El caso enojó particularmente a Cristina Kirchner, fue una de las tantas molestias con el presidente Alberto Fernández que está imputado por haber violado la normativa que él mismo firmó. Después de la derrota electoral del Gobierno en las PASO, el expediente que investiga la fiesta de cumpleaños que Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, quedó finalmente a cargo del juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal 2 de San Isidro. Ahora el fiscal Fernando Domínguez pidió que se compulse el caso con otra denuncia que tramita en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado a ver si corresponde acumular todo allí.
Hace dos semanas, Sebastián Casanello -primer juez del caso que tiene como principal imputado al presidente Alberto Fernández– decidió desprenderse del expediente. En su fundamentación sostuvo que “los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires”.
Dentro de los plazos correspondientes, ninguna de las partes apeló la decisión de Casanello, por lo cual quedó firme la incompetencia. Y la Cámara de San Martín radicó el expediente en el juez de turno en ese momento, que era Mirabelli.
Horas después de la derrota electoral del Gobierno, el juez firmó la resolución a través de la cual aceptó la competencia del caso: “frente al escenario planteado, luego de haber examinado los documentos remitidos del legajo digital, concluyo que corresponde aceptar parcialmente la competencia atribuida respecto de una porción de los eventos exteriorizados en las denuncias acumuladas, y rechazarla en torno a los restantes hechos puesto que estos últimos excederían la competencia territorial de esta judicatura”, sostuvo Mirabelli, que rechazó entender en denuncias por violaciones a la cuarentena respecto de Mauricio Macri y Elisa Carrió, pues no ocurrieron en su jurisdicción.
Pero este viernes, el fiscal de ante su juzgado, Fernando Domínguez, pidió que se compulse la causa con otra denuncia que tiene la jueza Sandra Arroyo Salgado, “para que se determine el juez que deberá intervenir tomando en consideración todas las circunstancias desarrolladas”, sostiene el dictamen al que accedió Clarín.
En San Isidro hay dos juzgados federales, y el fiscal Domínguez sostuvo que la causa de la fiesta de la primera dama es similar a una denuncia inicial que tiene la jueza Arroyo Salgado “con anterioridad”, explicó.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, puede terminar siendo la Cámara de San Martín la que dirima la situación.
El expediente llega a San Isidro con las imputaciones formuladas por el primer fiscal del caso, Ramiro González. La lista de los investigados es encabezada por el Presidente, la primera dama y los demás participantes de la fiesta.
La causa busca determinar si se violó la normativa firmada por el jefe de Estado, cuando impuso una cuarentena estricta e investiga si las conductas denunciadas “pudieran configurar los delitos previstos en los artículos 205 y 248 del Código Penal, que establecen la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
En su imputación, el fiscal González le atribuyó responsabilidad al Presidente por la violación del artículo 205 del Código Penal, que prevé una pena de 6 meses a dos años de prisión para quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Todos esos datos se desprendían del DNU que había firmado el propio Presidente.
Para el oficialismo la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado -la ex mujer del fiscal Alberto Nisman- no es “imparcial”, como sostuvo el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.
Fuente Clarin
