Por Darío Rosatti
Buenos Aires-04 junio 2026-Total News Agency-TNA-El ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró este jueves como testigo en el juicio de la causa Cuadernos y confirmó uno de los datos más sensibles para el kirchnerismo: durante el gobierno de Néstor Kirchner se habían detectado indicios de cartelización y sobreprecios promedio del 20% en contratos de Vialidad Nacional, el área que luego quedaría en el centro de las principales investigaciones por corrupción en la obra pública.
La declaración se produjo ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en el debate que tiene intervención de la fiscal general Fabiana León. Lavagna compareció como testigo luego de que la audiencia anterior debiera ser interrumpida por problemas de conexión de internet en la zona de Comodoro Py.
El punto más fuerte de su testimonio llegó ante una pregunta de Carlos Beraldi, abogado de la ex presidente Cristina Kirchner. Allí, Lavagna explicó que en 2005, mientras conducía el Ministerio de Economía, recibió una advertencia del Banco Mundial por la forma en que se ejecutaban programas financiados con fondos destinados especialmente a Vialidad. Según relató, el organismo internacional estaba “incómodo” y analizaba iniciar algún tipo de investigación.
A partir de esa alerta, el entonces ministro ordenó un informe exploratorio sobre el área que más preocupaba al equipo económico: Vialidad Nacional. Ese trabajo, realizado entre mayo y agosto de 2005, habría detectado “dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos” y “márgenes de sobreprecios del orden del promedio del 20%”, e incluso superiores.
La admisión es políticamente explosiva por dos razones. La primera, porque confirma que los sobreprecios en la obra pública no eran una sospecha posterior, construida años después por jueces, fiscales o arrepentidos, sino una preocupación detectada dentro del propio gobierno kirchnerista. La segunda, más incómoda para Lavagna, es que él mismo reconoció haber tenido conocimiento de esos indicios cuando todavía era funcionario nacional.
Ese punto abre una pregunta inevitable: si Lavagna sabía que había sobreprecios de alrededor del 20% y posibles maniobras de cartelización en Vialidad, ¿por qué no hizo una denuncia penal formal mientras era ministro de Economía? Como funcionario público, estaba obligado a poner en conocimiento de la Justicia hechos que pudieran constituir delito, especialmente cuando se trataba de fondos públicos, contratos estatales y recursos de organismos internacionales.
Lavagna sostuvo que conversó el tema con el entonces presidente Néstor Kirchner. Según su declaración, le manifestó que existía preocupación y que el ministerio iba a reunir elementos “por si venía un embate por ese lado” desde el Banco Mundial. La frase, lejos de despejar dudas, las agrava: el problema parecía no ser sólo la existencia de sobreprecios, sino la posibilidad de que un organismo externo expusiera el escándalo.
El ex ministro también afirmó que pidió la intervención urgente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que debía analizar eventuales prácticas cartelizadas. Recordó que esa comisión había adquirido un rol más activo durante su gestión y que ya había intervenido en casos como el de las cementeras y el gas para hospitales. Sin embargo, reconoció que no supo cómo concluyó el trámite, porque dejó el Gobierno a fines de noviembre de 2005.
La explicación resulta insuficiente. Un informe preliminar con sobreprecios promedio del 20% en Vialidad, advertencias del Banco Mundial y sospechas de cartelización en obra pública no eran un expediente administrativo menor. Si ese cuadro existía, la obligación institucional no era sólo pedir otro informe interno, sino activar los mecanismos penales y de control correspondientes.
El propio Lavagna dijo que expuso públicamente el problema ante la Cámara Argentina de la Construcción, en una convención donde había entre 600 y 800 empresarios y proveedores del sector. Contó que allí mencionó, por segunda vez, la existencia de indicios preliminares de sobrecostos y la decisión de incorporar a Defensa de la Competencia al análisis. Según recordó, el comentario fue mal recibido por los presentes.
La escena muestra hasta qué punto el sistema de obra pública ya estaba bajo sospecha en 2005. El ministro hablaba de sobreprecios ante los propios constructores; el Banco Mundial advertía por la ejecución de los programas; y el Gobierno sabía que Vialidad concentraba señales de alarma. Pese a eso, no hubo una denuncia penal de impacto ni una ruptura institucional inmediata con el esquema que luego sería investigado como una matriz de corrupción.
El testimonio se conecta directamente con el capítulo conocido como “la Camarita”, desprendimiento de la causa Cuadernos que investiga el presunto funcionamiento de un sistema de recaudación ilegal en la obra pública civil, energía y transporte. Ese expediente se formó a partir de testimonios de imputados colaboradores que describieron un mecanismo de pagos ilegales, direccionamiento y retornos vinculados a contratos estatales.
Uno de los testimonios centrales fue el de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien declaró que los anticipos financieros solían ser del 10% y que de allí se pagaban retornos de hasta el 5%. En otros casos, cuando la obra no tenía anticipo financiero, el porcentaje habría sido del 3% sobre certificados de obra, en coordinación con operadores como Ernesto Clarens y funcionarios del área de planificación y vialidad.
La causa madre de Cuadernos investiga una presunta asociación ilícita dedicada al cobro de fondos ilegales durante los gobiernos kirchneristas, con Cristina Kirchner como principal acusada. La investigación se inició a partir de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, pero luego se expandió con declaraciones de empresarios, financistas y ex funcionarios que describieron circuitos de recaudación en distintos sectores del Estado.
La declaración de Lavagna refuerza la hipótesis de que el problema de la obra pública no fue un hecho aislado ni tardío. Los indicios de cartelización y sobreprecios ya estaban presentes durante el primer tramo del kirchnerismo, cuando Julio De Vido manejaba el poderoso Ministerio de Planificación Federal y José López operaba como una pieza clave en el vínculo con obras, empresas y pagos.
El ex ministro intentó marcar que su salida del Gobierno estuvo vinculada a las irregularidades en la obra pública. Sin embargo, el dato central sigue siendo otro: se fue del cargo, pero no impulsó una denuncia penal proporcional a la gravedad de lo que ahora admite ante un tribunal. Esa omisión, al menos en términos políticos, debilita su posición de testigo distante o ajeno al funcionamiento del sistema.
La situación también tiene una derivación familiar y política. Mientras Lavagna reivindica ahora haber detectado sobreprecios durante el kirchnerismo, su hijo Marco Lavagna continuó ocupando cargos relevantes en el Estado, incluso durante gobiernos posteriores, incluido el INDEC bajo la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con continuidad durante la presidencia de Javier Milei. Ese dato no invalida el testimonio judicial, pero muestra que la relación del lavagnismo con el aparato estatal kirchnerista y poskirchnerista fue más ambigua que rupturista.
Para la defensa de Cristina Kirchner, la citación de Lavagna buscaba probablemente reforzar la idea de que las decisiones presupuestarias y administrativas pasaban por áreas técnicas y no necesariamente por la ex presidente. Pero el efecto político de la declaración fue distinto: el ex ministro terminó ratificando que ya en 2005 había señales internas de sobreprecios y cartelización en Vialidad, el corazón de la obra pública que luego derivó en condenas y causas conexas.
El juicio de Cuadernos avanza sobre una estructura mucho más amplia que la causa Vialidad, pero ambas investigaciones se rozan en un punto esencial: la obra pública como caja de poder. La diferencia es que Vialidad analizó principalmente el direccionamiento de obras hacia Lázaro Báez en Santa Cruz, mientras Cuadernos apunta a un sistema más extenso de recaudación ilegal con empresarios de distintos rubros.
La admisión de Lavagna llega en un momento delicado para el kirchnerismo, que durante años sostuvo que las causas por corrupción fueron una persecución judicial. Que un ex ministro de Economía de Néstor Kirchner reconozca ahora sobreprecios promedio del 20% y posible cartelización en Vialidad golpea directamente ese relato.
También obliga a revisar el papel de quienes, dentro del propio Gobierno, vieron señales tempranas y no avanzaron con la contundencia institucional que correspondía. La corrupción pública no se explica sólo por quienes cobran o pagan sobornos, sino también por quienes detectan irregularidades, las administran políticamente y dejan pasar el tiempo sin llevarlas a la Justicia.
El testimonio de Lavagna aporta un dato judicial relevante, pero también deja una deuda política. Si en 2005 había indicios de sobreprecios y cartelización, el Estado debió actuar de inmediato y con máxima transparencia. Dos décadas después, esa admisión llega tarde, cuando buena parte del daño ya fue consumado y cuando la obra pública kirchnerista quedó asociada a uno de los mayores esquemas de corrupción investigados en democracia.
