla de una transformación hacia una dictadura militar, el cambio no implica necesariamente una moderación respecto de la teocracia. Podría ocurrir exactamente lo contrario: que la ideología revolucionaria conserve su función legitimadora mientras las decisiones prácticas quedan en manos de hombres entrenados para utilizar coerción, guerra asimétrica, inteligencia y organizaciones proxy como instrumentos normales de política exterior.
Para la Argentina, además, existe una dimensión imposible de ignorar. Dos protagonistas centrales de esta nueva conducción, Vahidi y Rezaei, son reclamados judicialmente por uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente. El régimen iraní no sólo rechazó durante décadas entregarlos o facilitar su juzgamiento, sino que continuó promoviéndolos dentro de su estructura política y militar.
La transformación observada por The Economist implica entonces que quienes durante años se encontraban detrás de la estructura teocrática comienzan a ocupar directamente el escenario.
El ayatolá sigue existiendo, las mezquitas no desaparecieron y la doctrina de la República Islámica permanece. Pero los uniformes reemplazan progresivamente a los turbantes en los lugares donde se decide la guerra, la negociación, la represión y la supervivencia del régimen.
Si esa evolución se consolida, Estados Unidos, Israel, los países árabes del Golfo y Europa deberán negociar no con una teocracia que utiliza un aparato militar, sino con un aparato militar que conserva una teocracia como cubierta institucional. Para los iraníes que reclaman mayores libertades y para una región amenazada por misiles, terrorismo y bloqueos marítimos, la diferencia puede resultar mucho más que semántica.
Fuentes consultadas: The Economist, Reuters, Associated Press, INTERPOL, Gobierno argentino, Al Jazeera, Iran International, organismos internacionales de derechos humanos y documentación sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
