Jerusalén – 23 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El ex primer ministro Naftali Bennett volvió a colocarse en el centro de la disputa ideológica de la derecha israelí al sostener que los puestos de avanzada construidos sin autorización en Judea y Samaria deben ser desmantelados cuando violan la ley israelí, aun cuando ratificó su apoyo a la presencia judía legal en la Zona C.
La frase abrió una grieta inmediata en el bloque nacionalista. Bennett, histórico defensor del movimiento de asentamientos y ex director del Consejo Yesha, buscó trazar una frontera entre la construcción que considera legítima y los enclaves levantados sin autorización estatal o sobre tierras privadas. Su mensaje fue simple, pero explosivo para la interna israelí: apoyar la soberanía y la seguridad de Israel no equivale, según él, a avalar cualquier ocupación de terreno al margen de la ley.
En una entrevista con la emisora pública Kan, el líder de Beyajad defendió la construcción en la Zona C cuando se realiza sobre tierras estatales y con permisos formales, pero rechazó los asentamientos no autorizados fuera de ese marco. Al ser consultado sobre si desalojaría por la fuerza estructuras ilegales, respondió afirmativamente. Para Bennett, no se trata de una discusión de sensibilidad política, sino de legalidad.
El planteo tiene alto voltaje electoral. Beyajad aparece en las encuestas como una fuerza competitiva frente al Likud de Benjamín Netanyahu, en un escenario político marcado por la guerra, la crisis institucional y el avance del ala más dura del gobierno sobre Judea y Samaria. En ese contexto, cada definición sobre asentamientos funciona como una señal hacia votantes de derecha, centristas y sectores de seguridad que rechazan la anarquía territorial, pero también se oponen a la creación de un Estado palestino.
Bennett intentó presentarse como una derecha de orden. Afirmó que no modificó su ideología, que sigue rechazando concesiones territoriales y que se opone a la formación de un Estado palestino. Sin embargo, diferenció esa postura de lo que considera extremismo o improvisación. En una conferencia de Jewish News Syndicate (JNS) en Jerusalén, sostuvo que ser de derecha implica defender los intereses nacionales de Israel, pero no convalidar ilegalidades que debilitan al Estado.
La reacción de Bezalel Smotrich fue inmediata. El ministro de Finanzas y referente de Hatzionut Hadatit, con competencias claves sobre la administración civil en Judea y Samaria desde su rol dentro del Ministerio de Defensa, acusó a Bennett de preparar el terreno para un futuro gobierno que destruiría nuevos asentamientos y granjas agrícolas. Según Smotrich, esas declaraciones anticipan una coalición con figuras como Gadi Eisenkot y Yair Golán, a la que atribuye la intención de crear una autonomía palestina que terminaría convertida en un Estado.
La ofensiva de Smotrich apunta a instalar una ecuación política: votar a Bennett sería, según la derecha más dura, habilitar un retroceso territorial y una amenaza estratégica en el corazón del país. El argumento busca bloquear la fuga de votantes nacionalistas hacia una alternativa de derecha no alineada plenamente con Netanyahu ni con los sectores más radicales del actual gobierno.
También intervino Israel Gantz, presidente del Consejo Regional Binyamin y titular del Consejo Yesha, quien acusó a Bennett de abrir la puerta a un “Estado terrorista” a pocos minutos de Ra’anana, ciudad donde vive el ex primer ministro. Su crítica reflejó el temor del movimiento de asentamientos a que una eventual nueva coalición israelí frene la expansión de puestos agrícolas, granjas y enclaves que en los últimos años se transformaron en una herramienta territorial de alto impacto.
La discusión se inscribe en el marco de los Acuerdos de Oslo II, que dividieron Judea y Samaria/Cisjordania en tres áreas administrativas. La Zona A quedó bajo control civil y de seguridad palestino; la Zona B, bajo administración civil palestina y seguridad compartida con Israel; y la Zona C, bajo control israelí total. Para Bennett, el destino final de la Zona C debería ser su incorporación a Israel, mientras que las zonas A y B quedarían bajo algún tipo de autonomía palestina.
Esa fórmula, que el ex primer ministro presenta como una solución de seguridad sin Estado palestino, es rechazada por Smotrich y por el núcleo más ideológico del movimiento colono. Para ellos, incluso hablar de autonomía palestina implica reconocer una entidad política capaz de convertirse en una amenaza. La experiencia del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, con unos 1.200 muertos en Israel, es utilizada por esos sectores como argumento central contra cualquier modelo que otorgue mayores capacidades a autoridades palestinas.
El debate sobre los puestos ilegales no es solamente jurídico. En los últimos años, los asentamientos agrícolas y las granjas de pastoreo se convirtieron en un instrumento de control territorial. Muchas de esas instalaciones se levantan en colinas, áreas rurales o tierras estatales no asignadas formalmente, con el objetivo de consolidar presencia israelí sobre extensas superficies y limitar la expansión palestina. Aunque algunas evitan el desalojo inmediato por no estar sobre propiedad privada, siguen careciendo de autorización gubernamental plena.
La expansión de esos enclaves también generó denuncias de organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y grupos de derechos humanos por episodios de violencia contra comunidades palestinas rurales. En paralelo, sectores israelíes favorables a los asentamientos sostienen que esas granjas cumplen una función de seguridad, evitan la toma de tierras por parte de palestinos y consolidan la presencia judía en zonas estratégicas.
La disputa expone una contradicción profunda dentro de la derecha israelí. Una parte reclama soberanía, control territorial y fortalecimiento de los asentamientos dentro de un marco legal estatal. Otra impulsa una dinámica de hechos consumados, incluso sin autorización formal, convencida de que la realidad sobre el terreno termina imponiendo la política. Bennett intenta ubicarse en la primera línea; Smotrich lo acusa de debilidad.
La tensión llega en un momento de avance sostenido de proyectos de construcción en Cisjordania. El actual gobierno, con fuerte influencia de ministros nacionalistas, aprobó en las últimas semanas nuevas unidades habitacionales y medidas administrativas que refuerzan la presencia israelí. Para los palestinos y buena parte de la comunidad internacional, esas decisiones profundizan una anexión de facto. Para la derecha israelí, son una respuesta necesaria a la inseguridad y al fracaso de los acuerdos con la Autoridad Palestina.
El movimiento de Bennett busca disputar el liderazgo de la derecha sin quedar atrapado en la imagen de descontrol asociada a los puestos ilegales. Su apuesta es delicada: presentarse como firme frente a los palestinos, contrario al Estado palestino y favorable a la Zona C, pero al mismo tiempo respetuoso de la ley israelí y de la autoridad del Estado.
El riesgo político es evidente. Si avanza demasiado hacia el centro, puede perder apoyo entre colonos y votantes nacionalistas. Si se pliega a la lógica de los puestos ilegales, pierde credibilidad ante quienes lo ven como una alternativa de gobierno más institucional que el actual oficialismo.
La frase sobre desalojar asentamientos ilegales ya cumplió su efecto: obligó a toda la derecha israelí a pronunciarse. Smotrich lo convirtió en advertencia electoral. El Consejo Yesha lo leyó como amenaza. Y Bennett intentó transformarlo en una definición de liderazgo: la derecha, según su mensaje, puede ser dura sin renunciar al Estado de derecho.
El episodio anticipa uno de los ejes de la próxima campaña israelí: quién controla realmente el futuro de Judea y Samaria, si el gobierno, los tribunales y el Ejército, o los activistas que construyen primero y esperan legalización después.
