Madrid, 24 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra abrió un capítulo de enorme impacto político y judicial en España, pero también volvió a colocar bajo la lupa una vieja pregunta: hasta dónde llegaron sus vínculos con el poder chavista en Venezuela y si esas relaciones fueron apenas diplomacia, mediación humanitaria o parte de una trama mucho más profunda de influencia, negocios y presunto blanqueo de capitales.
La investigación que instruye el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ya no se limita al controvertido rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros durante la pandemia. La causa se amplió hacia una presunta estructura internacional que, según los informes incorporados al expediente, habría utilizado contactos políticos, sociedades instrumentales y operaciones en distintos países para canalizar fondos, favorecer negocios y obtener beneficios económicos a partir de la cercanía con organismos públicos y actores de alto nivel.
Uno de los nombres que aparece de fondo en esa trama es el de Alex Saab, empresario colombiano señalado durante años por Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro. Su figura resulta clave porque permite conectar el expediente español con los negocios venezolanos bajo sospecha: alimentos, petróleo, oro, divisas y redes societarias utilizadas para mover dinero fuera de Venezuela.
La investigación norteamericana sostiene que Saab participó en el desvío de fondos públicos venezolanos mediante negocios vinculados al régimen chavista, entre ellos el programa estatal de alimentos CLAP, además de operaciones relacionadas con oro y petróleo. Parte de esos fondos habría circulado por estructuras internacionales donde también aparece Plus Ultra, la aerolínea que terminó en el centro de la causa española.
El expediente coloca a Zapatero en una situación inédita para un expresidente socialista. La Audiencia Nacional lo investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. De acuerdo con reportes judiciales recientes, el magistrado Calama lo sitúa como presunto líder de una estructura “estable y jerarquizada” que habría operado para beneficiar a terceros mediante gestiones ante organismos públicos y operaciones internacionales de alto valor económico.
La red, según la investigación, no habría girado sólo alrededor de la aerolínea. También habría intervenido en operaciones vinculadas al comercio de oro, petróleo, petcoke, compraventa de acciones y mercado de divisas. Es decir, un mapa de negocios sensible, directamente conectado con sectores estratégicos del chavismo y con áreas donde Venezuela fue durante años sinónimo de opacidad, corrupción y fuga de capitales.
El punto de partida español fue la querella de Anticorrupción presentada en 2024, en la que ya se vinculaba a Plus Ultra con una presunta red internacional de blanqueo asentada en Francia, Suiza y España. La tesis fiscal apuntaba a que parte de los fondos investigados provenían del saqueo del sistema CLAP, una de las herramientas más utilizadas por el chavismo para construir control social bajo la excusa de la asistencia alimentaria.
El rescate de Plus Ultra, aprobado por la SEPI, siempre generó polémica por el bajo peso operativo de la aerolínea dentro del mercado español y por sus vínculos con capitales venezolanos. Ahora, con la imputación de Zapatero, el caso escala de sospecha política a investigación judicial de máxima sensibilidad.
La UDEF también puso el foco en una reunión atribuida a Zapatero con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, durante la tramitación del rescate. Los informes policiales sostienen que ese encuentro se produjo el 14 de octubre de 2020 y vinculan posteriormente pagos desde la aerolínea hacia empresas del entorno del expresidente. Para los investigadores, esos movimientos podrían mostrar que la red tenía acceso privilegiado a gestiones vinculadas con la ayuda pública.
Otro actor clave es Julio Martínez Martínez, socio y amigo de Zapatero, señalado por la UDEF como pieza central del engranaje económico. A través de sociedades como Análisis Relevante y otras estructuras vinculadas, se investiga si el entorno del expresidente recibió fondos procedentes de operaciones presuntamente simuladas o de servicios de consultoría sin sustento real.
La causa también menciona a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, y a Cristóbal Cano, secretario de Julio Martínez, como engranajes operativos de la estructura. Para el frente venezolano, el juez identifica a Manuel Aarón Fajardo como un hombre clave. En conversaciones internas, según la investigación, los propios implicados lo habrían definido como “la pieza de ZP en Venezuela”.
Ese dato es políticamente explosivo. Si las comunicaciones intervenidas reflejan una estructura con interlocución directa en el régimen chavista, la explicación de Zapatero sobre su papel como simple mediador por presos políticos queda, como mínimo, incompleta. Durante años, el expresidente socialista defendió su presencia en Caracas como una tarea de diálogo. La causa judicial ahora indaga si detrás de esa narrativa existía una red de negocios con funcionarios, empresas y operadores del chavismo.
En el centro societario aparece Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Según los informes, esta sociedad habría funcionado como vehículo de pago y carecería de actividad real compatible con los movimientos registrados. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude detectó que llegó a mover más de 2,6 millones de euros, una cifra considerada incongruente con su actividad declarada.
Parte de esos fondos habría terminado en compañías vinculadas al círculo de Zapatero, como Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, y Whathefav, administrada por las hijas del expresidente, además de la fundación Gate Center, presidida por el propio dirigente socialista. La línea investigativa apunta a determinar si esas estructuras sirvieron para canalizar dinero hacia el entorno familiar y político del exmandatario.
Las comunicaciones intervenidas también muestran referencias a contactos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, una de las figuras más poderosas del chavismo. En los chats analizados por la UDEF, algunos integrantes de la red celebraban internamente esa relación y hablaban de reuniones para tratar asuntos vinculados al petróleo. Para el juez, ese nivel de interlocución consolida la hipótesis de que la organización no era una consultora convencional, sino una plataforma de influencia con conexiones en asuntos de Estado.
La colaboración de Estados Unidos también refuerza la dimensión internacional del caso. El juez Calama pidió a las autoridades norteamericanas información sobre varios investigados en una pieza separada que permanece bajo secreto. Además, la causa incorpora material procedente de la extracción telefónica de un dispositivo de Rodolfo Reyes, directivo de Plus Ultra y uno de los empresarios venezolanos investigados, cuya información fue puesta a disposición de la Policía Nacional española por autoridades estadounidenses.
Reyes, considerado accionista de facto de Plus Ultra, aparece en conversaciones internas coordinando contactos, pagos y movimientos dentro de lo que los propios implicados denominaban una “finance boutique”. Otro nombre relevante es Camilo Ibrahim, socio a través de Snip Aviation, quien habría mantenido contactos directos con Zapatero. En uno de los mensajes interceptados, se afirma que Ibrahim estuvo con “ZP” y que “todo va viento en popa”.
Ese tipo de mensajes adquiere peso porque, según la investigación, el entorno de Zapatero habría conocido o anticipado información sensible sobre el rescate antes de su aprobación formal. Para el juez, ese posible acceso a información privilegiada es uno de los elementos que permiten sostener la sospecha de tráfico de influencias.
La causa también reabre el debate sobre la relación histórica entre el socialismo español y el chavismo. No es la primera vez que un nombre del entorno de Zapatero aparece vinculado a negocios venezolanos. Raúl Morodo, embajador de España en Caracas durante el gobierno socialista, fue condenado en 2024 tras reconocer que ocultó ingresos a Hacienda procedentes de negocios de su hijo con la petrolera estatal PDVSA.
Esa secuencia expone un patrón inquietante: diplomacia, vínculos con el chavismo, negocios opacos, sociedades interpuestas y dinero difícil de justificar. La imputación de Zapatero no prueba por sí sola una condena, pero sí marca un salto cualitativo en una sospecha que durante años circuló en la prensa, en la política española y en sectores críticos del régimen venezolano.
Para el PSOE, el golpe es profundo. Zapatero no es un dirigente menor ni un exfuncionario periférico: fue presidente del Gobierno, secretario general del partido y una de las figuras centrales del socialismo español contemporáneo. Su situación judicial golpea de lleno sobre Pedro Sánchez, que enfrenta ahora el costo político de una investigación que combina corrupción, Venezuela, fondos públicos y presunta influencia sobre decisiones del Estado.
El caso también puede tener derivaciones internacionales. Si la conexión venezolana se consolida judicialmente, la causa Plus Ultra dejará de ser un expediente español sobre un rescate aéreo polémico para transformarse en una investigación sobre cómo el dinero del chavismo pudo haber utilizado estructuras europeas para reciclarse, protegerse y comprar influencia política.
En ese escenario, la figura de Alex Saab vuelve a ocupar un lugar central. Su historial, sus vínculos con Maduro, las acusaciones sobre el CLAP y las investigaciones por operaciones con oro y petróleo encajan con el mapa de negocios que ahora examina la Audiencia Nacional. La pregunta es si Plus Ultra fue apenas una pieza aislada o parte de un engranaje mayor de circulación de fondos venezolanos.
La imputación de Zapatero abre un horizonte judicial complejo. Su declaración prevista ante el juez será clave para explicar su rol, sus contactos, sus empresas vinculadas, la actuación de sus colaboradores y su verdadera relación con los empresarios venezolanos investigados. También deberá aclarar si sus gestiones con Venezuela respondían a intereses políticos, humanitarios o económicos.
El caso golpea una idea que el propio Zapatero cultivó durante años: la del mediador internacional. La causa judicial plantea otra hipótesis mucho más incómoda: la de un expresidente que habría utilizado su agenda, su nombre y sus contactos para participar en una red de influencia conectada con negocios del chavismo.
Para España, el expediente es una prueba institucional. Para Venezuela, una nueva ventana hacia los mecanismos internacionales que habrían protegido al régimen. Y para el socialismo español, una tormenta que recién empieza y que amenaza con convertir la vieja “conexión venezolana” de Zapatero en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de los últimos años.
