Buenos Aires – 2 julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El cerco judicial sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a cerrarse sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó al presidente y al tesorero de la entidad por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por unos $19.300 millones, pidió ahora absorber también la investigación por la compra de la lujosa mansión de Pilar atribuida al entorno de la cúpula afista.
La decisión del magistrado no es un movimiento menor. Para Amarante, la causa tributaria y el expediente por la propiedad de Villa Rosa, en Pilar, no deben investigarse por caminos separados porque existiría una conexión entre los hechos, los protagonistas y el entramado económico bajo análisis. Según sostuvo, concentrar ambos expedientes en su juzgado permitiría evitar duplicación de pruebas, ordenar la pesquisa y proteger el derecho de defensa de los imputados. La solicitud fue dirigida a la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, quien recibió recientemente el expediente de la mansión. Si la magistrada se niega, la controversia deberá ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico.
El planteo judicial se produce pocos días después de que la Cámara en lo Penal Económico confirmara el procesamiento de Tapia, Toviggino y la propia AFA en la causa por presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la entidad de no haber ingresado en tiempo y forma recursos retenidos por una suma superior a los $19.000 millones.
El expediente impositivo es considerado por Amarante como el más avanzado. Allí ya hubo procesamiento, embargo y medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país para los principales acusados. Además, ARCA amplió la denuncia para que se investigue el eventual uso de facturas apócrifas o falsas por parte de la AFA para justificar gastos que, según la hipótesis del organismo recaudador, podrían no haber existido.
La otra investigación, la de la mansión de Pilar, apunta a determinar quién compró realmente una propiedad de características excepcionales: unas 10,5 hectáreas, helipuerto, cancha de pádel, instalaciones de lujo y una flota de vehículos de alta gama y colección. Formalmente, el inmueble aparece vinculado a Real Central S.A., sociedad relacionada con Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que, según la pesquisa, no tendría capacidad económica declarada para semejante adquisición.
Las sospechas judiciales apuntan a que Pantano y Conte podrían haber actuado como presuntos prestanombres. En el allanamiento realizado en la propiedad se encontraron elementos que reforzaron la línea investigativa sobre el entorno de Toviggino: un bolso con su nombre, una plaqueta del club Barracas Central y documentación vinculada a autos de lujo. Además, se detectó que varios vehículos tenían autorizaciones de manejo a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
La causa por la mansión tuvo un recorrido judicial sinuoso. Primero intervino el juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó medidas sobre la propiedad. Luego el expediente pasó al fuero Penal Económico, donde quedó bajo la órbita del juzgado subrogado por Marcelo Aguinsky. En esa etapa se avanzó sobre la hipótesis de que la compra del inmueble podría estar vinculada a fondos provenientes de la AFA. También se detectó que Luciano Pantano habría usado una tarjeta corporativa de la entidad con consumos millonarios mensuales y pagos asociados a los vehículos investigados.
Después, las defensas reclamaron que la causa debía tramitar en la justicia federal de Campana, por la jurisdicción territorial de Pilar, y el expediente quedó en manos del juez Adrián González Charvay. Sin embargo, los fiscales apelaron y la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la decisión. Finalmente, la Cámara en lo Penal Económico dispuso el regreso del caso al juzgado 10 del fuero, actualmente a cargo de Straccia.
Ahora Amarante busca dar un paso más y unificar el análisis bajo su juzgado. El argumento central es que existe una “conexidad subjetiva” entre ambas investigaciones: los nombres, las relaciones económicas y las estructuras vinculadas al fútbol profesional se repiten. El magistrado considera que la causa de evasión y retención indebida tiene penas mínimas más altas y un desarrollo probatorio más robusto, mientras que el expediente de Pilar aún se encuentra en una etapa inicial, sin pronunciamiento sobre la situación procesal de los imputados.
La postura no fue acompañada por todos. El fiscal Claudio Navas Rial se opuso al criterio de Amarante, lo que anticipa una nueva disputa procesal dentro de una trama que ya acumuló recusaciones, planteos de competencia y recursos defensivos. De hecho, Toviggino intentó apartar al juez en varias oportunidades, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó al menos uno de esos planteos y sostuvo que Amarante debía seguir al frente de la causa tributaria.
El trasfondo político e institucional es inevitable. Tapia conduce la AFA desde 2017 y consolidó un poder interno que atraviesa clubes, ligas, ascensos, arbitrajes, contratos comerciales y representación internacional. Toviggino, por su parte, es considerado uno de los operadores más influyentes del fútbol argentino, con peso decisivo en el armado federal y en la relación con dirigentes del interior. Ambos enfrentan ahora un frente judicial que excede la discusión deportiva y apunta directamente al manejo económico de la entidad madre del fútbol argentino.
La investigación por impuestos golpea sobre la caja formal de la AFA. La causa de Pilar, en cambio, apunta a la posible existencia de bienes, sociedades y terceros interpuestos que podrían revelar un circuito patrimonial no declarado o no explicado. Por eso, si prospera el planteo de Amarante, el expediente podría adquirir una dimensión mayor: no se trataría solamente de determinar si hubo una deuda fiscal millonaria, sino de reconstruir si fondos originados en la estructura del fútbol terminaron canalizados hacia propiedades, sociedades o activos de lujo.
La mansión, los autos, las tarjetas corporativas, las sociedades y los presuntos prestanombres aparecen ahora como piezas de un mismo tablero judicial. La pregunta que deberá responder la Justicia es si se trata de hechos aislados o de un esquema económico más amplio alrededor de la conducción de la AFA. Mientras tanto, la causa avanza en un momento de fuerte exposición pública para Tapia y Toviggino, dos hombres que hasta hace poco se movían con margen casi absoluto dentro del fútbol argentino y que ahora enfrentan una investigación que amenaza con revisar la trastienda financiera del poder afista.
