Buenos Aires, 19 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Nuevas revelaciones sobre presuntos negocios sospechosos en la Casa Militar volvieron a colocar bajo presión a un área estratégica del Gobierno que depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, la hermana del Presidente. El eje de las denuncias apunta al general Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, acusado en testimonios y documentos periodísticos de haber intervenido en presuntos pedidos de coimas y licitaciones direccionadas en compras de repuestos, mantenimiento de aeronaves, alquiler de vehículos y contratación de vallas para actos oficiales.
El caso es particularmente sensible porque Ibáñez no es un funcionario menor. La Casa Militar tiene a su cargo la seguridad presidencial, la custodia de la Casa Rosada, la residencia de Olivos y parte de la logística vinculada al traslado del Presidente y su entorno. Además, el organismo se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, según la estructura oficial del Gobierno y la normativa administrativa vigente.
La lectura política es inevitable: Ibáñez depende de un área controlada por la hermana del Presidente y ya había demostrado saber cumplir órdenes cuando impulsó una denuncia por presunto espionaje contra periodistas que ingresaron a la Casa Rosada con lentes especiales que permitían filmar dentro del edificio oficial. Aquella acusación, que derivó en restricciones inéditas al ingreso de la prensa acreditada, fue rápidamente cuestionada y terminó bajo fuerte polémica pública. La medida fue repudiada por organizaciones periodísticas por considerarla un avance contra la cobertura del Poder Ejecutivo.
Ahora, el mismo jefe militar que apareció como guardián severo de la seguridad presidencial queda mencionado en una trama mucho más incómoda: supuestos retornos en compras y contrataciones realizadas en el área que depende de la Secretaría General de la Presidencia. Según la información publicada por Clarín y recogida en el material base, Ibáñez, junto al ex jefe de la agrupación Técnica de la Casa Militar, Daniel Edgardo Salguero Del Arca, y otros integrantes del organismo, habría gestionado presuntos sobornos de al menos el 10% en licitaciones por compras de repuestos y mantenimiento de aviones de la Dirección General de Logística (DGL), también conocida como Agrupación Aérea Presidencial.
El esquema denunciado incluiría licitaciones adjudicadas a un grupo de empresas que, según los testimonios, habrían sido favorecidas por vínculos previos o pliegos diseñados a medida. Entre las firmas mencionadas figuran Redimec SA, de Fabián Oyarbide; Aras Aero Inc., de Jaime Mejía; Aviation Logistics Center, vinculada a Juan Pablo Snopek; Masuma Internacional SA, de los hermanos Facundo Torres y Marcos Torres; Fire Eagle Inc.; Chef Gourmet; y Regional One Inc., esta última señalada por la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por US$4 millones, cuando, según la publicación, una aeronave similar costaba alrededor de US$2,3 millones.
La trama comenzó a adquirir volumen después de la salida del coronel mayor Alejandro Guglielmi, quien había sido jefe de la Casa Militar durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El 15 de marzo de 2024, Karina Milei decidió desplazarlo y el nombre de Sebastián Ibáñez empezó a circular como sucesor. La decisión fue interpretada desde el inicio como parte de un proceso de control directo del área por parte de la secretaria general de la Presidencia.
Pocos días antes del desplazamiento de Guglielmi, el Gobierno modificó la estructura de la DGL mediante el decreto 232/2024, que reorganizó áreas bajo la Secretaría General de la Presidencia. Según el texto base y la normativa oficial, esa modificación dejó a la Dirección General de Logística bajo la órbita de la Casa Militar, lo que concentró en esa estructura una porción sensible de la logística presidencial.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, el supuesto circuito de negocios en la DGL habría funcionado, al menos, entre marzo y los primeros días de agosto de 2024, hasta la salida de Florencia Gastaldi, entonces a cargo del área, en medio de sospechas por direccionamiento en la licitación de mantenimiento del ARG-01. A raíz de esa investigación periodística, Ibáñez, Gastaldi y Juan Pablo Pinto, expiloto presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández, quedaron bajo investigación judicial.
El caso no se limitaría a la logística aérea. Según los testimonios citados, también habría sospechas en el área de Movilidad Terrestre, encargada de la contratación de vehículos para el traslado de funcionarios y personal de la Casa Militar. Una fuente interna explicó que se habrían utilizado “licitaciones cortas”, abiertas durante muy poco tiempo, para que sólo pudieran presentarse empresas previamente avisadas y con capacidad de cumplir requisitos hechos prácticamente a medida.
En ese marco aparece la licitación privada 23-0003-LPU24, destinada al “servicio de alquiler de vehículos sin chofer para el traslado de personal de la Casa Militar”. Según la documentación citada, se presentó un solo oferente: Néstor Eduardo Ávila, dueño de Ávila Viajes y proveedor habitual del organismo. La contratación fue adjudicada por $167.868.778 y luego prorrogada el 28 de mayo de 2025. En 2026, nuevamente con un único oferente, Ávila se adjudicó otra contratación por $105.160.000.
La sospecha, siempre según las fuentes citadas por la investigación periodística, es que en ese circuito se habrían quedado “como mínimo con el 10%” y que, para cubrirse o incrementar el retorno, se habrían certificado viajes que nunca se realizaron. La acusación, de comprobarse, no sólo podría configurar una maniobra de corrupción administrativa, sino también una defraudación contra el Estado mediante servicios sobrefacturados o directamente inexistentes.
Otro capítulo apunta al alquiler de vallas metálicas utilizadas en eventos presidenciales y actos oficiales. En una licitación de 2024, se presentaron tres empresas: MEBA Producciones SRL, con una oferta de $98.950.000; Grupo Argensan SRL, con $114.150.000; y Event Assistance SRL, con $237.450.000. Pese a que esta última presentó la oferta más alta por amplia diferencia, fue adjudicataria del contrato. Luego, la Casa Militar prorrogó la contratación y el monto fue elevado, lo que llevó el total a más de $510 millones en menos de seis meses.
El mismo proveedor volvió a aparecer en 2025. El 22 de diciembre de ese año, Event Assistance SRL fue nuevamente adjudicataria del servicio de alquiler de módulos de vallas metálicas, esta vez como único oferente, por $437.448.500. Según una fuente cercana a la confección del proceso de compra, el mecanismo sería conocido: licitación corta, aviso previo al proveedor elegido y pliegos diseñados para desalentar o impedir la competencia real.
La explicación sobre el posible retorno en este rubro también es directa: se habrían declarado más metros lineales de vallas que los efectivamente utilizados o se habrían inflado los costos de fletes y traslados para generar diferencias. En lenguaje llano, se trataría de convertir la logística de actos públicos en una caja paralela mediante sobreprecios, certificaciones infladas y competencia simulada.
La dimensión política del caso es enorme. La Libertad Avanza llegó al poder con un discurso frontal contra la “casta”, el gasto político y la corrupción estatal. Sin embargo, en pocos meses comenzó a acumular denuncias e investigaciones sobre áreas sensibles del Ejecutivo: el caso patrimonial de Manuel Adorni, licitaciones bajo la órbita de Karina Milei, sospechas en organismos dependientes de Presidencia y ahora una trama que toca directamente a la Casa Militar, una estructura clave para la seguridad y la logística presidencial.
En paralelo, la figura de Karina Milei vuelve a quedar en el centro del tablero. No porque exista hasta ahora una acusación judicial directa en su contra por este caso específico, sino porque el área cuestionada depende de su secretaría y porque Ibáñez es un funcionario de máxima confianza funcional dentro de esa arquitectura. En política, la responsabilidad no siempre empieza en la firma de un expediente: muchas veces comienza en la elección de los hombres que manejan áreas sensibles.
El antecedente de la denuncia contra periodistas agrava la lectura institucional. Ibáñez apareció entonces como ejecutor de una política dura de control sobre el ingreso y la circulación de prensa en la Casa Rosada, en nombre de la seguridad presidencial. La acusación por supuesto espionaje fue utilizada para justificar restricciones que provocaron repudio del periodismo y organismos de libertad de expresión. Ahora, el mismo funcionario aparece mencionado en denuncias sobre presuntas coimas y contrataciones direccionadas. El contraste es incómodo: mano dura para los periodistas, demasiada elasticidad para los proveedores amigos.
El Gobierno deberá explicar si investigó internamente estas contrataciones, si revisó los pliegos, si auditó los servicios efectivamente prestados y si la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción o los organismos de control administrativos intervinieron ante los señalamientos. También deberá aclarar si Ibáñez continúa con plena confianza política de la Secretaría General de la Presidencia o si su situación será revisada a partir de las nuevas revelaciones.
La Justicia, por su parte, tendrá que determinar si los testimonios, audios, documentos y procesos licitatorios constituyen indicios suficientes para profundizar una investigación penal. Las preguntas son concretas: si hubo direccionamiento de contrataciones, si se pagaron sobreprecios, si existieron retornos del 10%, si se certificaron servicios inexistentes y si los proveedores fueron seleccionados mediante pliegos diseñados para evitar competencia.
El caso golpea en una zona especialmente delicada del relato oficial. La Casa Militar no es una repartición lateral ni una oficina perdida en el organigrama. Es el corazón operativo de la seguridad presidencial. Que allí aparezcan sospechas de coimas, licitaciones a medida y proveedores favorecidos resulta institucionalmente grave y políticamente corrosivo para un Gobierno que prometió transparencia, austeridad y ruptura con las prácticas del pasado.
La paradoja es brutal: el oficialismo que denunció a periodistas por filmar dentro de la Casa Rosada ahora enfrenta sospechas sobre lo que habría ocurrido puertas adentro de la propia estructura presidencial. Y si se confirma que hubo negocios irregulares en compras, aviones, autos y vallas, la pregunta dejará de ser quién entró con lentes especiales al edificio y pasará a ser quién salió beneficiado con contratos públicos desde el corazón mismo del poder.
