Buenos Aires, 12 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis política abierta alrededor de Manuel Adorni comenzó a impactar en la agenda legislativa del Gobierno y ya amenaza con trabar uno de los proyectos centrales del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: la llamada Ley Hojarasca, una iniciativa diseñada para derogar unas 70 normas consideradas obsoletas, algunas de ellas con más de un siglo de vigencia formal.
El dato político es sensible para Javier Milei. El oficialismo venía intentando recuperar la iniciativa pública con una agenda de reformas, desregulación y ordenamiento normativo, pero el avance de los pedidos opositores para interpelar al jefe de Gabinete volvió a poner al Gobierno en modo defensivo. En la práctica, el caso Adorni no sólo ocupa la discusión mediática: también consume capital parlamentario.
Hasta hace pocos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantenía conversaciones avanzadas para convocar a una sesión el 20 de mayo con el objetivo de darle media sanción a la Ley Hojarasca. El proyecto ya había obtenido dictamen de mayoría el 21 de abril en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con apoyo de sectores dialoguistas, incluidos representantes del PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales.
La iniciativa de Sturzenegger apunta a limpiar el entramado legal argentino de regulaciones que siguen formalmente vigentes, aunque muchas ya no tengan aplicación real. Otras, sin embargo, todavía generan costos, demoras y burocracia sobre el sector privado. Un ejemplo mencionado en las negociaciones legislativas es la norma que obliga a obtener aprobación del Instituto Geográfico Nacional cuando un producto comercial incluye un mapa de la Argentina en su etiqueta, como podría ocurrir con una botella de vino.
Pero el tablero cambió. Legisladores de la oposición, encabezados por el socialista Esteban Paulón, impulsaron una sesión para tratar expedientes vinculados a Adorni, entre ellos pedidos de interpelación y una eventual moción de censura. Aunque en La Libertad Avanza confían en bloquear cualquier intento de remover al funcionario, admiten que el costo de conseguir ayuda para frenar esa ofensiva puede complicar la obtención de votos para aprobar la Ley Hojarasca en el corto plazo.
El problema es matemático y político. En un Congreso fragmentado, el Gobierno necesita a sus aliados para cada movimiento. Si pide respaldo para blindar a Adorni, luego le resultará más difícil exigir acompañamiento inmediato para una reforma que, aunque menos escandalosa, también genera resistencias. La oposición lo sabe y busca colocar al oficialismo ante una encerrona: o defiende al jefe de Gabinete o avanza con su agenda legislativa, pero difícilmente pueda hacer ambas cosas al mismo tiempo sin pagar costos.
La tensión se profundiza porque el vínculo con el PRO, principal aliado parlamentario del Gobierno, atraviesa uno de sus momentos más delicados. El partido fundado por Mauricio Macri publicó un comunicado crítico en el que advirtió que el cambio tiene dos enemigos: “el populismo de siempre” y aquellos que lo frenan desde adentro “con soberbia, arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. El mensaje fue leído en el oficialismo como un tiro directo al corazón político de la administración libertaria.
En las últimas horas circularon versiones sobre una eventual orden de Macri a sus legisladores para acompañar una moción de censura contra Adorni, pero fuentes del PRO lo negaron. En la bancada amarilla aseguran que no participarán de una sesión promovida por Paulón y menos aún si consideran que el kirchnerismo intenta utilizar el caso para montar un show parlamentario. Aun así, el malestar existe y ya no se disimula.
El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, mantiene puentes con sectores del oficialismo y la semana pasada se reunió con referentes de La Libertad Avanza, entre ellos Sebastián Pareja, para discutir estrategias legislativas y electorales en la provincia de Buenos Aires. También fue recibido en la Casa Rosada por el ministro del Interior, Diego Santilli, una figura que el Gobierno mira con atención para una eventual ingeniería electoral bonaerense.
En paralelo, Macri prepara una nueva gira nacional para reinstalar al PRO como alternativa de poder y reforzar la consigna del “próximo paso”. Este viernes encabezará una actividad en Vicente López, territorio gobernado por Soledad Martínez, una de sus dirigentes de mayor confianza. Luego convocará a legisladores provinciales del partido en la sede nacional del espacio, tendrá una parada en Mendoza, donde gobierna el radical Alfredo Cornejo, y el 5 de junio visitará Paraná, en Entre Ríos, distrito gobernado por su ex ministro Rogelio Frigerio.
El movimiento de Macri no es casual. El ex presidente busca preservar identidad propia frente a un oficialismo que necesita sus votos, pero que muchas veces intenta absorber o desplazar al PRO dentro del universo antikirchnerista. La relación entre ambos espacios combina cooperación legislativa, competencia electoral y desconfianza creciente.
En el Gobierno apuestan a que la agenda pública cambie de eje y que la tensión política pierda intensidad con el avance del calendario deportivo internacional. Sin embargo, saben que después vendrá el tiempo de las candidaturas, las alianzas y las definiciones de fondo. Y allí el caso Adorni, lejos de ser un episodio aislado, podría terminar funcionando como una bisagra: el punto en el que el oficialismo descubrió que una crisis judicial puede trabar una ley, tensionar a un aliado y devolver a Mauricio Macri al centro del escenario.
