Buenos Aires-20 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La declaración de la martillera que intervino en la operación previa del departamento de Caballito volvió a poner bajo presión política y judicial a Manuel Adorni. La testimonial no prueba por sí sola un delito, pero sí oscurece su situación porque agregó dos elementos de peso: según la inmobiliaria, la unidad valía al menos USD 110.000 más que lo declarado en la operación del funcionario, y además la compra en 12 cuotas sin interés fue descripta como una modalidad poco frecuente dentro del negocio inmobiliario.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita entró en una semana delicada para el jefe de Gabinete. Este lunes declararon Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que había intervenido en la venta anterior del inmueble de la calle Miró al 500, en Caballito, y ratificaron ante la fiscalía que el departamento se había ofrecido originalmente en torno a los USD 340.000. Eso implica una brecha de alrededor de USD 110.000 respecto de los USD 230.000 por los que finalmente fue escriturado a nombre de Adorni, en una operación que incluyó USD 30.000 en efectivo y USD 200.000 financiados a un año, sin interés. Esa diferencia ya era llamativa; con esta declaración, el expediente sumó un testimonio que la vuelve todavía más incómoda.
Pero no fue solo eso. Los testigos también señalaron que la propiedad fue remodelada y que, a partir de esas refacciones, el valor de mercado podía incluso trepar a unos USD 345.000. Es decir, no solo se ratificó que el inmueble se había publicado a un precio sustancialmente mayor al monto de la operación, sino que además la mejora integral de la unidad refuerza la sospecha de que el valor real del bien era bastante más alto que el consignado en la escritura. En términos políticos, eso complica el relato defensivo del funcionario. En términos judiciales, empuja a la fiscalía a profundizar una pregunta central: si el nivel de vida, las compras inmobiliarias y las reformas son o no compatibles con los ingresos y el patrimonio declarados por Adorni y su entorno.
El otro dato que pesa fuerte es el mecanismo de pago. Rucci calificó como “poco frecuente” que una propiedad de esas características se vendiera en 12 cuotas sin interés, una modalidad que dentro del rubro no es habitual, mucho menos para una operación de varios cientos de miles de dólares en uno de los barrios más cotizados de la ciudad. Ahí aparece uno de los puntos más sensibles del caso: el problema ya no es solamente cuánto valía el departamento, sino también cómo se estructuró una compra con condiciones atípicas para ese mercado. En ese terreno, la declaración de la martillera pega de lleno porque no proviene de un adversario político sino de una testigo vinculada profesionalmente al circuito de la operación previa.
La investigación, además, ya había dado un salto la semana pasada cuando el juez Ariel Lijo, a pedido de Pollicita, ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para reconstruir movimientos, créditos, consumos, hipotecas y trazabilidad patrimonial. La causa no se agota en el departamento de Caballito: también examina la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, las refacciones realizadas allí y el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones y viajes. El miércoles 22 deberá presentarse Pablo Martín Feijoo, señalado como pieza clave en el armado de la compraventa; el viernes 24 será el turno del contratista Matías Tabar; y el lunes 27 declarará Juan Ernesto Cosentino, ex dueño de la propiedad del country. El expediente, en otras palabras, se sigue cerrando alrededor del circuito patrimonial del funcionario.
Desde el Gobierno, Adorni ya había ensayado su defensa. En conferencia de prensa en Casa Rosada, afirmó que su patrimonio fue construido antes de entrar al Gobierno, sostuvo que vive en Caballito y aseguró que todo lo que debía estar declarado “está declarado”, además de señalar que no daría más detalles para no interferir en la investigación judicial. Esa línea defensiva sigue siendo su principal escudo. Sin embargo, el problema para el oficialismo es que cada nueva testimonial no cierra preguntas: al contrario, las multiplica. Porque cuando una martillera afirma que el valor era mucho más alto y que la forma de compra fue inusual, el caso deja de parecer una simple polémica mediática y empieza a tomar un espesor mucho más incómodo para la situación política de Adorni.
