El Presupuesto 2027 proyecta una suba del salario medio del 25,4%, una inflación promedio del 21,1% y un IPC de 18% entre diciembre y diciembre, cifras que, más allá de las aclaraciones oficiales sobre la libertad de negociación entre empresas y trabajadores, envían una señal inequívoca hacia las próximas paritarias. Si Luis Caputo mantiene el criterio aplicado durante los últimos años, Economía intentará que los acuerdos mensuales se muevan aproximadamente entre 1,4% y 1,9%, evitando convalidar incrementos que puedan convertirse en referencia para precios y expectativas. El desafío para los trabajadores será que esta vez la desaceleración inflacionaria prometida efectivamente se cumpla: durante 2026 los salarios formales volvieron a correr por detrás de los precios y el Presupuesto anterior había proyectado una inflación de apenas 10,1%, objetivo que terminó ampliamente superado.
Buenos Aires – 18 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó escondido entre las planillas del Presupuesto 2027 un mensaje mucho más político que contable para sindicatos y empresarios: el Gobierno ya definió cuál considera un sendero razonable para los salarios durante el próximo año y difícilmente observe con indiferencia acuerdos paritarios que se aparten significativamente de ese recorrido.
El proyecto enviado al Congreso prevé que el salario medio aumentará 25,4% durante 2027, mientras calcula una inflación promedio anual de 21,1% y una variación del Índice de Precios al Consumidor de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. Si las previsiones oficiales se cumplen, los salarios deberían recuperar parte del poder adquisitivo perdido, aunque la magnitud depende de qué variables comparables se utilicen: frente a la inflación promedio prevista, la mejora real sería cercana al 3,6%.
La cuestión más importante, sin embargo, está en la trayectoria mensual implícita en esos números. Para terminar 2027 con una inflación interanual del 18%, Economía necesita que el IPC vaya descendiendo desde aproximadamente 1,8% mensual al comenzar el año hasta ubicarse alrededor del 1,4% hacia diciembre. Una mejora nominal salarial de 25,4%, distribuida regularmente, equivale aproximadamente a un incremento compuesto cercano al 1,9% mensual.
Allí aparece el corredor que probablemente dominará las negociaciones: aumentos mensuales entre 1,4% y 1,9%, con el primer número vinculado con la inflación buscada hacia el final del año y el segundo con la evolución salarial promedio contemplada en el Presupuesto.
Formalmente, esos números no constituyen un límite jurídico para las paritarias. El Gobierno sostiene que empresarios y trabajadores conservan libertad para negociar salarios y que la proyección incluida en el Presupuesto constituye un supuesto macroeconómico utilizado para estimar ingresos, gastos y actividad.
La experiencia de los últimos tres años muestra, sin embargo, que Caputo no considera indiferente el resultado de las negociaciones salariales.
El antecedente más visible ocurrió con Camioneros, cuando un acuerdo alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresarias quedó demorado en su homologación porque el Ministerio de Economía consideraba excesivos los porcentajes pactados. Caputo defendió públicamente aquella intervención argumentando que validar incrementos incompatibles con la desaceleración esperada de los precios podía alimentar una nueva ronda inflacionaria.
La posición produjo un enfrentamiento con Pablo Moyano, quien acusó al Gobierno de contradecir su discurso liberal al intervenir sobre acuerdos alcanzados voluntariamente entre trabajadores y empleadores.
Desde entonces, las referencias oficiales de inflación comenzaron a funcionar en la práctica como una señal para las negociaciones. Durante 2026, la pauta informal se ubicó alrededor del 2% mensual, consistente con la expectativa gubernamental de terminar el año con una inflación cercana al 29%.
El Presupuesto 2027 baja ahora otro escalón.
La discusión será especialmente sensible porque los trabajadores llegan al próximo año después de un período en el que los ingresos formales no consiguieron acompañar completamente la evolución de los precios. Durante el primer semestre de 2026, los salarios del sector formal acumularon una mejora nominal cercana al 15,4%, frente a una inflación de aproximadamente 16,9%, según los indicadores oficiales.
El deterioro puede parecer reducido en términos porcentuales, pero se acumula sobre pérdidas anteriores y se combina con aumentos en servicios, vivienda y otros componentes del presupuesto familiar que no necesariamente reproducen exactamente el promedio del IPC.
La credibilidad del nuevo sendero dependerá entonces de una variable decisiva: que la inflación de 2027 efectivamente se aproxime al escenario que Caputo escribió en el proyecto.
El antecedente inmediato obliga a la cautela. En el Presupuesto elaborado un año atrás, Economía había calculado para 2026 una inflación de 10,1% y un crecimiento del 5%. Las estimaciones actuales del propio Gobierno reconocen ahora que 2026 terminaría con una inflación cercana al 29% y una expansión económica del 3%.
La diferencia no es menor porque las proyecciones presupuestarias no quedan encerradas en una planilla. Sirven como referencia para negociaciones salariales, contratos, tarifas, alquileres, decisiones empresariales y expectativas de precios.
Cuando la inflación efectiva supera considerablemente el supuesto utilizado para negociar salarios, las paritarias comienzan a correr detrás del IPC y aparecen cláusulas de revisión, reaperturas y compensaciones.
El fenómeno tampoco nació con la administración de Javier Milei.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, los ministros Martín Guzmán y posteriormente Sergio Massa también utilizaron proyecciones oficiales de inflación inferiores a muchas estimaciones privadas como referencia para intentar moderar la indexación salarial. El caso de 2022 fue especialmente ilustrativo: el Presupuesto trabajó inicialmente con una inflación del 40%, pero el IPC terminó aumentando 94,8%, mientras los salarios nominales quedaron por debajo de esa cifra.
La diferencia actual reside en que el Gobierno de Milei convirtió la desaceleración inflacionaria en el centro de su programa económico y considera que evitar la indexación retrospectiva constituye una condición necesaria para consolidarla.
La lógica de Caputo consiste en impedir que las paritarias negocien mirando exclusivamente la inflación pasada. Economía pretende que los acuerdos utilicen como referencia la inflación futura esperada, porque entiende que ajustes salariales construidos sobre índices anteriores pueden trasladarse posteriormente a costos y precios.
Los sindicatos plantean el problema exactamente desde el sentido inverso: negociar sobre una inflación futura que finalmente resulta mayor a la proyectada significa que el trabajador financia el error del pronóstico con pérdida de poder adquisitivo.
La diferencia entre ambas posiciones será una de las discusiones económicas centrales de 2027.
Además, el próximo será un año electoral, circunstancia que incorpora un componente político adicional. El Gobierno necesitará demostrar que la estabilización no depende exclusivamente de salarios retrasados y que el crecimiento económico puede traducirse en una mejora perceptible del ingreso disponible.
El Presupuesto proyecta para ello una expansión del PBI del 4%, salarios creciendo 25,4% y una inflación promedio de 21,1%. Sobre el papel, el resultado sería compatible con recuperación del salario real y continuidad del equilibrio fiscal.
El mercado, sin embargo, mantiene estimaciones diferentes. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto del Banco Central, elaborado sobre las respuestas de 47 participantes —35 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras—, refleja un escenario que no coincide plenamente con todos los supuestos utilizados por Economía. Esa diferencia no convierte automáticamente en incorrecta la previsión oficial, pero muestra que el escenario presupuestario está lejos de constituir un consenso entre los analistas.
La inflación observada continúa además siendo considerablemente superior al nivel que Caputo pretende alcanzar. En agosto fue de 1,7% mensual y 33,5% interanual, según los registros oficiales. Para llegar al 18% interanual previsto hacia fines de 2027 será necesario mantener durante más de un año una trayectoria descendente sin grandes saltos cambiarios, fiscales o externos.
Por eso, detrás del aparentemente técnico 25,4% salarial del Presupuesto aparece una discusión política de mayor alcance. Si la inflación converge hacia el objetivo oficial, los sindicatos podrían obtener incrementos nominales relativamente bajos y aun así recuperar poder adquisitivo. Si vuelve a desviarse, una pauta construida sobre aumentos mensuales inferiores al 2% podría reproducir el fenómeno observado durante 2026: salarios corriendo nuevamente detrás de los precios.
Caputo tendrá además una herramienta institucional importante: la Secretaría de Trabajo conserva intervención en los procesos de homologación de convenios colectivos, mecanismo cuya utilización ya provocó conflictos con sindicatos cuando los porcentajes acordados superaron las pautas consideradas compatibles con el programa económico.
El verdadero examen del 25,4% comenzará, por lo tanto, antes de que transcurra 2027. Las primeras grandes paritarias deberán decidir si toman como referencia el sendero trazado por Economía o reclaman cláusulas automáticas de revisión que protejan los ingresos frente a posibles desvíos. Allí quedará definido quién absorbe el costo si la inflación vuelve a apartarse de las previsiones: el programa de desindexación diseñado por Caputo o el bolsillo de los trabajadores.
Fuentes consultadas: Proyecto de Presupuesto Nacional 2027; Ministerio de Economía; Banco Central de la República Argentina; Relevamiento de Expectativas de Mercado de agosto de 2026; INDEC; Cámara de Diputados de la Nación; iProfesional; La Nación; Infobae; Agencia Noticias Argentinas.
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