Buenos Aires, 13 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo dato sensible: el propietario de una casa que el jefe de Gabinete alquiló en el barrio cerrado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante la Justicia federal que el funcionario le pagó US$15.400 en efectivo por 15 meses de alquiler. El testimonio fue incorporado al expediente que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, donde se busca determinar si los movimientos de dinero, la compra de propiedades, las refacciones y los gastos del funcionario se condicen con sus ingresos declarados y con la información presentada ante la Oficina Anticorrupción.
El testigo es José Luis Rodríguez, dueño de la vivienda que Adorni habría alquilado mientras se realizaban obras de remodelación en otra casa adquirida en el mismo country. Según su declaración, el contrato original fue firmado por un año y tuvo un valor total de US$13.000, abonados en efectivo y en dólares. Luego, al no estar terminada la obra en la propiedad principal del jefe de Gabinete, se habría pactado de palabra una extensión por tres meses más, a razón de US$800 mensuales, también pagados en efectivo. Esa segunda etapa sumó US$2.400, llevando el total del alquiler a US$15.400.
El dato no aparece aislado. Se suma a una serie de movimientos en dólares que la fiscalía viene reconstruyendo para establecer la trazabilidad patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En el expediente ya constaba la declaración del contratista Matías Tabar, quien sostuvo bajo juramento que las refacciones realizadas en la casa de Indio Cuá tuvieron un costo cercano a los US$245.000, pagados también en efectivo y sin emisión de facturas. Esa versión fue desmentida políticamente desde el entorno del funcionario y por el propio presidente Javier Milei, pero quedó incorporada como testimonio judicial.
La nueva declaración agrega una pieza más al rompecabezas: no sólo habría habido pagos relevantes en efectivo por obras, sino también por alquileres temporarios dentro del mismo barrio cerrado. Para la fiscalía, el punto central no es únicamente cuánto se pagó, sino cómo se obtuvo, conservó y aplicó ese dinero. En una causa por presunto enriquecimiento ilícito, la pregunta clave no es si alguien puede gastar, sino si puede demostrar documentalmente el origen lícito y compatible de esos fondos.
Según fuentes judiciales citadas en la causa, los montos movilizados por Adorni en poco más de un año ya rondarían los US$349.640, sin contar algunos rubros adicionales. Con la incorporación del alquiler de Indio Cuá y los muebles encargados para un departamento en Caballito, estimados en unos US$10.000, el volumen de dólares manejados en efectivo treparía a una cifra cercana a los US$370.000. Parte de esos movimientos corresponde a meses previos a su ingreso formal como funcionario público, entre octubre y diciembre de 2023, pero la fiscalía igualmente busca determinar si existía respaldo patrimonial, financiero y documental suficiente.
El expediente apunta a reconstruir la trazabilidad del dinero. Para eso, la fiscalía trabaja sobre dos líneas centrales. La primera es un informe de la Dirección de Asistencia Financiera en Investigaciones Penales, DAFI, dependiente de la Procuración General de la Nación, que analiza ingresos y egresos del matrimonio. La segunda consiste en revisar movimientos bancarios, fiscales, bursátiles y patrimoniales, para lo cual ya se requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
La situación se volvió especialmente delicada porque el caso involucra pagos en dólares, en efectivo, sin bancarización visible y, según algunos testimonios, sin documentación respaldatoria suficiente. En cualquier investigación patrimonial, ese combo enciende alertas: alto volumen de divisas, operaciones inmobiliarias, refacciones costosas, alquileres dentro de barrios privados y ausencia de facturas o trazabilidad clara.
El contratista Matías Tabar había declarado que los pagos por las obras en Indio Cuá se hicieron durante once meses, con entregas de dinero que oscilaban entre US$20.000 y US$40.000, en intervalos de quince a veinte días. Según esa versión, el primer pago habría sido el 16 de noviembre de 2024 por US$35.000. El funcionario, en cambio, dejó trascender que los montos consignados no serían correctos y que él y su esposa confiaron en el arquitecto o contratista para la entrega de las facturas correspondientes.
El nuevo testimonio de Rodríguez tiene valor porque confirma otra operatoria en efectivo dentro del mismo contexto inmobiliario. El propietario relató que el contrato de alquiler se había negociado en octubre de 2023, cuando Adorni aún no era funcionario. Para enero y febrero de 2024, el acuerdo contemplaba un monto de US$5.600 total, que luego se extendió hasta completar el año por US$13.000. Cuando la obra en la otra casa no terminó, se acordó verbalmente una prórroga por tres meses más.
La fiscalía deberá determinar ahora si esos pagos fueron declarados, si figuran en documentación contractual suficiente, si tuvieron correlato en ingresos verificables y si fueron compatibles con la capacidad económica del funcionario y su familia. También deberá establecer si los fondos provinieron de ahorros previos, préstamos, ventas, ingresos profesionales, herencias, operaciones inmobiliarias u otras fuentes lícitas debidamente acreditadas.
El caso tiene un impacto político directo porque Adorni no es un funcionario menor. Pasó de vocero presidencial a jefe de Gabinete y se convirtió en una de las caras más visibles del Gobierno de La Libertad Avanza. En una administración que hizo de la transparencia, la austeridad y la denuncia contra la “casta” parte esencial de su identidad, una investigación por movimientos patrimoniales en dólares golpea en el centro del relato oficial.
La oposición ya utiliza el expediente para exigir explicaciones públicas, impulsar pedidos de interpelación y sostener que el Gobierno aplica un doble estándar. Mientras reclama sacrificios a la sociedad y auditorías sobre universidades, organismos y cajas públicas, uno de sus funcionarios centrales debe explicar ante la Justicia pagos relevantes en efectivo y supuestas operaciones sin facturación clara. Para el oficialismo, en cambio, el caso forma parte de una ofensiva política destinada a desgastar al Gobierno y debilitar a un hombre de extrema confianza de Milei.
La defensa política de Adorni fue cerrada hasta ahora. Milei lo respaldó públicamente y, según trascendidos de reuniones de Gabinete, habría rechazado desprenderse de un funcionario al que considera honesto. Sin embargo, la acumulación de testimonios, cifras y movimientos en efectivo vuelve cada vez más difícil reducir el caso a una simple operación mediática. La Justicia no investiga opiniones: investiga documentos, declaraciones, flujos de dinero y consistencia patrimonial.
En paralelo, también se analiza la existencia de movimientos a través de criptomonedas durante 2024. Según documentación incorporada al expediente y datos difundidos por la prensa, habría habido entradas y salidas que todavía deben ser cuantificadas y explicadas. La pregunta judicial es si esos activos fueron declarados correctamente ante la Oficina Anticorrupción y si guardan relación con los ingresos informados.
El expediente también incluye otros gastos bajo observación: viajes al exterior, un vuelo privado a Punta del Este, remodelaciones, compra de inmuebles, muebles encargados para el departamento de Caballito y pagos relacionados con la casa de Indio Cuá. Cada elemento por separado puede tener una explicación. El problema para Adorni es la suma: muchos pagos relevantes, gran parte en efectivo, en un período corto y con documentación que la fiscalía todavía considera insuficiente.
Desde el punto de vista penal, la figura de enriquecimiento ilícito exige analizar si el incremento patrimonial de un funcionario o persona obligada a declarar resulta apreciable e injustificado frente a sus ingresos legítimos. No basta con la sospecha política ni con la indignación pública. La Justicia debe demostrar una inconsistencia patrimonial relevante y dar al investigado la posibilidad de justificar el origen de los fondos. Pero del mismo modo, el funcionario tiene la carga de explicar de manera clara, documental y verificable cómo afrontó esos gastos.
Ese es el punto crítico: la transparencia no se declama, se prueba. Si los dólares existían antes de la función pública, deberá acreditarse su origen. Si provinieron de préstamos, deberán aparecer contratos, acreedores, plazos, tasas, transferencias o garantías. Si surgieron de ahorros, deberá demostrarse capacidad previa. Si fueron ventas o herencias, deberán constar los documentos. Y si hubo servicios pagados sin factura, también deberá analizarse la eventual responsabilidad tributaria de quienes cobraron y de quienes aceptaron esa modalidad.
El caso Adorni vuelve a mostrar un problema de fondo en la política argentina: la naturalización del dólar en efectivo como forma paralela de vida patrimonial. Funcionarios, empresarios, contratistas y particulares muchas veces se mueven en una zona gris donde las operaciones se pagan “cash”, las facturas no aparecen, los contratos son parciales y la trazabilidad llega tarde, cuando ya interviene un fiscal. Esa cultura del efectivo, tolerada durante años, choca de frente con cualquier discurso serio de transparencia.
Para el Gobierno, el desafío es político e institucional. Puede sostener la presunción de inocencia de Adorni, como corresponde en un Estado de Derecho. Pero no puede minimizar indefinidamente un expediente que incorpora testimonios concretos, montos precisos y operaciones que requieren explicación. Menos aún cuando el propio oficialismo exige auditorías, orden y rendición de cuentas a otros sectores.
La declaración de José Luis Rodríguez no cierra la causa. La amplía. Agrega un nuevo tramo de dinero en efectivo al circuito investigado y obliga a reconstruir con mayor precisión cómo se financió la estadía en Indio Cuá mientras se refaccionaba la otra propiedad. La Justicia deberá determinar si se trata de gastos compatibles con ingresos lícitos o si forman parte de un cuadro patrimonial que todavía no encuentra respaldo suficiente.
Por ahora, el expediente avanza con una lógica clara: seguir el dinero. Y en esa ruta, cada testigo suma una coordenada. Primero fueron las refacciones. Luego los muebles. Ahora, el alquiler. La pregunta que queda abierta es si Adorni podrá explicar todo con papeles o si el caso terminará mostrando que, detrás del discurso de austeridad oficial, también había dólares en efectivo circulando por caminos demasiado difíciles de justificar.
