Buenos Aires – 18 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de intimar al contratista Matías Tabar para que justifique sus ingresos por los trabajos realizados en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá abrió una nueva paradoja política dentro del gobierno de Javier Gerardo Milei: quien encabeza el organismo encargado de investigar posibles inconsistencias tributarias es el propio Andrés Vázquez, funcionario que enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La intimación a Tabar llegó después de que el constructor quedara en el centro de la escena pública al declarar sobre las refacciones realizadas en la propiedad vinculada al jefe de Gabinete. Sus dichos fueron particularmente sensibles porque incluyeron referencias a pagos por aproximadamente US$245.000, una cifra que pasó a integrar el conjunto de elementos bajo análisis en la investigación patrimonial que rodea a Adorni.
En la Casa Rosada admiten que la declaración de Tabar fue uno de los episodios que más complicó la estrategia defensiva del jefe de Gabinete. El contratista dejó expuesta una operatoria económica que obligó al funcionario a multiplicar explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para reformas, inversiones y movimientos patrimoniales.
La intervención de ARCA agrega ahora un componente político explosivo. Adorni es el superior jerárquico de Andrés Vázquez dentro de la estructura estatal. Y es precisamente el organismo conducido por un funcionario investigado por evasión y enriquecimiento el que exige explicaciones tributarias a uno de los protagonistas que más comprometió al jefe de Gabinete.
La situación adquiere relevancia porque la propia Justicia avanzó en los últimos meses sobre el patrimonio de Vázquez. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) impulsó medidas para determinar si el titular de ARCA ocultó propiedades valuadas en más de US$2,1 millones en Miami, además de sociedades vinculadas al exterior que no habrían sido declaradas ante organismos de control argentinos.
Según la investigación, el funcionario habría omitido informar inmuebles y estructuras societarias utilizadas para administrar activos en los Estados Unidos. Los fiscales sostienen que los hechos podrían encuadrar en presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, además de posibles irregularidades vinculadas a declaraciones patrimoniales incompletas.
La hipótesis judicial señala que Vázquez declaró activos líquidos relativamente reducidos en determinados períodos, mientras simultáneamente aparecían operaciones inmobiliarias millonarias en el exterior. Esa diferencia patrimonial es uno de los puntos centrales bajo análisis.
No se trata de cuestionamientos recientes. Antes de asumir la conducción de ARCA, el funcionario ya acumulaba denuncias vinculadas con propiedades, cuentas y sociedades en el extranjero. Diversas investigaciones periodísticas revelaron la existencia de estructuras offshore y bienes inmobiliarios que no figuraban en sus declaraciones patrimoniales públicas.
Por eso la intimación a Tabar genera interrogantes dentro y fuera del oficialismo. El organismo que debe controlar la evasión y exigir transparencia patrimonial está encabezado por un funcionario que debe responder justamente por sospechas de evasión, lavado y enriquecimiento.
La comparación entre ambos casos resulta inevitable.
A Tabar se le exige explicar ingresos y movimientos vinculados a trabajos de construcción realizados en la propiedad asociada a Adorni. A Vázquez, en cambio, la Justicia busca determinar si pudo justificar la adquisición y administración de propiedades por millones de dólares en el exterior, el eventual ocultamiento de sociedades y la consistencia entre su patrimonio declarado y sus operaciones reales.
La diferencia de escala es evidente. Mientras el contratista debe justificar ingresos derivados de obras privadas, el titular de ARCA enfrenta cuestionamientos por activos inmobiliarios internacionales, sociedades offshore y presuntas inconsistencias patrimoniales que motivaron pedidos de indagatoria.
En términos políticos, el problema vuelve a impactar sobre Adorni. La investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete ya había quedado debilitada por contradicciones públicas, modificaciones en declaraciones patrimoniales y explicaciones sucesivas sobre ahorros en dólares, inversiones en criptomonedas y operaciones inmobiliarias. La aparición de Tabar agregó un capítulo incómodo. Ahora la intervención de ARCA vuelve a colocar la cuestión bajo los reflectores.
Dentro del Gobierno algunos funcionarios admiten que la situación resulta difícil de explicar ante la opinión pública. El hombre que debe perseguir evasores está investigado por presunta evasión. El responsable de controlar enriquecimientos injustificados enfrenta cuestionamientos por enriquecimiento ilícito. Y el organismo que exige aclaraciones al contratista que complicó a Adorni está dirigido por un funcionario que, además, depende políticamente del propio jefe de Gabinete.
La consecuencia inmediata es que la causa patrimonial de Adorni ya no se limita a una investigación judicial. Se convirtió también en una crisis institucional que alcanza a organismos clave del Estado y expone contradicciones entre el discurso oficial de transparencia y las investigaciones que rodean a varios de los funcionarios encargados precisamente de controlar la legalidad patrimonial de terceros.
