Desde que el gobierno de Boris Johnson reveló su intención de eliminar los controles sobre las mercancías que llegan a la provincia británica desde el resto de Reino Unido, la UE no ha dejado de denunciar una actuación unilateral y amenazado con tomar represalias comerciales y judiciales.
Mientras que el primer ministro participa en una cumbre de los líderes del G7 en Alemania, está prevista por la tarde una votación de los diputados sobre el proyecto de ley para decidir su curso parlamentario.
Alegando la carga que suponen los controles -cuya aplicación se ha aplazado repetidamente- para las empresas y la necesidad de mantener la paz entre Irlanda del Norte e Irlanda, el gobierno británico decidió legislar tras meses de negociaciones infructuosas con Bruselas. También espera acabar con la parálisis de las instituciones locales norirlandesas.
“Hay barreras inútiles al comercio de Reino Unido hacia Irlanda del Norte, y todo lo que decimos es que podemos terminar con ella sin amenazar de ningún modo el mercado único europeo”, declaró Boris Johnson, que pidió a la Unión Europea mostrar “flexibilidad”.
El tiempo apremia según el gobierno británico, ya que los unionistas del DUP, que ven en el protocolo norirlandés -negociado y firmado en el marco del Brexit- una amenaza para el lugar de Irlanda del Norte en el Reino Unido, se niegan a participar en la asamblea y el ejecutivo de la provincia mientras no se abandonen los controles.
Las instituciones no pueden funcionar sin ellos debido a la cogobenancia prevista por el acuerdo de paz de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia que dejó 3.500 muertos.
La victoria en las elecciones locales a comienzos de mayo de los republicanos del Sinn Fein, favorables a la reunificación de la isla, acentuó los temores del DUP.
En un comunicado, la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, reiteró la posición de Londres de que el protocolo de Irlanda del Norte “socavaría” el “delicado equilibrio” del acuerdo del Viernes Santo, que selló la paz entre los leales a la corona británica y los republicanos favorables a la reunificación.
El proyecto de ley “resolverá los problemas que el protocolo ha creado, garantizando que las mercancías puedan circular dentro del Reino Unido, evitando al mismo tiempo una frontera dura y protegiendo el mercado único europeo”, sostuvo.
Pero para los europeos, el texto británico es “tanto ilegal como irreal”, dijo el domingo el embajador de la Unión Europea en el Reino Unido, João Vale de Almeida.
“Estamos comprometidos con encontrar soluciones prácticas” sobre la aplicación del protocolo, continuó en Sky News, “pero no podemos empezar a hablar si la base es decir que todo lo que acordamos antes debe ser descartado”.
Según el proyecto británico, las mercaderías destinadas a permanecer en Irlanda del Norte, y por tanto en el seno del mercado británico, se beneficiarían de un canal “verde” que evitaría los controles. Un canal “rojo” sería para las mercancías que pudieran entrar en el mercado de la UE a través de Irlanda, que tendrían que declararse, mientras que los controles se realizarían en Reino Unido.
Tras la presentación del proyecto de ley británico, la Unión Europea anunció el relanzamiento de un procedimiento de infracción, en suspenso desde septiembre de 2021, por violación del protocolo, así como la puesta en marcha de otros dos, por incumplimiento de los “controles necesarios” en materia sanitaria y fitosanitaria y por datos comerciales incompletos dados a la UE.
También presentó con mayor detalle sus propuestas hechas, en vano, al gobierno británico en octubre pasado, que según la UE permitían reducir considerablemente los controles y las formalidades aduaneras de una amplia gama de mercancías destinadas únicamente a Irlanda del Norte.
Fuente Ambito