Por Enrique Guillermo Avogadro
“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”.
Peter Drucker
A esta altura del mandato, ya nadie duda de la incapacidad del Gobierno para comunicar eficientemente sus muchos logros e impedir que otros temas ríspidos los opaquen; el riesgo que todos corremos es que ese cúmulo de errores agote la paciencia social y, aún con una oposición atomizada, nos haga retroceder, después de tantos esfuerzos, a un nefasto pasado de emisión desmedida y rampante corrupción.
El martes se realizaron manifestaciones opositoras enancadas en una malintencionada visión populista de la Universidad pública – “La Universidad pública y gratuita es igualadora social”, mintió Cristina Fernández en 2011 – que sólo beneficia a quienes la han transformado en una cueva de corrupción y una máquina para perpetuar privilegios; para confirmarlo, basta ver qué porcentaje de alumnos proviene de las clases media-baja y baja. ¿Implica el mismo esfuerzo estudiar para un hijo de la clase media, cuyos padres pueden mantenerlo, que para otro que proviene de una familia obrera y necesita del trabajo del propio alumno para subsistir? ¿Es irrelevante que unos provengan de caros colegios privados o de la enseñanza media pública, donde reinan los Baradell? La Universidad pública se sostiene con el aporte de un Tesoro cuyas arcas, a su vez, se nutren de los impuestos que pagamos todos. ¿Es justo que los más pobres soporten con su diario esfuerzo una Universidad que no tiene exigencias de ningún tipo y a la cual sus hijos no podrán asistir? ¿Por qué todos tenemos que pagar para que estudien gratuitamente en nuestras universidades extranjeros que, al graduarse, regresan a sus países a ejercer?
¿O para que algunos pocos estudien carreras que no sirven al conjunto social y que, en la enorme mayoría de los casos, gradúan gente que no encontrará inserción laboral en el campo elegido? En el caso de los abogados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires (3,1 millones de habitantes) los matriculados llegan a 70.000, mientras que en Japón (124 millones) sólo son 49.000 y en toda Francia (69 millones), 70.000.
En Argentina, el promedio de permanencia en los claustros en carreras con curricula de cinco años, es siete y, a diferencia de todos nuestros vecinos, la Universidad sólo gradúa veintidós de cada cien ingresantes. Ese estiramiento artificial genera, naturalmente, mayores gastos en salarios docentes y no docentes, en infraestructura, en medios para la investigación, etc., todo lo cual recae sobre las espaldas de la población en general, inclusive de aquellos sectores cuyo único consumo son los alimentos de primera necesidad, gravados con el IVA. La extendida pobreza de los salarios docentes en todos los niveles hace que sólo puedan ingresar a la enseñanza académica aquellos que, amén de una increíble vocación, disponen de otros medios de subsistencia o que buscan, en la cátedra, un galardón social, y no siempre es acompañado por la calidad de la enseñanza impartida.
Mientras se siguen graduando inmensas cantidades de abogados y economistas, grandes conglomerados internacionales en industrias de punta se ven impedidos de instalarse en el país porque no encuentran aquí suficientes ingenieros, geólogos, químicos, físicos, matemáticos, etc..
Mi propuesta para cambiar este estado de cosas es muy simple.
Se trata de establecer – disponemos, sin duda, de los medios para hacerlo y la IA contribuirá para lograrlo – cuántos nuevos graduados de cada una de las disciplinas necesitará el país a cinco años vista; basta con introducir en una computadora la información que suministren las empresas y el sector público, incluyendo a los potenciales inversores que se acerquen. Con el resultado, se formaría un primer cupo de aspirantes que rindieran un muy exigente examen de ingreso y mantuvieran el nivel de excelencia durante toda la carrera, comprobado mediante pruebas semestrales; obviamente, no sólo no se les cobraría matrícula alguna sino que, por el contrario, se les pagaría un sueldo razonable durante todos sus estudios. Como es obvio, quienes lograran graduarse integrando ese primer cupo encontrarían una inmediata salida laboral, ya que tanto el Estado como las empresas competirían por ellos.
Luego, crear otro cupo que tuviera en cuenta la capacidad física de cada una de las facultades; en algunas, hay materias en las que los profesores deben dar clases a más de cien alumnos, lo cual impide una eficiente enseñanza. Este segundo cupo, es decir aquellos que opten por carreras que el país no necesitará – y, por ende, es injusto que deba soportar – o por estudiantes que no lograran el nivel de excelencia requerido para el primero, debería pagar para estudiar; así de simple: si quieres hacerlo, báncalo tú. Incorporaría, además, a esas normas una ley que impusiera al sector público la obligación de contratar, como consultora externa, a la Universidad, y pagar los honorarios correspondientes.
Veamos qué efectos produciría esta solución propuesta. En primer término, produciría mejores graduados, y así el país dispondría de profesionales excelentes en las disciplinas más necesarias. Luego, impediría la permanencia del “estudiante crónico”, ese al cual el bajo nivel de exigencia en materia de cantidad de materias aprobadas le permite permanecer en los claustros por muchos años, incordiando a los verdaderos alumnos.
Con el producido de las matrículas pagadas por los integrantes del segundo cupo, más los aranceles de los extranjeros y los honorarios que la Universidad generaría por sus servicios de consultoría externa, se formaría un interesante presupuesto propio, que permitiría mejorar sensiblemente los salarios docentes e invertir en infraestructura y en medios de investigación. Al pagar sueldos dignos, se incrementaría el interés por la enseñanza, lo cual permitiría también exigir más calidad de los profesores. El círculo virtuoso se cerraría con ese nivel de excelencia en los claustros docentes, lo cual transformaría a la Universidad en un verdadero faro capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser el miserable fanal que sólo permite ver la escalera descendente en la que estamos embretados desde hace décadas.
