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Buenos Aires, 11 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional, presidido por Javier Milei, concretó este martes una profunda reestructuración del organigrama estatal mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, publicado en el Boletín Oficial, que introduce cambios clave en las atribuciones de varias áreas del Poder Ejecutivo.
El decreto implicó tres decisiones de alto impacto: la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, el traspaso de las competencias en turismo, deportes y ambiente desde el Ministerio del Interior hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros, que encabeza Manuel Adorni, y la decisión de concentrar en el Ministerio de Seguridad Nacional las funciones en materia migratoria, registración e identificación de personas.
En lo que concierne a la comunicación oficial, el decreto puntualiza que las funciones, unidades organizativas, personal y partidas presupuestarias de la Secretaría de Comunicación y Medios quedan automáticamente transferidas a la Jefatura de Gabinete. Con ello, Adorni consolida su rol y su influencia dentro del Ejecutivo, al asumir también la vocería presidencial de facto.
Respecto del turismo, los deportes y el ambiente, el cambio no se limita a una reasignación formal: el decreto incorpora al artículo 16 del Título V de la Ley de Ministerios la creación de incisos (35 a 44) que detallan las funciones que pasan al ámbito de la Jefatura de Gabinete, tales como la administración del Fondo Nacional de Turismo, la articulación de políticas de desarrollo deportivo y la supervisión ambiental vinculada a recursos naturales y áreas protegidas.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Nacional absorbe, a través de la modificación del artículo 22 bis de la Ley de Ministerios, la plena conducción de la política migratoria del país, el control de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esta medida desplaza al Ministerio del Interior de competencias clave vinculadas a fronteras, documentación y flujo de personas.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la reforma responde a la “necesidad impostergable” de optimizar la gestión gubernamental, incrementar su eficiencia y reducir la dispersión de funciones en el aparato estatal. Sin embargo, críticos señalan que esta concentración de poder puede implicar un cambio en los equilibrios institucionales previamente establecidos.
La reorganización del gabinete también redefine qué secretarías asisten directamente al Presidente. El nuevo artículo 9 establece que solo cuatro secretarías tendrán esta vinculación: General (a cargo de Karina Milei), Legal y Técnica (María Ibarzábal Murphy), Inteligencia de Estado (Sergio Darío Neiffert) y Cultura (Leonardo Cifelli). Las tres primeras conservarán rango y jerarquía de ministro.
En un escenario político de alta tensión institucional, la modificación del organigrama se suma a las políticas de ajuste, regulaciones y reformas que marcan la gestión del presidente Milei. Para el Ministerio del Interior, que ahora lidera Diego Santilli, la decisión representa una pérdida significativa de funciones estratégicas y sugiere un recorte de peso en su perfil institucional.
El impacto real de esta reorganización dependerá de cómo se implemente en la práctica: la transferencia de estructuras, el acompañamiento presupuestario, la adecuación de recursos humanos y la articulación entre los nuevos ámbitos de competencia son desafíos de gestión que deberán concretarse en los próximos meses. En particular, la absorción de la comunicación oficial por la Jefatura de Gabinete plantea interrogantes sobre la autonomía de los medios públicos y la centralización del mensaje estatal.
Para el ámbito del turismo y los deportes, el traslado al círculo más cercano del jefe de Gabinete otorga mayor visibilidad al abordaje de esas políticas, pero también las pone bajo un perfil administrativo más directo del poder político. En el área ambiental, la supervisión de recursos naturales y áreas protegidas ahora queda en manos del organismo que concentra las funciones ejecutivas del Gobierno, lo que algunos interpretan como un riesgo de politización de decisiones que antes dependían de un ministerio con perfil especializado.
La decisión también se inscribe en una lógica global de reorganización estatal que desplaza funciones consideradas “transversales” —como turismo, deporte y ambiente— hacia conglomerados administrativos centralizados. En este sentido, Argentina emprende una transformación institucional que podría redefinir los roles tradicionales de sus ministerios y secretarías.
El cuerpo normativo opera de inmediato tras su publicación, aunque su revisión debe pasar ahora por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme a la normativa vigente sobre DNU.
