Buenos Aires, 15 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Mientras Santiago Caputo se encuentra en Estados Unidos en una misión política sensible para la Casa Rosada, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante los tribunales de Comodoro Py en el que advirtió “serias y evidentes irregularidades” en el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las vías navegables más importantes del mundo y pieza clave del comercio exterior argentino.
El informe fue firmado por el fiscal Sergio Rodríguez y presentado ante la Fiscalía Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan, en el expediente que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello. La PIA no realizó un pedido concreto de medidas, pero elevó un análisis técnico con fuertes cuestionamientos sobre los pliegos, el procedimiento de selección, las condiciones de competencia y un eventual “posible direccionamiento” del proceso.
El dato político es inevitable. Mientras el asesor presidencial Santiago Caputo busca en Washington sostener puentes con sectores de poder de Estados Unidos para sostenerse él en Buenos Aires, la fiscalía especializada en corrupción administrativa dejó asentadas objeciones severas sobre la licitación de una infraestructura estratégica que definirá durante los próximos 25 años el control del dragado, balizamiento, peajes, mantenimiento y operación de la principal vía fluvial del país.
La Hidrovía Paraná-Paraguay no es una concesión más. Por allí circula buena parte de la producción agroindustrial argentina, y su funcionamiento impacta directamente sobre los costos logísticos, la competitividad exportadora, los puertos, las cerealeras, las economías regionales, el comercio exterior y la seguridad estratégica del país. Por eso, cualquier sospecha de direccionamiento o falta de transparencia adquiere dimensión institucional.
Según el dictamen, la PIA recibió denuncias de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y una de las empresas participantes de la licitación. Las presentaciones apuntaron contra supuestas irregularidades en los pliegos aprobados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en diciembre de 2025.
Uno de los primeros cuestionamientos fue el presunto incumplimiento de la normativa vinculada al acceso a la información ambiental. De acuerdo con la PIA, durante la audiencia pública informativa la ANPYN presentó un volumen excesivo de documentación, superior a las 9.000 páginas, en un plazo breve para su análisis. Para el organismo, ese mecanismo habría impedido una participación ciudadana real, efectiva y técnicamente seria.
La observación no es menor. La licitación de la Hidrovía no sólo involucra intereses comerciales millonarios, sino también impacto ambiental, dragado permanente, movimiento de sedimentos, afectación de ecosistemas, comunidades ribereñas y planificación portuaria de largo plazo. En un proyecto de esa magnitud, la transparencia ambiental no puede ser una formalidad cumplida a las apuradas.
La PIA también sostuvo que la ANPYN repitió defectos ya advertidos en procesos licitatorios anteriores. Entre las irregularidades señaladas aparecen la redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones para una eventual cesión del contrato, las restricciones a la posibilidad de impugnar, las limitaciones a ciertas formas societarias y los obstáculos para que las empresas puedan presentarse bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas.
El dictamen recordó además que en informes anteriores ya se había advertido sobre “lo desvirtuado” de la fórmula de evaluación de las ofertas y del procedimiento de etapa múltiple. Sobre ese punto, la PIA sostuvo que recaían reparos por un “posible direccionamiento del proceso” y agregó que ahora se detectaron “nuevas y sustanciales deficiencias”.
Otro punto crítico fue la ausencia de un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con intervención de la autoridad nacional competente. Para la PIA, esa omisión no puede ser subsanada luego mediante la simple incorporación de informes o planes de gestión ambiental. En términos simples: no alcanza con sumar papeles al expediente si el análisis ambiental estructural no fue realizado de manera correcta desde el inicio.
La conclusión del organismo fue contundente: existen elementos suficientes para advertir irregularidades “serias y evidentes” en la redacción de los 138 pliegos, lo que podría conducir a un procedimiento y a una eventual adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales.
Mientras tanto, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que aseguró que, “con apoyo multisectorial y sin impugnaciones”, avanza el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal. La administración de Javier Milei sostuvo que la licitación ingresó en su etapa final y que el martes próximo se abrirá la Etapa 3, correspondiente a las propuestas económicas.
El contraste entre el discurso oficial y el dictamen de la PIA es evidente. Mientras la Casa Rosada habla de un proceso exitoso, sin objeciones y encaminado a la adjudicación, la fiscalía anticorrupción advierte fallas relevantes, posible direccionamiento y riesgos de reproches penales o administrativos. Esa contradicción coloca al Gobierno ante una pregunta incómoda: ¿se avanzará igual o se corregirán las observaciones antes de entregar el control de una infraestructura clave por un cuarto de siglo?
En carrera quedan dos grandes oferentes. Por un lado, el consorcio conformado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, vinculada a la familia Román. Por el otro, la también belga DEME, que iría asociada con las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR. La definición no sólo marcará quién operará la vía navegable, sino también qué red de empresas, subcontratistas, operadores portuarios y actores logísticos quedará posicionada alrededor del negocio.
En ese tablero aparece un dato que aumenta la sensibilidad política del expediente: la relación atribuida entre Santiago Caputo y empresarios del Grupo Neuss, uno de los nombres mencionados en publicaciones periodísticas y en antecedentes relevados por Total News Agency alrededor de los actores indirectos u “oblicuos” del negocio de la Hidrovía. TNA ya había advertido que detrás de la disputa por la vía navegable aparecen nombres del mundo empresarial, portuario, logístico y político que exceden largamente a las dragadoras que compiten formalmente.
La mención al Grupo Neuss no debe ser leída como una imputación penal automática, pero sí como un antecedente político relevante. Diversas publicaciones ubicaron a Juan Neuss y Patricio Neuss dentro de un círculo de cercanía personal con Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor influencia en el dispositivo de poder del presidente Javier Milei. Algunas versiones incluso señalaron vínculos originados en el entorno social de Martindale, en Pilar, donde empresarios y operadores políticos habrían compartido espacios desde hace años.
Ese tipo de relaciones, por sí mismas, no constituyen delito. Pero cuando aparecen alrededor de una licitación multimillonaria, estratégica y cuestionada por la fiscalía anticorrupción, obligan al Estado a extremar los controles. La transparencia no sólo debe existir: también debe ser visible, verificable y resistente a cualquier sospecha de favoritismo.
Total News Agency ya había publicado que en la trama de la Hidrovía se mencionaban, además del Grupo Neuss, nombres como Gustavo “El Turco” Elías, sectores vinculados al sindicalismo de Hugo Moyano, operadores logísticos, actores portuarios y empresarios con llegada a distintas terminales del poder. Esa red de intereses refuerza una idea central: la Hidrovía no es solamente dragado y balizamiento; es control operativo, información sensible de tráfico, peajes, servicios conexos, logística terrestre, depósitos, seguros, puertos y comercio exterior.
Allí radica el verdadero peso del expediente. Quien controle la Hidrovía tendrá influencia directa sobre el flujo exportador argentino, sobre los costos de salida de la producción y sobre una estructura estratégica para la economía nacional. Por eso, cualquier pliego sospechado de estar diseñado para favorecer a determinados jugadores debe ser revisado con lupa.
La presencia de Santiago Caputo en Estados Unidos agrega otra capa de lectura. El asesor presidencial busca proyectar confianza, alineamiento estratégico y previsibilidad ante interlocutores norteamericanos. Sin embargo, en paralelo, una licitación crítica para el comercio exterior argentino queda atravesada por advertencias de la PIA, por menciones a empresarios cercanos al poder y por la preocupación de sectores que observan con atención qué intereses locales e internacionales quedarán posicionados en la vía navegable.
El tema también tiene una dimensión geopolítica. La Hidrovía es una infraestructura sensible en un contexto donde Estados Unidos, China y Europa siguen con atención los corredores logísticos, los puertos, la producción agroindustrial y los nodos de comercio estratégico de América del Sur. Para un Gobierno que busca alinearse con Washington y atraer inversiones occidentales, una licitación bajo sospecha puede transformarse en un problema más grande que una simple controversia administrativa.
El oficialismo libertario llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, cortar con la casta, transparentar el Estado y desarmar los negocios oscuros. La licitación de la Hidrovía será una prueba concreta de ese discurso. No alcanza con hablar de privatización, eficiencia o apertura al mercado si el procedimiento queda señalado por fallas, restricciones a la competencia y sospechas de direccionamiento.
Desde una mirada de derecha moderna, seria y republicana, la inversión privada y la participación de empresas internacionales no son un problema; al contrario, pueden ser parte de la solución para un país que necesita infraestructura, dólares, empleo y competitividad. Pero el mercado exige reglas claras. Y reglas claras significa licitaciones transparentes, competencia real, pliegos no direccionados, control ambiental serio y ausencia de beneficiarios ocultos.
El Gobierno todavía tiene margen para ordenar el proceso. Puede responder punto por punto las observaciones de la PIA, abrir la documentación, garantizar participación efectiva, permitir impugnaciones razonables, revisar cláusulas cuestionadas y demostrar que no existe un diseño a medida para favorecer a ningún grupo. Si lo hace, fortalecerá la licitación. Si no lo hace, dejará servida una crisis judicial y política alrededor de una de las concesiones más importantes del país.
El dictamen de la PIA no paraliza automáticamente el proceso, pero deja una advertencia formal dentro del expediente. Si el Ejecutivo avanza sin atender esas observaciones, una futura adjudicación podría quedar expuesta a impugnaciones, denuncias penales, planteos administrativos y cuestionamientos internacionales. En una concesión de 25 años, ese riesgo no es menor: es institucional, económico y estratégico.
La Casa Rosada enfrenta así un dilema de fondo. Puede tratar el informe de la PIA como una molestia burocrática y seguir adelante, o puede asumir que la licitación de la Hidrovía exige estándares superiores de transparencia. En un país acostumbrado a ver cómo los grandes negocios públicos terminan capturados por redes de poder, la diferencia entre una privatización seria y un reparto de beneficios está en los detalles del procedimiento.
Por ahora, el mensaje del organismo anticorrupción es claro: hay irregularidades, hay fallas en los pliegos y hay elementos que permiten advertir un posible direccionamiento. Con Santiago Caputo en Estados Unidos, con empresarios cercanos al poder mencionados en el entorno del negocio y con la Hidrovía en la etapa final de adjudicación, el Gobierno de Javier Milei deberá demostrar que la transparencia no es sólo una consigna de campaña, sino una práctica efectiva cuando están en juego miles de millones y el control de la principal autopista fluvial de la Argentina.
