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Por Nehomar Hernández
Cristina Fernández de Kirchner ha sido encontrada culpable por la llamada Causa Vialidad, una trama de corrupción que se desarrolló entre 2003 y 2015, comprendiendo la asignación de millonarios contratos para la realización de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, Argentina. En consecuencia, la Justicia argentina le ha impuesto una condena de seis años de prisión.
El Tribunal Federal 2, integrado por los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu, la ha condenado además a una inhabilitación especial de por vida para ejercer cargos públicos. Es la primera vez en 40 años de democracia del país que un vicepresidente resulta formalmente condenado en un proceso de esta naturaleza.
En concreto, la familia Kirchner habría aprovechado su paso por el poder en la nación sudamericana para asignar discrecionalmente 51 licitaciones a una constructora propiedad de Lázaro Báez, un empresario salido de la nada, cuya experiencia previa solo lo acredita como un simple empleado del área de la hostelería.
El fiscal Diego Luciani, quien elaboró la acusación final contra la actual vicepresidente del Gobierno argentino, determinó que la trama se estructuró de acuerdo a un organigrama piramidal, en cuya cúspide se encontraban justamente Néstor y Cristina Kirchner. Un rasgo importante de los contratos otorgados a Báez es que en 50 de ellos la constructora aplicó recálculos en los precios de las mismas, obteniendo aún más beneficios económicos. El funcionario ha estimado en aproximadamente 1.000 millones de euros el monto total del perjuicio causado al país por los manejos corruptos de las licitaciones.
La constructora del inexperto empresario progresivamente dejó al descubierto su impericia: 24 de las 51 obras fueron abandonadas sin culminarse. Por otra parte, en 39 de las construcciones, el Grupo Báez solicitó prórrogas para terminar las obras. «Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías», señaló en la acusación durante el juicio la Fiscalía argentina.
Esta decisión se produce luego de que, en septiembre pasado, la líder izquierdista sufrió un supuesto intento de atentado en un barrio de Buenos Aires, en medio de un rocambolesco episodio en el que un joven se le aproximó en medio de un tumulto de personas y le apuntó con un arma que casualmente se trabó.
Los hechos han llevado a la cárcel a varias personas, quienes actualmente están siendo procesadas judicialmente; sin embargo, al día de hoy la naturaleza de los mismos todavía son cuestionados por algunos sectores de la opinión pública, quienes arguyen que todo se trató de una operación orquestada por la propia Fernández para apelar a la victimización y bajarle el volumen tanto a la crisis económica propiciada por el Gobierno, como al propio proceso judicial de la Causa Vialidad.
Con todo, en este juicio Fernández había sido señalada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta. La Fiscalía había solicitado originalmente 12 años de cárcel para Fernández de Kirchner, así como su consecuente inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, se espera que de ahora en más la defensa de la vicepresidente apele la decisión. Además, al estar prevalida del fuero que le otorga ser la segunda a bordo en el poder Ejecutivo argentino, la sentencia no podría aplicarse en lo inmediato.
Con este caso Fernández se une al grupo de expresidentes izquierdistas que en los últimos tiempos han sido procesados por la justicia de sus países por estar incursos en prácticas corruptas; un club en el que destacan, por ejemplo, Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador).
En Brasil el estallido del polémico caso Lava Jato, que involucró a empresas como la estatal petrolera Petrobras y al gigante de la construcción Odebrecht, envió a la cárcel en 2018 al entonces expresidente Lula da Silva, con miras a cumplir una condena de cerca de 9 años. Sin embargo, luego de pasar apenas 580 días en prisión y por “tecnicismos jurídicos”, Lula logró ser excarcelado y eventualmente logró presentarse hace unos meses a la reelección presidencial. Sin embargo, hasta ahora no ha sido declarado inocente de los delitos que se le imputaron en aquel momento.
Por su parte, en abril de 2020 la Justicia ecuatoriana determinó que el expresidente Rafael Correa había tenido responsabilidad en una trama de corrupción denominada Caso sobornos 2012-2016. Allí, para variar, el exjefe del Ejecutivo había utilizado su posición para adjudicar contratos a la constructora Odebrecht, a cambio de financiamiento a su entorno político.
El proceso judicial decantó en una condena judicial de ocho años de prisión para Correa, quien desde entonces está evadido de la Ley y se esconde en Bélgica.
Recientemente el actual presidente de la nación sudamericana, Guillermo Lasso, declaró que Correa ha alentado y financiado las revueltas protagonizadas por grupos radicales indigenistas en el Ecuador. Todo ello con miras a derrocarlo y, más importante aún, garantizarse un ambiente de impunidad para eventualmente volver al país.
En suma, una revisión somera de estos tres casos arroja suficientes luces para poner en evidencia cómo los liderazgos del Socialismo del Siglo XXI en la región han estado inexorablemente vinculados a grotescas tramas de corrupción y aprovechamiento del poder.
Fuente Gaceta.es
