El juez Rodrigo Giménez Uriburu pidió un informe completo sobre los desplazamientos de la ex presidente dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria y reclamó precisiones técnicas sobre el alcance de la pulsera electrónica. La medida apunta a determinar si todas las salidas registradas como visitas a la terraza fueron efectivamente hacia ese sector o si existen movimientos hacia el departamento inmediatamente inferior, adquirido por la sindicalista camporista María Soledad Calle, investigada junto con Abel Furlán por el manejo de fondos de la UOM.
Buenos Aires – 27 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La Justicia federal decidió profundizar el control sobre los movimientos de Cristina Fernández de Kirchner dentro del edificio de San José 1111, donde la ex presidente cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad, luego de conocerse que el departamento situado inmediatamente debajo del suyo fue adquirido por María Soledad Calle, sindicalista vinculada con La Cámpora e investigada en una causa por el manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) y encargado de controlar la ejecución de la pena, requirió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que detalle todos los egresos de Cristina Kirchner desde la unidad funcional en la que permanece detenida y determine cuáles correspondieron realmente al uso autorizado de la terraza.
El magistrado también pidió que el organismo informe con qué grado de precisión técnica funciona el sistema de monitoreo electrónico colocado a la ex presidente y hasta qué punto permite determinar su ubicación exacta dentro del edificio.
Ese punto resulta central para la investigación.
Los informes periódicos de la DAPVE consignan desplazamientos internos como “salida a la terraza”, junto con las horas de salida y regreso al departamento. Giménez Uriburu quiere establecer ahora si el sistema electrónico puede diferenciar una subida hacia la terraza de un eventual desplazamiento hacia otro piso del inmueble.
La inquietud apareció después de conocerse que Calle compró un departamento de aproximadamente 252 metros cuadrados ubicado en el primer piso de San José 1111, directamente debajo de la unidad ocupada por Cristina Kirchner. La operación fue escriturada el 20 de agosto de 2025 y distintas reconstrucciones periodísticas situaron el precio en alrededor de US$189.000.
La compradora mantiene una relación política de años con el kirchnerismo y aparece en fotografías y actividades junto con Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La novedad produjo dos movimientos judiciales simultáneos.
Por un lado, el TOF 2 decidió examinar los desplazamientos de la ex presidente dentro del edificio.
Por otro, el juez Giménez Uriburu solicitó información al juzgado federal de Julián Ercolini sobre la causa en la que se investigan las actividades de Calle y del exsecretario general de la UOM Abel Furlán.
El expediente, identificado como causa 798/2026, analiza presuntas maniobras de administración fraudulenta y asociación ilícita relacionadas con acuerdos celebrados entre la conducción metalúrgica y la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), donde Calle aparece como accionista y directora.
Uno de los contratos bajo análisis fue firmado en febrero de 2023 y habría otorgado a USEM amplias facultades para administrar recursos de la organización sindical.
Entre las condiciones cuestionadas aparece una remuneración equivalente al 0,5% de la recaudación de los aportes sindicales, una cifra que habría representado aproximadamente $100 millones mensuales según las estimaciones incorporadas a la denuncia.
La empresa habría recibido además facultades para intervenir operativamente sobre un porcentaje significativo de los recursos sindicales, abrir cuentas y realizar pagos.
La situación generó una fuerte disputa dentro de la UOM.
El interventor del gremio, Alberto Biglieri, suspendió preventivamente los contratos con USEM mientras avanza una auditoría sobre la administración de los fondos sindicales y desvinculó a Calle de la organización.
La empresa fue requerida para presentar documentación sobre tareas realizadas, facturación, pagos, personal y estructura societaria.
La auditoría preliminar no logró establecer de manera suficiente la correspondencia entre algunos servicios contratados y las contraprestaciones económicas abonadas, por lo que el análisis continúa.
La compra del departamento de San José 1111 abrió ahora un nuevo frente dentro de esa causa.
Los sindicalistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, querellantes y opositores internos a Furlán, solicitaron mediante su abogado Yamil Castro Bianchi el allanamiento del inmueble adquirido por Calle y reclamaron que se determine el origen de los fondos utilizados para la operación.
La presentación pide específicamente analizar si parte del dinero proveniente de las maniobras investigadas alrededor de la UOM y USEM pudo terminar destinado a la adquisición o incorporación de bienes al patrimonio de Calle.
El pedido deberá ser evaluado por Ercolini.
Mientras esa investigación avanza, el TOF 2 intenta despejar otro interrogante: si Cristina Kirchner mantuvo sus movimientos exclusivamente dentro del perímetro autorizado o si utilizó espacios del edificio distintos de aquellos informados formalmente como destino.
La ex presidente tiene autorización judicial para utilizar la terraza una vez al día, durante el horario comprendido entre las 6 y las 20, por un máximo de dos horas.
El permiso fue concedido como una extensión controlada del régimen de prisión domiciliaria y quedó sujeto al monitoreo electrónico.
La prisión domiciliaria había sido dispuesta en junio de 2025, cuando el TOF 2 estableció que Cristina Kirchner cumpliera en San José 1111 la condena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.
El tribunal impuso entonces la utilización de un dispositivo de vigilancia electrónica y reglas específicas para visitas y desplazamientos.
La aparición de una propiedad perteneciente a una dirigente política y sindical cercana inmediatamente debajo de la vivienda de la condenada modifica ahora el contexto de esas medidas de control.
El interés del tribunal no se limita a revisar una lista de horarios.
La DAPVE deberá explicar técnicamente qué información produce la pulsera, cómo determina la posición dentro de un edificio de varios pisos, qué margen de error posee y si los registros disponibles permiten distinguir desplazamientos verticales hacia diferentes unidades funcionales.
Los dispositivos de monitoreo domiciliario suelen trabajar mediante una combinación de tecnologías que pueden identificar la proximidad o alejamiento respecto de una unidad instalada dentro del domicilio y alertar ante determinados perímetros. La capacidad para reconstruir desplazamientos precisos dentro de un mismo edificio depende de la configuración y del sistema utilizado en cada caso.
Por esa razón, Giménez Uriburu pidió información técnica y no solamente los reportes mensuales.
La Justicia deberá comparar esa explicación con cada uno de los movimientos registrados como salidas hacia la terraza.
En paralelo, la adquisición del inmueble por Calle quedó bajo creciente escrutinio debido a su situación patrimonial y a los ingresos obtenidos a través de la estructura sindical investigada.
La propia intervención de la UOM profundizó durante las últimas horas las medidas sobre USEM, suspendiendo contratos y avanzando con la revisión de los pagos realizados durante la gestión de Furlán.
El episodio tuvo además una inmediata derivación política.
Horas después de que trascendieran las medidas judiciales, militantes kirchneristas se concentraron frente a San José 1111 y Cristina Kirchner salió al balcón alrededor de las 18 para saludarlos.
Ese movimiento exterior desde su departamento quedó también registrado en una jornada durante la cual el edificio pasó nuevamente al centro de la atención judicial.
La respuesta de la DAPVE permitirá determinar si la pulsera electrónica tiene capacidad suficiente para reconstruir con precisión los desplazamientos internos realizados desde que comenzó la prisión domiciliaria y si existe información capaz de establecer algo más que el simple alejamiento de la unidad donde la ex presidente cumple su condena.
La información que remita Ercolini sobre la investigación a Calle y Furlán aportará, por su parte, el segundo elemento que interesa al TOF 2: las circunstancias de la adquisición del departamento inferior, la relación de su propietaria con la UOM y el estado de una causa donde ya se pidió examinar judicialmente el origen del dinero empleado para comprarlo.
Fuentes consultadas: Tribunal Oral Federal N°2; actuaciones de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica; causa federal 798/2026; antecedentes de la investigación a María Soledad Calle, Abel Furlán y USEM; documentación relacionada con la intervención de la UOM; La Nación; Infobae; Agencia Noticias Argentinas y antecedentes judiciales de la ejecución de la condena en la causa Vialidad.
