El Congreso rechazó los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español y dejó a Pedro Sánchez frente a una nueva crisis de gobernabilidad. PP, Vox, Junts y UPN tumbaron el principal paquete por 178 votos contra 172, mientras el segundo cayó por 184 contra 166. Fuentes de Sumar admiten que el Ejecutivo analiza cuándo podría convocar elecciones y el presidente dedicará el fin de semana a evaluar el nuevo escenario.
Madrid – 2 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió este viernes una doble derrota parlamentaria de fuerte impacto político después de que el Congreso rechazara los dos decretos con los que pretendía intervenir sobre la crisis de vivienda, un fracaso que volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales.
El primero de los textos cayó por 178 votos contra 172, con el rechazo conjunto del Partido Popular, Vox, Junts y UPN. El segundo obtuvo todavía menos respaldo: 166 votos favorables frente a 184 negativos. La combinación de ambos resultados dejó al Ejecutivo nuevamente sin mayoría suficiente para sostener una iniciativa central y confirmó que la relación con Junts atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la investidura.
Antes de la votación, Sánchez había intentado elevar al máximo la presión sobre los grupos que anunciaban su rechazo. “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”, advirtió desde el Congreso.
La advertencia no consiguió modificar el voto de Junts, cuyos siete diputados terminaron siendo determinantes.
La formación catalana había reclamado al Gobierno que retirara los dos decretos y negociara un nuevo texto. Su portavoz, Míriam Nogueras, defendió el rechazo alegando que varias de las medidas podían reducir la oferta de alquiler, aumentar los precios y perjudicar especialmente a pequeños propietarios. Horas antes de la votación, Junts entregó incluso una propuesta alternativa con la intención de abrir una nueva negociación.
El Gobierno decidió llevar igualmente las normas al pleno.
El primero de los decretos incluía una batería amplia de medidas: suspensión hasta 2030 de determinados desahucios cuando la vivienda perteneciera a fondos de inversión y no existiera alternativa habitacional; prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler; limitaciones temporales a la actualización de rentas; nuevas obligaciones para grandes tenedores; incentivos fiscales para propietarios que ofrecieran alquileres por debajo de determinados valores de referencia y deducciones para algunos inquilinos.
También incorporaba regulación sobre alquileres temporales, beneficios tributarios vinculados con vivienda asequible y mecanismos destinados a evitar que determinados contratos de temporada fueran utilizados para eludir las normas aplicables al alquiler habitual.
El segundo decreto era políticamente todavía más controvertido porque ampliaba el régimen de renovación de contratos de alquiler. El PNV, que respaldó el primer paquete, rechazó éste al considerar que castigaba excesivamente a pequeños propietarios y podía terminar reduciendo la oferta disponible. Ese posicionamiento dejó el texto prácticamente condenado antes de la votación definitiva.
La crisis excede ya la política habitacional.
Fuentes de Sumar, socio minoritario de la coalición, admitieron después de la derrota que dentro del Gobierno se analiza cuál podría ser el momento más conveniente para una eventual convocatoria electoral. Desde el entorno presidencial también se dejó trascender que Sánchez utilizará el fin de semana para evaluar el escenario abierto tras la pérdida de las dos votaciones.
Eso no significa que exista todavía una decisión tomada. Pero introduce por primera vez de manera explícita dentro del espacio gubernamental una posibilidad que hasta ahora había sido utilizada principalmente por la oposición.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que Sánchez ponga fecha a las elecciones y sostuvo que el Gobierno había encontrado una “coartada” para convocarlas. El líder popular acusó además al Ejecutivo de utilizar la crisis de vivienda con fines electorales y cuestionó que hubiera presentado dos textos que, a su juicio, contenían medidas incompatibles.
Desde el otro extremo político, ministros y referentes de la izquierda acusaron a PP, Vox y Junts de haber bloqueado protecciones destinadas a los sectores con mayores dificultades habitacionales.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció su decepción y sostuvo que los partidos que votaron contra los decretos habían optado por defender a los grandes fondos antes que a los inquilinos. Junts rechazó esa interpretación y defendió que su voto pretendía evitar medidas que, según su diagnóstico, agravarían la crisis de oferta.
La votación tuvo además un fuerte componente social.
Más de 500 manifestantes vinculados con movimientos de inquilinos marcharon desde Puerta del Sol hasta el Congreso mientras se debatían los decretos. Después del rechazo, parte de los concentrados regresó a Sol entre gritos de “huelga general” y cuestionamientos al Gobierno y a los partidos que habían votado contra las normas.
El conflicto de vivienda se convirtió así en un catalizador de una crisis parlamentaria más amplia.
España arrastra una severa escasez de oferta en numerosas ciudades, fuertes aumentos del alquiler y dificultades crecientes para el acceso de jóvenes y hogares de ingresos medios. Estimaciones recientes sitúan el déficit acumulado de vivienda en centenares de miles de unidades, mientras existe un fuerte debate entre quienes reclaman mayores controles sobre rentas y desahucios y quienes sostienen que esas medidas reducen la oferta y que el problema principal debe resolverse mediante construcción y liberación de suelo.
A ese deterioro se suma la cuestión presupuestaria.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a cuestionar la imposibilidad del Ejecutivo de aprobar unas nuevas cuentas y comparó la situación con la de una empresa cuyo responsable no logra sacar adelante su presupuesto. La oposición utiliza desde hace meses esa ausencia de nuevas cuentas como uno de sus principales argumentos para sostener que la legislatura está políticamente agotada.
La arquitectura parlamentaria que permitió la investidura de Sánchez depende de una mayoría heterogénea formada por PSOE, Sumar y distintos partidos nacionalistas e independentistas. La votación de este viernes demostró que esa mayoría ya no funciona automáticamente cuando Junts decide romper la disciplina de los antiguos socios de investidura.
El resultado introduce una diferencia significativa respecto de otras derrotas legislativas del Ejecutivo: esta vez el fracaso ocurrió en dos votaciones consecutivas, sobre una de las cuestiones que más preocupación social genera actualmente en España, después de negociaciones intensas y con el propio presidente interviniendo públicamente para intentar cambiar el resultado.
Sánchez deberá decidir ahora si intenta reconstruir nuevamente una mayoría artículo por artículo, negociar desde cero con Junts y otros socios o transformar la derrota parlamentaria en el punto de partida de una convocatoria electoral anticipada. La respuesta puede comenzar a conocerse después del fin de semana, cuando La Moncloa termine de medir si todavía existe una mayoría funcional para gobernar o si la crisis de vivienda terminó convirtiéndose en la votación que precipitó el calendario electoral español.
Fuentes consultadas: Congreso de los Diputados; Boletín Oficial del Estado; Gobierno de España; PSOE; Sumar; Partido Popular; Junts per Catalunya; PNV; Confederación Española de Organizaciones Empresariales; documentación parlamentaria y textos de los reales decretos sometidos a convalidación.
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